La Fiscalía Europea investigará a un asesor de Mas y Puigdemont por el reparto de fondos europeos
David Madí, imputado por la financiación del procés, pretendía hacer negocio con estas ayudas tras la reunión en la que el anterior jefe de Gabinete de Pedro Sánchez avanzó información sobre ellas a un grupo de empresarios catalanes
La Fiscalía Europea investigará la reunión que mantuvo el año pasado el anterior jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Iván Redondo, con un grupo de empresarios catalanes para adelantarles información sobre los fondos europeos contra la pandemia que recibirá España . Una reunión que levantó mucha polémica cuando trascendió, toda vez que no se trató de un acto público y por el hecho de que en ese momento, a finales de septiembre de 2020, el Gobierno no había compartido esa información con otros colectivos interesados.
Este asunto llegará a la Fiscalía Europea después de que la Audiencia de Barcelona avalara la semana pasada la decisión del juez que instruye el caso Voloh , la investigación del Juzgado de Instrucción Número 1 de la Ciudad Condal por presunta corrupción en la financiación del procés . Su titular, el magistrado Joaquín Aguirre, decidió en verano remitir a la Fiscalía Europea una conversación telefónica intervenida a uno de los imputados en esta causa, David Madí, el que fuera jefe de Gabinete del expresidente catalán Artur Mas y posteriormente destacado miembro del círculo de asesores del fugado Puigdemont.
En esa conversación, Madí contaba a uno de sus socios que había participado en una reunión de la patronal catalana, Fomento del Trabajo, en la que Iván Redondo informó a medio centenar de empresarios catalanes sobre cómo se iban a gestionar los fondos Next Generation EU, por los que España recibirá de la Unión Europea hasta 140.000 millones de euros (la mitad de ellos a fondo perdido), que se repartirán en adjudicaciones públicas para que la economía española supere las consecuencias de la pandemia.
En 'petit comité'
Madí utilizó esa información para proponer un negocio a Joan Ferran Oliva, familiar suyo y apoderado de la empresa RSM Spain Consultores: «Me vi con Foment [por Fomento del Trabajo], formo parte de Foment, tuvimos una reunión en pequeño comité con Iván Redondo; esto será una merienda de negros , son 140.000 millones », decía este gurú secesionista por teléfono apenas tres semanas después de la reunión con Redondo.
Como explica el propio Madí en esa conversación intervenida por la Guardia Civil, su idea era aprovechar la ocasión para hacer negocio con empresas que pudieran acceder a estos fondos europeos. «La idea es ayudarlos y canalizarlos. Es decir, lo que tendríamos que hacer es: 'oye, escucha, nosotros te aportaremos proyectos para que presentéis' y entonces hablaremos con ellos, de qué forma los queréis, cómo lo hemos de presentar...» A cambio, Madí plantea a su socio cobrar una cantidad fija por cada adjudicación obtenida: «El negocio yo creo que está en un 'success fee' discreto para ayudarlos a presentar proyectos».
El juez instructor ordenó remitir a la Fiscalía Europea esa grabación y otras diligencias relacionadas con esta parte del caso Voloh para que este órgano de la UE. La Fiscalía Anticorrupción española y la defensa de Madí se opusieron a esa decisión al entender que dicha reunión y la conversación sobre la misma no constituyen ningún delito.
Sin embargo, la Audiencia de Barcelona dio la razón al juez instructor la víspera de Nochebuena, por lo que esta derivada del caso Voloh será analizada por la Fiscalía Europea, un órgano independiente que comenzó a funcionar hace medio año para investigar presuntos delitos contra los intereses financieros de la U E , en especial los relacionados con fraude y corrupción.
La Audiencia de Barcelona apoya así que el juez instructor traslade este asunto a la Fiscalía Europea «ante la sospecha de que el investigado pudiera concertarse con su interlocutor para obtener subvenciones europeas con ánimo defraudatorio» y recuerda que Madí está imputado en esta causa precisamente por presunto desvío de fondos públicos para financiar la deriva secesionista.
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