La Fiscalía confía en los jueces para acabar con el tercer grado

Hasta ahora los jueces han tumbado uno a uno todos los intentos de la Fiscalía de abortar los privilegios que considera que las cárceles catalanas han concedido a los presos del «procés». En saco roto han caído, de momento, cada recurso que el Ministerio Público ha presentado para frenar sus salidas de prisión casi diarias gracias al «tercer grado encubierto» –con la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario»– y a diversos permisos ordinarios. La Fiscalía confía que con el tercer grado – «semilibertad»–, que ahora les ha concedido la Generalitat, el escenario sea bien distinto.

El Ministerio Público todavía no ha presentado los recursos para enmendar la «semilibertad» que, entre otras cosas, permite a los presos, desde ayer, dormir en casa los fines de semana y pernoctar en la cárcel solo de lunes a jueves. No los han presentado, pero lo harán con toda seguridad en próximas fechas, según explicaron a ABC fuentes de la Fiscalía. Como en anteriores intentos, la primera instancia a la que deberán dirigirse serán los juzgados de vigilancia penitenciaria, igual que ocurría con los permisos ordinarios o las salidas del 100.2, hasta ahora desestimados en su totalidad. La novedad sería que, a diferencia de los anteriores, los recursos contra los terceros grados acabarían en última instancia en la mesa del Supremo, por haber sido el tribunal que emitió la sentencia condenatoria. Este podría acercarse más a las tesis de la Fiscalía que a la de los tribunales de la Audiencia Provincial de Barcelona, donde acaban el resto de los recursos.

Ayer mismo, la Audiencia de Barcelona avaló el primer permiso de 72 horas del que disfrutó el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el pasado febrero y al que se había opuesto la Fiscalía al considerar que el líder secesionista no estaba arrepentido . Esa resolución contó, eso sí, con el voto particular del magistrado Luis Belestá Segura, quien considera que «existe un elevado riesgo de reincidencia» de Cuixart, quien no se sometió a ningún tratamiento penitenciario para evitarlo. La sala, en cambio, vería desproporcionado no concederle el permiso solo por no estar arrepentido.

La secretaría de medidas penales y reinserción, dependiente de la Consejería de Justicia de la Generalitat, avaló recientemente las propuestas de las tres cárceles catalanas donde los presos del «procés» cumplen condena –Lledoners, Wad Ras y Puig de les Basses –para concederles el tercer grado. La diferencia fundamental entre el segundo grado (régimen ordinario) y el tercero es que con este último los presos de lunes a jueves solo tienen que ir a la cárcel a dormir y el lunes pernoctan en casa . Pero los líderes independentistas ya podrían disfrutar de salidas casi diarias –para trabajar, participar en actividades de voluntariado o cuidar de familiares mayores–, pese a que hasta ahora estaban en segundo grado, gracias a la concesión del artículo 100.2 del r eglamento penitenciario, que permite flexibilizar la clasificación de los penados. Un «tercer grado encubierto», para el fiscal.

La Generalitat ha imprimido al proceso hacia la libertad de los presos una velocidad cualitativamente mayor que al común de los internos. Primero, con la aplicación ya excepcional del artículo 100.2. La Generalitat se lo concedió a los nueve líderes independentistas, cuando solo lo tenían unos 120 de los 6.500 internos de las cárceles catalanas que podrían haber optado. Y, además, tal y como avanzó ABC, los líderes independentistas fueron, de todos los presos, los que más rápido lo lograron. Esas dos velocidades se reproducen también ahora a propósito de los terceros grados, que ayer empezaron a disfrutar, con homenajes del secesionismo incluidos.

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) pospuso ayer para el 23 de septiembre la comparecencia como investigado del «president», Quim Tora , por su desafío con la pancarta de los políticos presos en el balcón del Palau de la Generalitat. En principio, la declaración estaba fijada para el 29 de julio. Así lo había decidido el TSJC después de que Torra ignorase el intento de consensuar con él una fecha. Cuando el TSJC decidió el día, Torra sí que dio señales de vida para decir que no le iba bien.