La Fiscalía cifra en 741 millones el fraude de los ERE

La veleta de la corrupción viró ayer bruscamente. Justo cuando los cañones de los dirigentes socialistas apuntaban hacia Génova tras la decisión del Supremo de investigar a Rita Barberá por supuesto blanqueo, la Fiscalía Anticorrupción hizo detonar una «bomba» adosada a los bajos del Gobierno andaluz. Justo el día que expiraba el plazo inicialmente acordado —que ha sido prorrogado un mes más por problemas en la notificación de la providencia—, el Ministerio Público presentó ayer su escrito de acusación al juez instructor de la rama política del caso ERE, Álvaro Martín. Para José Antonio Griñán, consejero de Hacienda entre 2004 y 2009 y presidente de la Junta de Andalucía hasta 2013 —su dimisión por el caso ERE abrió las puertas de la Presidencia a Susana Díaz—, solicita seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación, mientras que para el expresidente de la Junta (1990/2009) Manuel Chaves, procesado por una supuesta prevaricación continuada, pide diez años de inhabilitación especial.

En total, son 26 ex altos cargos de la Junta los que se enfrentan a penas de prisión de hasta ocho años. Hay seis exconsejeros de sus respectivos gobiernos procesados.

Chaves y Griñán, «como integrantes del Consejo de Gobierno, no tomaron decisión alguna en el ejercicio de sus funciones que pusiera freno al procedimiento seguido por la Consejería de Empleo para la gestión de las ayudas sociolaborables y ayudas a empresas en crisis mediante la utilización de transferencias de financiación» para agilizar el pago de las ayudas burlando los controles de la Intervención de la Junta de Andalucía. Es solo una de las acusaciones que la Fiscalía vierte en el escrito dado a conocer ayer.

Con el procesamiento de los expresidentes federales del PSOE por el caso que acabó con sus carreras políticas, se va a sentar en el banquillo la cúpula del Gobierno andaluz por haber creado y mantenido durante más de una década (2000/2011) un sistema «ilícito» de ayudas para empresas y prejubilados, dotado de 855 millones de euros, para «mantener la paz social» y cumplir así su principal objetivo político: perpetuarse en el poder.

Destinatario de los informes

El horizonte penal de Griñán pinta más oscuro porque como consejero de Hacienda fue el destinatario directo de los «sucesivos informes» del interventor que alertaban de forma insistente desde 2005 de la irregularidad del sistema utilizado por la Consejería de Empleo para abonar las ayudas, canalizándolas a través de una agencia pública (IFA/IDEA), lo que permitía escapar a los rigurosos controles de la Intervención. Ya en 2009, Griñán como presidente de la Junta; Martínez Aguayo, como consejera de Economía y Hacienda; Antonio Fernández, como consejero de Empleo, y Francisco Vallejo como consejero de Innovación, «pese a tener conocimiento de la improcedencia de la concesión de fondos públicos descrita», «no iniciaron procedimiento alguno que permitiese el retorno debido de los mismos a la Junta».

En su contundente escrito de 40 páginas, los fiscales de Anticorrupción, Manuel Fernández Guerra y Juan Enrique Egocheaga, cifran la responsabilidad civil de 18 procesados por malversación de fondos públicos en 741,6 millones de euros y solicitan que sea devuelta a la Hacienda Pública de forma solidaria. Griñán, en concreto, tendría que restituir a las arcas públicas un total de 42,15 millones de euros.

Aunque el PSOE y, especialmente la todopoderosa federación andaluza que dirige Susana Díaz, ha cargado las tintas sobre la inoportunidad del escrito –un día después del caso Barberá–, la Fiscalía ha elevado al juzgado sus peticiones de pena justo el día que vencía el plazo acordado por el juez (45 días naturales) para formular las acusaciones en esta pieza. Se trata de una de las 17 diligencias que la juez María Núñez Bolaños ha desgajado de la macrocausa que abrió Mercedes Alaya en enero de 2011. Esta misma semana el juez decidió ampliar el plazo hasta el 15 de octubre porque otras acusaciones, como la que ejerce el PP, no habían recibido hasta agosto la notificación a través del sistema Lexnet. La Fiscalía, sin embargo, sí había sido notificada y tenía preparado su escrito para la fecha inicialmente prevista.

«Libre árbitrio»

Los fiscales parten de que la finalidad de las ayudas era dar respuesta a la crisis económica de empresas con sede en Andalucía y que la labor de fiscalización de la Intervención de la Junta ya puso de manifiesto desde el año 2000 una serie de irregularidades en la gestión de las ayudas que concedía la Consejería de Empleo. Conscientes de que esta labor de fiscalización «entorpecía y casi impedía» este sistema de ayudas, los procesados modificaron los presupuestos de la Junta introduciendo como mecanismo las «transferencias de financiación» al Instituto de Fomento de Andalucía (entre público adscrito a la Consejería de Empleo hasta mayo de 2004; luego se llamaría Agencia IDEA). Fue así como «se pusieron en manos de la Consejería de Empleo unos fondos públicos que gestionó a su libre arbitrio sin procedimiento alguno». Ni Chaves ni Griñán frenaron las irregularidades.