Los fiscales del caso aluden al número 2 de Interior y luego aclaran que no le acusan

«El día 6 de marzo de 2017, en el despacho de Ignacio González (...) se grabó una conversación mantenida entre las 19:37 horas y las 20:03 por los tres hermanos González, que evidenció el interés de todos ellos por conocer quién estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía vinculado a los problemas de Ignacio González por la presunta investigación chivada del secretario de Estado de Seguridad. Los seguimientos policiales a Pablo González, y las llamadas interceptadas confirmarían que dos días después de esa cita de los hermanos, Pablo González se reunió con el secretario de Estado de Seguridad. El auto recurrido valora la gravedad de la comunicación con el secretario de Estado de Seguridad por lo que ello puede implicar».

Este confuso párrafo, redactado por la fiscal Anticorrrupción Carmen García Cerdá e incluido en el escrito en el que se opone -junto a su compañero Carlos Yáñez- a la salida de prisión de Ignacio González, esencialmente por el riesgo de destrucción de pruebas, levantó ayer una enorme polémica porque parece deducirse de él que el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, pudo alertar al expresidente de la Comunidad de Madrid de que estaba siendo investigado.

El escrito en cuestión, del que solo han trascendido siete de sus 43 páginas, fue visado, y por tanto asumido, tanto por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, como por el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix. De hecho, la necesidad de ese doble visado antes de presentar el escrito en el juzgado fue una orden concreta y precisa recibida de su jefe directo por los fiscales del caso.

Ayer por la tarde, tras el revuelo provocado por esta alusión, la fiscal García Cerdá aclaró que la frase de la polémica, que fue escrita por ella, «en modo alguno quiere imputar ningún delito al secretario de Estado de Seguridad en el presunto chivatazo».

No obstante, las fuentes consultadas por ABC explicaron que siempre se ha sostenido que, al menos, hubo dos fugas de información en esta causa: la primera, a través de una magistrada; y la segunda, por alguien próximo a las Fuerzas de Seguridad o miembro de ellas. Es una evidencia que el expresidente regional mantenía contactos estrechos con algunos mandos de Cuerpos policiales.

El secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto, reaccionó con rapidez tras la difusión del dictamen de la Fiscalía y envió un escrito a Anticorrupción «considerando la gravedad y trascendencia» de las acusaciones para el ejercicio de su responsabilidad. Por ello, pide «ser informado sobre si es cierta la existencia de la citada acusación», y de serlo «cuáles son los cargos que se imputan» y sobre qué base. Además, de ser cierta esa acusación pregunta por qué no se le ha notificado, y en caso de que no sea cierta o bien fuera inexacta solicita «que se emita una nota aclaratoria a los medios de comuniación matizando o desmintiendo la noticia».

Filtración del escrito

Ayer la tensión en la Fiscalía Anticorrupción era evidente, entre otros motivos porque se decidió distribuir siete páginas del dictamen del caso Lezo a través del gabinete de prensa de la Fiscalía General del Estado, cuando se trata de una causa que está secreta.

La situación en la Fiscalía centrará hoy la actividad en el Congreso. Por la mañana los ministros de Justicia, Rafael Catalá, e Interior, Juan Ignacio Zoido, serán preguntados por diputados del Partido Socialista. Además, por la tarde comparecerán en Comisión de Justicia el ministro Catalá y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza para reponder por las últimas polémicas en torno a la Fiscalía Anticorrupción, así como a cuestiones concretas sobre la investigación del caso Lezo. Igualmente, el número dos de Interior acudirá a la Comisión correspondiente para rendir cuentas sobre asuntos de su departamento.