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El exalcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bartomeu Muñoz (c) a su llegada a la Audiencia Nacional - EFE

Un exconsejero de Pujol admite que cobró comisiones ilegales por mediar en operaciones urbanísticas

Macià Alavedra acepta las acusaciones de la Fiscalía y señala también a Lluís Prenafeta

Madrid Actualizado: Guardar
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El antiguo consejero de Economía de la Generalitat Macià Alavedra, un hombre de la vieja guardia de Jordi Pujol, ha reconocido este jueves que cobró comisiones ilegales por intermediar en operaciones urbanísticas corrompidas por la trama Pretoria, cuyas irregularidades son juzgadas en la Audiencia Nacional. Alavedra, que tiene 83 años, ha aceptado los acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción, que solicita para él seis años y diez meses de prisión por estos hechos y que previsiblemente rebajará su petición ante el reconocimiento de los hechos.

El antiguo alto cargo de Convergència, acusado de presionar a funcionarios gracias a su influencia política en dos operaciones urbanísticas en los municipios de San Andrés de Llavaneras y Badalona, se ha llevado por delante con su confesión al ex secretario de Presidencia de la Generalitat de Jordi Pujol Lluís Prenafeta, acusado por los mismos hechos y que se enfrenta a la misma pena de cárcel. Alavedra ha asegurado que Prenafeta también cobró por intermediar en las operaciones.

La Audiencia Nacional juzga por estos hechos a once personas acusadas de corromper operaciones urbanísticas en ambos municipios y en Santa Coloma de Gramanet, los tres en el área metropolitana de Barcelona, en la era del ladrillo. El considerado líder de la trama, el antiguo diputado del PSC Luis Andrés García Sáez, apodado «Luigi», alegó que las comisiones que cobraron Alavedra y Prenafeta fueron por trabajos legales de mediación, algo habitual en negocios urbanísticos.

Según el Ministerio Público, el dinero ilícito que Alavedra ocultó entre 1997 y 2008 ascendió a un total de 6,08 millones de euros, de los que 637.688 euros se corresponden con las dos operaciones investigadas en esta vista oral. Los fondos que ocultó Prenafeta ascendieron, sin embargo, a más de 10 millones de euros. La Fiscalía considera que los hechos suponen delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales, aunque no descarta incluir otros a lo largo del juicio.

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