Las empresas contratadas para preparar el 9-N: «No recibimos ninguna instrucción de parar»

El relato de los ocho testigos que han declarado este martes en el juicio a Francesc Homs en el Tribunal Supremo ha dejado claro que las empresas contratadas por la Generalitat para preparar la consulta del 9-N no recibieron ninguna orden de parar sus servicios después de la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional. El tribunal garante de la Constitución suspendió la convocatoria y obligó a los altos cargos de la Generalitat a impedir la consulta y los actos preparatorios.

La sesión se retoma esta tarde, a las cuatro, y la atención se centrará en Artur Mas, el expresidente de la Generalitat, también juzgado por estos hechos en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), quien declara como testigo en último lugar.

Mas, que ayer acompañó a Homs en su llegada al tribunal, espera que el TSJC dicte la sentencia que resolverá si es inhabilitado por un delito de desobediencia.

Ignasi Genovés, quien era el director general de Atención Ciudadana y Difusión de la Generalitat el 9-N, ha explicado que «sin una orden en sentido contrario no había motivo para paralizar la campaña», en alusión al encargo que recibió de la Consejería de Presidencia de la Generalitad dirigida entonces por Homs, a quien la Fiscalía pide 9 años de inhabilitación por delitos de desobediencia y prevaricación.

«No me tocaba a mi considerar si la suspensión del TC afectaba o no a la campaña. No tuve ninguna indicación ni instrucción al respecto», ha continuado Genovés, quien ha asegurado que los trabajos se finalizaron con la planificación prevista. En la misma línea ha declarado Mónica Osácar, la responsable de publicidad institucional durante la consulta e hija del extesorero de Convergència Daniel Osácar, que será juzgado por cobrar comisiones ilegales a partir de este miércoles. Osácar ha relato que la publicidad continuó más allá del 4 de noviembre, cuando el TC dictó la providencia, y que ella no recibió «ninguna orden» de parar.

Marta Coll, la responsable de la empresa Mediaplanning, que fue la contratada para desarrollar dicha campaña institucional, ha asegurado que ellos no pueden abandonar un servicio pactado en un contrato, salvo que el cliente lo pida o reciban una orden judicial o de autocontrol. «Si nos llega una orden de este tipo, paramos con eficacia inmediata», ha señalado Coll, que ha declarado que, sin embargo, no les llegó ninguna orden de este estilo. «¿Si le hubiera llegado hubieran podido parar con eficacia la publicidad?», le cuestionó el fiscal. «Sí», ha respondido.

Otro testigo, Federico Undina, era el director del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) el 9-N. El Idescat firmó un convenio con el Departamento de Presidència, en manos de Francesc Homs, para ceder datos del padrón (nombres y direcciones) a la Generalitat, de modo que el Gobierno catalán pudiera informar sobre el proceso de participación. Undina reconoció que la Generalitat no les ordenó destruir la base de datos, que ya no obraba en su poder, pero luego comprobó que había sido así.

Ayer, Homs reconoció los hechos que le imputa la Fiscalía (que impulsó la consulta ilegal y los trabajos necesarios para llevarla a cabo), pero trató de evitar la condena al denunciar que la resolución del TC era «inconcreta» y no sabía qué actos estaban prohibidos y cuáles no. El Tribunal Supremo tiene la última palabra y resolverá si Homs delinquió al potenciar el referéndum encubierto del 9-N.