Así descubrió ABC el fraude de los ERE
El 31 de marzo de 2009 estalló la «bomba»: este diario publicó la información con la que comenzó el proceso que iba a terminar con el régimen socialista en Andalucía
El origen del mayor fraude descubierto en la democracia española, que ha motivado la condena de dos presidentes de la Junta de Andalucía y de 17 ex altos cargos socialistas, se ubica en una conversación en un restaurante. La cita reunió el 26 de enero de 2009 a cuatro comensales: por un lado, los empresarios hosteleros Pedro Sánchez Cuerda e José Ignacio de Rojas , propietarios del grupo sevillano La Raza; por otro, Fernando Mellet y Daniel Ponce , directivos de la empresa municipal Mercasevilla. El Grupo La Raza había recibido de la Junta de Andalucía la concesión para desarrollar una escuela pública de hostelería, proyecto presentado por la Fundación Mercasevilla y dotado con una subvención de 900.000 euros. Durante la conversación, los directivos de Mercasevilla exigen a los empresarios una «mordida» de 450.000 euros. No cuentan con que los empresarios, alertados por indicios en conversaciones precedentes, han decidido grabar la conversación. La charla es la «piedra rosetta» de la corrupción andaluza. Los directivos de Mercasevilla explican la mecánica de estas situaciones –«la Junta colabora con quien colabora»- y aluden a asuntos como los cursos de formación, las concesiones de licencias, los sindicatos... y los ERE realizados en la empresa pública.
Los empresarios no saben bien qué hacer con la grabación. Deciden explicar su contenido al coordinador de Presidencia de la Junta, Juan Gallo , amigo personal. Lo hacen en la grada del Benito Villamarín durante un partido del Betis, y Gallo les pide las grabaciones con la promesa de que si son tan graves como afirman las trasladará a la Fiscalía. Así lo hace, haciendo llegar las cintas a María José Segarra , entonces fiscal jefe de Andalucía.
Pero pasan dos meses y no hay noticias de la Fiscalía. Hasta que el 31 de marzo de 2009 estalla la bomba: ABC publica la existencia de las grabaciones y la extorsión a la que se estaba sometiendo a los dos empresarios. Ese día, en plena cuaresma sevillana, comienza el proceso que iba a terminar con el régimen socialista en Andalucía y a sentar en el banquillo a la plana mayor del PSOE.
ABC publica primero la noticia con algunas citas textuales de las grabaciones y pocos días después la transcripción íntegra de las cintas. Al día siguiente, Juan Ignacio Zoido , entonces portavoz municipal del PP, lleva la publicación de ABC a los tribunales, cayendo en el juzgado de guardia, el número 6, cuyo titular es la magistrada Mercedes Alaya.
Tras analizar la conversación y realizar las primeras indagaciones, Alaya abre tres vías de investigación: por cohecho –la exigencia de la «mordida»; por el concurso de suelos –al detectar la adjudicación de un concurso a una empresa que no era la mejor postora– y por delito societario. Dentro de esta última vía, empieza a investigar los dos ERE que la Junta ha financiado en Mercasevilla en 2003 y 2007. Los indicios son más que sospechosos: pese a los dos ERE casi consecutivos, Mercasevilla tiene en 2009 más trabajadores que antes de estos procesos de regulación de empleo.
Alaya indaga y comienza a sospechar que el problema no se circunscribe a Mercasevilla, sino que las irregularidades podrían afectar a otras empresas que han recibido ayudas laborales de la Junta. El 16 de noviembre de 2010, el concejal del PP Beltrán Pérez –actual portavoz municipal– denuncia en rueda de prensa que uno de los beneficiarios en un ERE de Mercasevilla nunca había trabajado en la empresa. Es el primer «intruso». Se trata de Antonio Garrido Santoyo , miembro de UGT de Jaén y amigo del exdirigente sindical Juan Lanzas .
Muy evidente
Las irregularidades cada vez son más evidentes. Alaya intensifica el rastreo de diferentes ERE abonados por la Junta de Andalucía. El 27 de diciembre de ese año el diario «El Mundo» publica que en 2001 el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera , había firmado con el entonces presidente del Instituto de Fomento de Andalucía –y posterior consejero de Empleo–, Antonio Fernández, un convenio que permitía pagar prejubilaciones al margen del marco administrativo establecido. Alaya siguió tirando del hilo y ratificando nuevas irregularidades en diferentes ERE financiados con dinero público.
El 17 de enero de 2011, el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero reconoce ante la Policía Nacional la existencia de un «fondo de reptiles» para pagar prejubilaciones, la partida 31L. Dos días más tarde Alaya abre las diligencias 174/11, la macrocausa de los ERE. Aquel invierno la magistrada tenía ya todas las piezas para ir componiendo el puzzle. El 18 de febrero de 2015 imputaría a Manuel Chaves y José Antonio Griñán , ambos expresidentes de la Junta. La resolución de esta historia se conoció el pasado martes.
Noticias relacionadas
