El Congreso debate qué hacer con los secretos del 23-F
La reforma legislativa que se tramita propone su desclasificación total pero no hay una mayoría que lo respalde
Las grabaciones de las conversaciones telefónicas entre el padre del Rey y el golpista Alfonso Armada, el sumario completo, los documentos e informes del Cesid previos a la intentona o la totalidad del «Informe Jáudenes» sobre la implicación de este organismo en la misma, son los principales secretos del 23-F que se mantienen bajo llave y sobre los que el Congreso tiene que decidir qué hacer.
La Ley de Secretos Oficiales los mantiene ocultos sin fecha de desclasificación, pero la Cámara Baja tramita una reforma propuesta por el PNV que, de aprobarse en los términos planteados, implicaría la publicación de este material de manera inmediata. El texto aboga por la desclasificación de cualquier material secreto a los 25 años con una única prórroga por otros diez ejercicios, lo que levantaría completamente cualquier protección sobre el material guardado sobre el golpe, ya sea en formato original o de las copias que pudieran haberse hecho.
Los socialistas tienen la llave sobre la decisión y manejan la cuestión con cautela ya que la propuesta no solo afecta a la información sobre el 23-F sino también a la trama de los GAL. De hecho, es la quinta vez que el PNV impulsa esta propuesta en el Congreso desde el año 2014 sin que el texto haya llegado a superar la fase de enmiendas. Y en este trámite se encuentra ahora desde el 17 de septiembre tras 20 prórrogas de los plazos . No obstante, todos los grupos reconocen la necesidad de impulsar la reforma en esta legislatura para elevar la transparencia, adaptar este marco jurídico tanto a las nuevas tecnologías y equipararlo al vigente en los países de nuestro entorno. La actual ley es preconstitucional y cada día que pasa queda más desfasada.
Presión de Podemos
Los socialistas, sin embargo, navegan en un mar de dudas. Sus tesis en esta cuestión coinciden más con los populares que con sus socios de Gobierno y no está claro con quién y cómo llevarán a cabo la reforma. Fuentes del grupo sostienen que, como norma general, comparten la desclasificación automática por plazos que plantea el PNV. «Queremos una ley actualizada, rigurosa y garantista, que reduzca al máximo los espacios de opacidad», señalan, admitiendo su especial interés en que todos los archivos referentes a la Guerra Civil salgan a la luz. Pero al mismo tiempo reconocen que deben establecerse salvaguardas extraordinarias para materias especiales. «Hay datos cuya necesidad de protección excede los plazos de desclasificación que fija el PNV», argumentan, en alusión tanto al 23-F como al GAL. Los socialistas también señalan la información clasificada de ámbito internacional como incompatible con una desclasificación automática. Su propuesta es sacar a la luz, de momento, todo lo anterior a diciembre de 1978.
Pero su socio de coalición, Unidas Podemos, presiona para ir más allá. «Después de que hayan pasado 40 años del 23-F tiene poco sentido que se siga sin tener acceso a los documentos o grabaciones que se dice que existen y eso debe de resolverse», sostienen fuentes de la formación morada. Para lograrlo, el grupo de Pablo Iglesias asegura seguir «hablando con los distintos interlocutores que hay en esta cuestión» y avanza que sus propuestas «se detallarán cuando acabe el periodo de enmiendas porque aún se están elaborando y negociando».
La formación morada comparte posición no solo con el PNV sino con todos los grupos independentistas de la Cámara que abogan por sacar a la luz todo lo referente al 23-F, porque creen que Don Juan Carlos podría salir mal parado. Desde la CUP a Bildu, pasando por ERC, Junts, el PDeCAT o el BNG. Lo mismo sucede con otros partidos pequeños de izquierda como Más País o Compromís.
Los populares, en cambio, coinciden con el PSOE en la necesidad salvaguardas. En su caso, por materia y por origen de la clasificación. «Calendario de plazos sí, pero no estamos dispuestos a desclasificar material mientras no haya desaparecido la causa que motivó su clasificación», subraya el portavoz adjunto del PP en la Comisión de Justicia, Miguel Ángel Jerez. Paralelamente, subraya un calendario de plazos variable entre 5 y 25 años dependiendo de la categoría de la materia. «Si afecta a la seguridad del Estado, a la integridad de la democracia o de personas tiene que existir una serie de condicionantes», añade.
En el caso del 23-F, Jerez defiende «acomodar la ley a lo que mandan las sentencias», en alusión a la decisión del Tribunal Supremo de mantener el sumario como secreto. Y sobre la posición del PSOE ante la reforma confía en que actúe como un partido de Estado y no permita que se desvirtúe una ley «que debe fortalecer la democracia y la transparencia, sin debilitar la Defensa Nacional».
Desde Cs, el portavoz de Defensa, Miguel Gutiérrez, defiende también la necesidad de respetar las decisiones judiciales que en el caso del 23-F protegen la integridad del sumario, pero apostando por la transparencia y el sentido de Estado, para «proteger la seguridad de nuestro país y los intereses de la sociedad». La formación naranja adelanta que presentará una enmienda para incrementar el plazo de desclasificación de las materias reservadas, desde los 10 años propuestos por el PNV, a 20 años.
Noticias relacionadas
