El Congreso arranca los trabajos para cambiar la ley electoral con gran dificultad para lograr el consenso

Los partidos nacionalistas temen un acuerdo de los grandes partidos para aumentar la proporcionalidad que lastre su representación. PSOE, Podemos y Ciudadanos demuestran sintonía en los objetivos de la reforma

Madrid Actualizado: Guardar
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La Comisión Constitucional del Congreso acordó en la tarde de ayer crear una subcomisión para estudiar una modificación en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Inicialmente solicitada por PSOE y Ciudadanos, todos los grupos pactaron una enmienda transaccional para dejar el debate lo más abierto posible y no cerrarlo a un elemento concreto.

Salvo el PNV, que cree que por razones operativas al acumularse ya demasiadas comisiones, todos los grupos votaron a favor. Pero a partir de aquí acaban los puntos en común. A partir de aquí se suceden las dificultades. El elemento nuclear de la reforma, que Ciudadanos incluyó en su pacto con el PP, es mejorar la proporcionalidad de la ley. Un punto también reclamado por Podemos y al que no se cierra el PSOE.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, abrió ayer el debate como proponente de la subcomisión admitió que en el debate que se abre a partir de ahora se puede «discutir el peso de salida de cada circunscripción» (actualmente es la provincia con un mínimo de dos escaños para cada una que crecen en función de la población). Pero a la vez expuso que a su entender «es difícil explicar que el territorio pese más que la ciudadanía» y pidió «encontrar un equilibrio», aunque dejó claro que su modelo es el de la proporcionalidad pura, porque la actual ley «desequilibra el voto».

La reforma de la ley electoral es quizás el punto en el que Podemos y Ciudadanos están más cerca y dejan a un lado sus muchas discrepancias en otras materias. Íñigo Errejón, que se estrenaba ayer como portavoz en la comisión constitucional, planteó que esta reforma es un «asunto central» porque «traduce en votos en representación institucional de forma muy distorsionada». En este punto Errejón citó que la propuesta de su partido es pasar a un modelo de circunscripción autonómica. Una modificación que requeriría de reforma constitucional.

El portavoz del PSOE, Gregorio Cámara, también se refirió a la necesidad de «mejorar la proporcionalidad» como uno de los objetivos que debe abordarse en la reforma, aunque su discurso no partió de la crítica con la actual norma, como sí hicieron Rivera y Errejón, porque «ha venido cumpliendo su función de manera adecuada». Aunque sí reconoció que «procede ya una reforma profunda».

Quedó patente así que los tres partidos comparten el objetivo de mejorar la proporcionalidad de la ley. El PP, aunque no cuestionó abiertamente este objetivo, en boca de su portavoz en la comisión Francisco Martínez, reclamó por ejemplo explorar la opción de que gobierne «la lista más votada en el ámbito local». El popular pidió «realismo» para evitar «frustrar expectativas» ante lo que consideró «triunfalismo» de Rivera. Y dejó una advertencia: «No nos meteremos en una reforma en contra de nadie y sin contar con el necesario consenso».

Y ese consenso será complicado. La representante de Bildu, por el Grupo Mixto, expresó el temor de los grupos nacionalistas y regionalistas, especialmente los más pequeños, de que ese incremento de la proporcionalidad lastre su representación y se opondrán «si tiene la tentación de aunar en la centralización».

En similar postura se mostró Mikel Legarda del PNV, que cree que abordar el asunto de la modificación «de forma separada de la cuestión territorial no es oportuno». Para el PNV la ley electoral no cumple solo una función de representación sino que además «cohesiona el territorio» al dar visibilidad a la «realidad urbana y rural».

Además de la proporcionalidad, otro tema que se debatirá será la posibilidad de ir a un modelo de listas abiertas y desbloqueadas. Rivera lo defendió como una forma de mejorar la rendición de cuentas de los diputados. También Errejón se refirió a la rendición de cuentas y el PSOE se refirió a ello como la necesidad de «mejorar la capacidad de los electorales».

También se abordará la posibilidad de que la edad para votar sea a partir de los 16 años. La izquierda y los partidos nacionalistas podrían estar de acuerdo. Pero en recientes votaciones en el pleno del Congreso PP y Ciudadanos se han mostrado contrarios. Donde si existe un acuerdo total es en la supresión del voto rogado para los residentes en el exterior.

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