El clan Pujol funcionaba como un «grupo organizado» dirigido por el patriarca

Nuevas imputaciones por blanqueo y registros en viviendas y empresas. La investigación contra la familia Pujol, que ha dirigido los destinos de Cataluña durante décadas, dio ayer martes un paso clave al centrarse en buena parte del clan en lugar de una actuación aislada contra uno de sus miembros, como se había hecho hasta ahora. Ese salto cualitativo -hubo quince registros, tres en las viviendas de los hijos Jordi, Pere y Josep- se explica porque los encargados del caso consideran que funcionaban como un «grupo organizado» a cuyo frente sitúan a Jordi Pujol Solei, el patriarca, y en el que el primogénito, «Junior», tendría el papel de conseguidor.

Sus actividades podrían encuadrarse en los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fiscal y blanqueo.

Los investigadores buscaban documentos del paradero del dinero que completen la información llegada de Andorra.

La operación, coordinada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) y la Fiscalía Anticorrupción, en coordinación con el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, comenzó poco antes de las ocho de la mañana. A esa hora, 200 policías, de forma simultánea, comenzaron las entradas y registros.

Convaleciente de operación

Los agentes empezaron por la casa del expresidente de la Generalitat, donde vivía temporalmente su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, convaleciente de una operación quirúrgica. Sin embargo, solo se buscó entre las pertenencias y en la habitación de «Junior», y no en el resto de la casa. El juez se había negado a esta petición solicitada por los investigadores, igual que a la de detener al primogénito, según fuentes del caso. Cuando los policías llamaron a la puerta, el matrimonio y su hijo aún dormían. La diligencia se realizó con normalidad y Jordi Pujol Ferrusola se mostró colaborador. Más tarde fue conducido hasta su vivienda, que esa sí fue registrada en su totalidad y al mediodía los agentes se trasladaron a otra casa en Bolvir, en los Pirineos.

Entre los registros, además de los ya citados en las residencias de sus hermanos Pere -donde se hallaron 96.000 euros en metálico- y Josep, hay que destacar también el de sus respectivos despachos profesionales; el de dos naves industriales utilizadas por el primogénitos; el de la casa de la exmujer de éste, Mercè Gironés; el de Carles Sumarroca, hijo del fundador de Teyco; el de Carles Villarubí, vicepresidente segundo del F. C. Barcelona; y ya en Madrid el del presidente de Isolux Corsán, Luis Delso, así como la sede de esta compañía.

El volumen de documentación intervenida es enorme, según las fuentes consultadas por ABC. El juez De la Mata no esperó al análisis y ayer mismo citó como imputados por blanqueo a Pere Pujol y a su hermano Josep, que tendrán que declarar el próximo día 13. Estas imputaciones se suman en ese mismo Juzgado (el Central 5) a las de Jordi y a la exmujer de éste, investigados desde 2013 por un supuesto delito de blanqueo y otro de fraude fiscal.

El despligue de ayer tiene dos antecedentes recientes: la declaración del empresario y exdirectivo del FC Barcelona Jaume Ferrer el pasado 23 de septiembre ante De la Mata y la documentación enviada recientemente por Andorra que acreditaría el origen ilícito de la fortuna de los Pujol (se indaga un movimiento de divisas de 32 millones entre 2004 y 2012, así como el supuesto cobro de comisiones ilegales por la mediación en la adjudicación de obras).

Una declaración clave

Ferrer, también imputado y cuya casa fue registrada ayer, está considerado el intermediario entre la familia Sumarroca y los Pujol. Este empresario administró una sociedad patrimonial de Josep Pujol. El juez considera que sus dos empresas -Trade Management COnsulting y Cientific Management- estaban al servicio del primogénito de la familia para operaciones de refacturación.

Hay otro antecedente a la operación. El pasado 9 de octubre la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado pidió al Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, que investiga el dinero del patriarca del clan en Andorra, que se inhibiese en favor del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. «Las diligencias practicadas hasta la fecha -aseguraba el fiscal- han permitido ratificar que durante años, en realidad durante décadas, la familia Pujol-Ferrusola (padres e hijos) ha actuado conjuntamente bajo la dirección y gestión del imputado Jordi Pujol Ferrusola desarrollando numerosos negocios económicos, así como diferentes actuaciones dirigidas a lograr el blanqueo de los capitales obtenidos».

El informe de Anticorrupción hacía un resumen de las dos causas que pide unir: la de Barcelona, abierta a raíz de la carta que en julio de 2014 envió a la prensa el expresidente catalán confesando que su familia había tenido fondos en Andorra durante más de 30 años (están imputados el matrimonio y sus hijos Jordi, Pere, Mireia y Marta), y la que lleva el juez De la Mata, que comenzó en 2013 por una denuncia de la expareja de Jordi Pujol hijo explicando cómo llevaba dinero a ese país.

«No puede ser autónomo»

Para el fiscal, ambas están íntimamente conectadas y se deberían investigar juntas. «Resulta palmario que el enjuiciamiento acerca de la regularidad del origen de la fortuna amasada por los hijos del expresidente de la Generalitat no puede desarrollarse de modo autónomo» respecto de los hechos que se imputan al padre, asegura.

Con este planteamiento, una de las dudas es por qué ayer no se registró también el domicilio del expresidente de la Generalitat, a pesar de que los investigadores le consideran el máximo responsable de las actividades del clan. La razón está en que el juez José de la Mata no considera que esté acreditado el blanqueo, al no ver claro cuál podría ser el delito antecedente. Los encargados de las pesquisas, por su parte, sostienen que ese delito antecedente sería al menos el de blanqueo cometido por sus hijos con los beneficios obtenidos del cohecho y del tráfico de influencias.

Centrado el foco de esta actuación sobre Jordi, Pere y Josep Ferrusola, hay que insistir en que se investiga, además del blanqueo, el de cohecho y tráfico de influencias, así como un delito fiscal. Estas acusaciones han quedado de manifiesto en los últimos informes de la UDEF sobre determinadas operaciones con cobro de comisiones por trabajos no realizados. Valga como ejemplo el emitido el 20 de julio por esa unidad sobre la venta de un hotel, en cuyo apartado de conclusiones se puede leer que «no se ha podido obtener un solo dato que acredite que las facturas emitidas por las sociedades Drago Real Estate Advisors, Iniciatives Marketing i Inversions S.A., Blau Consultoría S.L. ó MT Tahat S.L. controladas por los hermanos Oleguer, Jordi y Pere Pujol Ferrusola respectivamente, estén justificadas por la prestación de un servicio real».

Según las mismas fuentes, la documentación que ha mandado Andorra «mide un metro de alto sólo en papeles» y en ella hay una cantidad ingente de información relacionada con el entramado económico de los Pujol: «Algún folio puede ser un contrato, pero otros son movimientos de dinero en los que cada renglón es un movimiento». Hoy tres fiscales Anticorrupción se desplazarán al Principado en busca de más documentación que acredite las tres causas abiertas contra el clan.

Tres años de pesquisas

Han recordado que se trata de tres años de investigación en los que la familia Pujol logró retrasar un año el envío de esta comisión rogatoria, un tiempo que podrían haber utilizado para hacer movimientos de dinero y tratar de ocultar su rastro. Los expertos en la investigación apuntan a una actividad constante y mantenida en el tiempo que se remonta décadas. Según sus sospechas, en estas actividades estaba definida incluso la parte económica que percibía cada miembro de la familia y lo que después hacían con ella: un porcentaje iba para su día a día y otra parte iba a paraísos fiscales. Los investigadores otorgan al primogénito de la familia un papel destacado como «conseguidor».