Cerco a la venta de químicos aptos para fabricar bombas caseras como las de Daesh
Interior obliga a los comercios a registrar identidad y fines de los compradores y a delatar sospechosos
Diez meses han tenido que transcurrir desde la aprobación en noviembre de 2017 a propuesta del Gobierno del PP de la Ley sobre Precursores de Explosivos, para que el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska emitiera ayer la instrucción que obligará a los establecimientos que comercializan con sustancias susceptibles de ser utilizadas en la fabricación de bombas a llevar un registro de a quién, cuándo y para qué venden esos componentes y a Policía y Guardia Civil a extremar la vigilancia sobre ellos, según adelantó ayer El País.
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Se trata de ingredientes de uso civil como el ácido sulfúrico y nítrico, el peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) o el nitrato amónico contenido en muchos fertilizantes, habituales en las recetas que el Daesh difunde a través de tutoriales en Internet , y que la célula que perpetró los atentados de Cataluña hace un año intentó reproducir en el chalé de Alcanar, que terminó volando por los aires a causa precisamente de la mala manipulación de esos compuestos. Preparaban el llamado «madre de Satán» (TATP), un cóctel de ácido sulfúrico, agua oxigenada y acetona de poder devastador que se utilizó en 2016 para reventar el aeropuerto de Bruselas.
Una tramitación lenta
La regulación del control y vigilancia de estos materiales abordada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy fue impulsada, no obstante, con anterioridad al ataque del 17-A en Barcelona y Cambrils y no como consecuencia de ellos. Lo demuestra que el texto inicial que prevé las medidas para limitar su comercialización fue remitido a las Cortes meses antes, en diciembre de 2016, fruto de la necesidad de trasponer en España un Reglamento de la UE que se remonta a 2013. La tramitación parlamentaria se ralentizó, se prolongaría casi un año, y resultó tortuosa dada la minoría del PP en la cámara.
En el transcurso de esos meses, el Reino Unido sufriría su atentado más mortífero desde el de Londres de 2005 y que reactivó todas las alertas sobre el uso de los precursores cuando un suicida detonó un artefacto casero cargado con TATP a las puertas del Manchester Arena que acabó con la vida de 22 personas que salían en aquel momento de un concierto.
De acuerdo con la normativa vigente, la instrucción de Interior, prevé que el ya mencionado registro de venta de sustancias que se pondrá en marcha en España se lleve de forma exhaustiva y en grandes superficies, establecimientos de jardinería y de mantenimiento de piscinas , farmacias o ferretería. Los datos deberán conservarse cinco años y la ley determina que deberán especificar la identidad del comprador e información detallada sobre lo que adquiere y con qué fin. Además, si el vendedor se encuentra ante un robo o desaparición de ese tipo de género, tendrá que comunicarlo en un máximo de 48 horas, al igual que si detecta que está ante una transacción «sospechosa», a la que podrá negarse.
En este contexto, se considerará suficientemente indicativo que el cliente trate de comprar «cantidades o concentraciones inusuales» de los compuestos peligrosos, que se resista a dar sus datos o que insista en pagar en efectivo importes elevados.
La orden del departamento de Grande-Marlaska prevé, al parecer, un plan anual de acción para reforzar el papel de los Cuerpos de Seguridad –y en el futuro, puede que de las policías autonómicas– en cuanto a la inspección de estos precursores de explosivos , de modo que se otorgan competencias a Policía Nacional y Guardia Civil para verificar que las empresas que manejan esos productos cumplen con la ley de forma escrupulosa y no desvían parte a mercados clandestinos.
