Canarias pide ayuda para gestionar 2.632 menas y sólo recibe ofrecimiento para recolocar a 95
Los menores desbordan las capacidades: «En la crisis de 2006, nunca se tuteló a más de 1.600»
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Canarias no solo está reclamando la derivación a la Península de inmigrantes que han sobrepasado las capacidades de acogida de las islas -ya cerca de 22.000 este año-, sino también la solidaridad de otras comunidades autónomas para derivar a los menores no acompañados (menas) llegados de forma irregular por mar, que son ya 2.362. Son un 310% más que en 2019 y una cifra no alcanzada durante la crisis de los cayucos de 2006 en la que, según la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del archipiélago, el Gobierno autonómico «nunca se tuteló a más de 1.600».
La necesidad de trasladarlos ha sido planteada ya en el marco de la Comisión delegada de Servicios Sociales celebrada el pasado día 18 de diciembre en la que, una vez más, la falta de voluntades ha sido clamorosa. La vinculación de los menas a la delincuencia, espoleada por partidos como Vox, y el consiguiente rechazo social que suscitan lleva a las administraciones regionales a mirar para otro lado. Solo cinco se han comprometido a recibir a menores que están en Canarias, a 95 en total. Una cifra muy por debajo de las estimaciones de las autoridades de las islas, que han evaluado que es necesario llevar a otros puntos de España a unos 500. En concreto, Cataluña se hará cargo de 40, Valencia de 20, Navarra 10, Extremadura otros 10 y, finalmente, Aragón de 15. También han confirmado su disposición Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco, Asturias y Galicia, aunque no definirán cuántos hasta más adelante. «El máximo más optimista que manejamos es que en conjunto acepten a 150%», informan desde la Consejería, donde reconocen que, porcentualmente, es una cantidad «muy baja».
La gestión de los inmigrantes menores de edad que llegan a España solos es uno de los factores más complejos de la política migratoria. Competencia de las Comunidades Autónomas, las tutelas se concentran en las regiones de entrada de las pateras -Andalucía, Canarias, Murcia- y en Ceuta y Melilla, donde la proporción con respecto a su población y mínima superficie es en ocasiones difícil de asumir.
Un protocolo cerrado
Tras la moción de censura, recién estrenado el primer Gobierno de Pedro Sánchez y con María Luisa Carcedo como ministra de Sanidad, se intentó poner de acuerdo a las autonomías para institucionalizar un mecanismo de reparto en función de la situación socio-económica de cada autonomía, que además estuviera dotado de una financiación estable. Fue imposible, a pesar de que entonces se pusieron sobre la mesa importantes sumas de dinero para incentivar las acogidas. «Se intentó hacer un protocolo más cerrado, de modo que la derivación de los menores no quedara al albur de las Comunidades Autónomas cada vez que hubiera necesidades como las que ahora tiene Canarias», añaden en la Consejería.
De hecho, la falta de ese procedimiento definido impedirá ahora que los traslados que vayan a llevarse a cabo desde el archipiélago se ejecuten pronto. Hay que elaborar el protocolo, «definir quién asume la tutela de los menores, el coste... lo que llevará todo el primer trimestre de 2021», calculan en el gobierno de las Islas.
En tanto, al igual que p ara alojar a los adultos se ha tenido que recurrir a hoteles turísticos en desuso por la pandemia, para atender a los menores, el archipiélago ha habilitado 24 infraestructuras de emergencia. La mayoría, 14, en Gran Canaria, 8 en Tenerife y dos en Fuerteventura. Al tiempo, a finales de noviembre consiguieron que el Ejecutivo central les traspasara diez millones de euros a título extraordinario destinados a la asistencia a estos menores.
Pero la ayuda que solicitan va más allá. El departamento autonómico de Derechos Sociales ha indicado a este diario que, ligado a la saturación sanitaria por el Covid, existe un «embudo en las pruebas óseas» que se realizan a los inmigrantes que declaran ser menores de 18 años pero que despiertan dudas. «Hay 1.100 pendientes», informan, y se estima que un tercio serían en realidad adultos, lo que permitiría relajar algo la presión sobre el sistema de acogida de los menas, ya que saldrían de él. Pero para ello habría que contar con que se acelerara el ritmo de comprobaciones, ya de por sí lento, puesto que intervienen distintas instancias como la sanidad canaria, el Instituto de Medicina Legal, posteriormente el Ministerio de Justicia y finalmente, la Fiscalía, que por decreto determina la edad del individuo.
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