La Camilo José Cela cocina un informe para blanquear la trama de las tesis plagiadas
Ningún profesor de prestigio quiere avalar las irregularidades con las que se doctoraron Pedro Sánchez o Concepción Canoyra
La Universidad Camilo José Cela creó el pasado mes de octubre un «Comité Permanente de Integridad Académica» para revisar los doctorados concedidos hasta la fecha, entre ellos el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El rector de la UCJC, Emilio Lora-Tamayo, ordenó la puesta en marcha del comité el pasado 10 de octubre, una semana después de que Concepción Canoyra, exgerente de la universidad, dimitiera como directora general de Educación Concertada de la Comunidad de Madrid solo unos minutos después de que este diario desvelara el plagio en su tesis doctoral de la Camilo José Cela.
Según fuentes internas consultadas por ABC, el Comité Permanente de Integridad Académica ha revisado decenas de tesis y, pese a que «hay auténticas basuras», han preparado un informe para blanquear toda la etapa y negar las irregularidades. Pero Lora-Tamayo no quiere firmarlo, aunque es el presidente del Comité, y está buscando quien estampe su rúbrica en el informe. Certificar que la tesis de Canoyra era correcta, cuando ella mismo tuvo que dimitir porque copió hasta al «Rincón del Vago», o la de Pedro Sánchez, que no solo contenía plagios sino un tribunal amañado que diera el «cum laude» sin pestañear, es un precio a pagar demasiado alto para cualquier profesor de prestigio que no quiera una mancha en su carrera.
La intención del rector, según las fuentes consultadas, es que lo firme una figura «independiente». El Comité tiene nueve miembros , cinco de la UCJC y otros cuatro externos, aunque vinculados de alguna manera a este centro. Entre los externos están el presidente suplente del Comité, que es el exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, y tres vocales más. Se trata de María José Feijóo Rey, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, Cristina de la Puente González, investigadora del CSIC, y Aurelio Villa Sánchez, catedrático de la Universidad de Deusto. La nómina la completan Marta Jiménez Pérez, secretaria de la UCJC; Tomás García Martín y Laura Sanz Martín, profesores de la universidad; y Julia Salvador Torres, una alumna del mismo centro universitario.
Como desveló ABC, cuando Sánchez se doctoró, en noviembre de 2012, la UCJC necesitaba aumentar su número de profesores doctores, obligada por la implantación del Plan Bolonia. Si la mitad de su claustro no estaba en posesión del título de doctor, el centro corría el riesgo de perder la licencia para impartir títulos. Así se puso en marcha una «rueda» mediante la que un profesor se doctoraba y seguido y sin experiencia académica e investigadora suficiente, formaba parte de los tribunales que doctoraban a otros. El presidente del Gobierno entró en esta mecánica. Esto se tradujo en que el repositorio de la UCJC contiene una impresionante colección de tesis doctorales de un nivel deshonroso -plagios, tesis sin aportación alguna y un largo etcétera-, que ahora el rector Lora-Tamayo, que lleva unos meses en el cargo, intenta blanquear, aunque ya ha marcado algunas distancias con el pasado.
«Cabe recordar que los acontecimientos que ahora se discuten en la opinión pública datan de hace casi una década, que entonces la legislación vigente en materia de doctorado era distinta a la actual, y que no estaba estandarizado en las universidades el uso de sistemas de detección de coincidencias (mal llamados sistemas antiplagio). Desde 2014 todos los programas de doctorado de la UCJC se han renovado, introduciendo mejoras que dan respuesta a la nueva legislación y mayores medidas de control». Con estas palabras se defendió la universidad al presentar el Comité que, según precisan fuentes oficiales del centro universitario, está centrando su trabajo en analizar el «procedimiento administrativo» de cada tesis, en lugar de poner el foco en las irregularidades académicas que cada una de estas tesis doctorales pudiera contener entre sus páginas.
Atendiendo a este razonamiento que formula la Universidad, justificar que la tesis del presidente del Gobierno fue correcta es, cuando menos, complicado. El trabajo con el que se doctoró Sánchez, al margen de los plagios que cometió, fue defendido, como desveló este diario, ante un tribunal endogámico que carecía del conocimiento en la materia que otras universidades exigen para conformarlos.
Escondido
Por otra parte, ABC solicitó a la UCJC el pasado 17 de noviembre, vía Transparencia, el acta que dio origen al Comité y la composición del mismo. La Universidad, en su contestación, no facilitó ningún acta ni otro documento oficial que acreditara la orden del rector para crear esta comisión, aunque sí proporcionó una dirección web, bajo el dominio de la Universidad, en la que aparecían los miembros de este equipo auditor.
Si se teclea esa dirección completa en el navegador de internet, la información aparece, pero la página web está desindexada. Esto quiere decir que nadie que no conozca esa dirección concreta -que la universidad no ha hecho pública- puede acceder hasta la información sobre este comité. La única forma de dar con la página es conocer la URL de la web, lo que equivale a esconder la información ante la opinión pública.
Más fraudes
Los casos de Pedro Sánchez y Concepción Canoyra, en virtud de sus responsabilidades políticas, son los dos más mediáticos, pero el rastro de la corrupción académica en la universidad del grupo educativo SEK va más allá. De hecho, la trama de tesis fraudulentas que surge en la UCJC, en la época en la que Adolfo Sánchez Burón era el vicerrector de Investigación del centro -y que llega a salpicar a la Universidad de Málaga - afecta al menos, a otros cinco trabajos.
Se trata de las tesis M. y A. M. S., Carmen Barquero y José Manuel Soriano Llobera. La quinta tesis, también gestada en el seno de la Camilo José Cela, es la de José Luis Málaga, el directivo de la entidad que se doctoró en la Universidad Complutense utilizando, años después, la tesis -ya de por sí plagiada- con la que aprobó Canoyra.
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