Cambiar la ley a golpe de matanza

A cada matanza islamista, una reforma legal. Esa ha sido la tónica general en los países occidentales que han sufrido con más fuerza el zarpazo del terrorismo –Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia–, con la única excepción de España, donde tras el 11-M, en 2004, la decisión fue invertir en medios en lugar de cambiar unas leyes que, por otra parte, ya eran bastante avanzadas y consecuencia de la experiencia de sufrir durante décadas las salvajadas de la banda terrorista ETA. Es más; las dos reformas que se han acometido desde entonces han estado basadas en la experiencia; es decir, en la constatación de las lagunas legales que había en nuestro país y la necesaria respuesta legislativa para llenarlas.

La primera gran reforma del Código Penal español en esta materia se produjo en 2010, con el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Los principales elementos que se introdujeron entonces fueron la introducción del concepto de libertad vigilada de hasta 10 años como pena complementaria para el terrorista condenado a cárcel cuando quedaba libre; creó el castigo por actividades de captación y adoctrinamiento, o por acudir a prácticas de entrenamiento; sancionó con cárcel la difusión en Internet de mensajes favorables a la comisión de atentados terroristas o la financiación de actividades terroristas por distintos medios...

Nuevos tipos penales

El Gobierno popular de Mariano Rajoy ha ido más allá en su legislatura, y en la reforma aprobada este mismo año se califica como delitos de terrorismo conductas como el desplazamiento a otros países para recibir adiestramiento, el adoctrinamiento pasivo a través de internet, además de un endurecimiento general de las condenas, con la polémica prisión permanente revisable incluida.

Algunos ejemplos ilustran claramente por qué era necesaria este cambio legislativo, apoyado por el PSOE en el marco del pacto de Estado antiyihadista aprobado por las dos formaciones mayoritarias salvo en lo que se refiere a la prisión permanente revisable. Así, José Ernesto Feliú Mora fue detenido en septiembre de 2011 y en abril del año anterior viajó hasta Bulgaria, siendo rechazado en Turquía. Estaba en contacto con un facilitador de Al Qaeda en Paquistán y llegó a editar más de 1.200 vídeos de enaltecimiento y formación terrorista... Pues bien, no se le podía condenar por delito de terrorismo con la ley vigente entonces, de la que se benefició porque la nueva no puede tener efectos retroactivos. Por supuesto, hay muchos casos similares.

Fuentes de la lucha contra el terrorismo consultadas por ABC destacan que con el actual Código Penal español, al contrario de lo que sucede en Francia, es posible hacer un trabajo de prevención y actuar en cuanto se detecta que el proceso de radicalización ha comenzado. «Solo hay que fijarse en un dato para que nos demos cuenta de ello: de las cientos de detenciones de islamistas que ha habido en España solo en algún caso aislado se ha intervenido armamento, además poco importante cualitativamente; en el país vecino, ese porcentaje es altísimo, porque solo pueden actuar cuando van a perpetrar el atentado de manera inminente», señalan las fuentes.

Los atentados de París, y todos los hechos posteriores, han dejado en evidencia, entre otras cosas, las lagunas legislativas en Francia y Bélgica en materia de terrorismo. La casi totalidad de los implicados ya estaban calificados como radicales; el que se considera «autor intelectual», Abdelhamid Abaaoud, había viajado por varios países europeos, y regresado de Siria, sin ser detectado, lo mismo que otros de sus compañeros; tenían actividad en las redes sociales...

Mismas herramientas

«Ahora –insisten las fuentes– una de las prioridades es conseguir una armonización de las legislaciones de la Unión Europea en materia de terrorismo, de modo que todas las Fuerzas de Seguridad puedan trabajar con las mismas herramientas. Eso facilitaría la coordinación entre Cuerpos de Seguridad, clave en un terrorsmo globalizado como es éste».

De momento, el ministro de Interior español, Jorge Fernández Díaz, planteó en la Reunión Extraordinaria de ministros de Interior y Justicia de la Unión Europea (JAI) celebrada el pasado viernes, la necesidad de modificar la Decisión Marco sobre Terrorismo, suscrita en 2008, para incluir aquellos delitos específicos del terrorismo yihadista. España impulsará este asunto para que la Comisión lo saque adelante en el menor tiempo posible.

11-S Nueva York

Los atentados de 2001 contra las torres gemelas de Nueva York y el Pentágono, en Washington, con 3.016 muertos, provocaron la aprobación de una ley antiterrorista, la Patriot Act, con la que se pueden intervenir comunicaciones sin autorización judicial las primeras 48 horas; obliga a las empresas de Internet a entregar registros de actividad y correos de sospechosos; permite oír conversaciones entre abogado y recluso en la cárcel en determinados casos; y ampara la detención de extranjeros siete días sin formular cargos contra ellos.

7-J Londres

Los ataques de 2005 en Londres (56 muertos y 700 heridos), dio paso a una reforma legal que concedió más poderes al ministro del Interior para expulsar a extranjeros que hicieran apología del terrorismo; prohibir la entrada personas con algún algún vínculo con tramas terroristas e ilegalizar organizaciones musulmanas.

13-N París

La reforma constitucional que se pretende en Francia incluye, entre otras cosas, registrar casas sin autorización judicial; prohibir la circulación de vehículos y de personas; expulsar del país y quitar la nacionalidad a quien se considere peligroso y controlar los medios de comunicación y bloquear páginas web.