Las peticiones de la Generalitat en Madrid: gestión de la deuda, revisar el objetivo de déficit y más dinero para los Mossos

La vicepresidenta evita valorar la decisión de la Justicia alemana solo por malversación y reivindica que «la justicia española pueda trabajar con el derecho interno de nuestro país para sacar adelante la causa». El vicepresidente catalán: «La instrucción Llarena no pasa la prueba del algodón de otras jurisdicciones europeas»

La vicepresidenta Carmen Calvo junto al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés EFE
Víctor Ruiz de Almirón

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La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo , se ha reunido hoy jueves con el número dos de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès , para avanzar en las relaciones entre ambas instituciones. Desde la vicepresidencia del Gobierno se destaca que el encuentro se produce a petición del dirigente catalán y se enmarca en la «recuperación del diálogo institucional» .

La reunión supone la continuación a la que mantuvieron Pedro Sánchez y Quim Torra el pasado lunes en Moncloa. Aragonès se ha reunido también hoy con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero . La vicepresidenta ha anunciado que ambos han cerrado los nombres que por ambas partes participarán en la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat.

El Gobierno catalán ya había elegido a sus representantes pero el Gobierno de España todavía no lo había hecho. Calvo ha enmarcado este encuentro en la normalidad «y en lo que queremos que sea habitual», en un proceso que permita hablar «con franqueza y con lealtad». Además, ambos dirigentes han acordado que la primer reunión de esa comisión bilateral pueda reunirse por primera vez «ya en unos días» .

Calvo no ha querido pronunciarse sobre la decisión de la Justicia alemana de extraditar a Carles Puigdemont solo por el delito de malversación, porque el Gobierno no puede pronunciarse sobre las decisiones de la justicia española y no puede hacerlo en el caso de Alemania. «Lo que no quita para que deseamos que la justicia española pueda trabajar con el derecho interno de nuestro país para sacar adelante la causa», ha dicho la vicepresidenta.

Tras mantener estos dos encuentros, el vicepresidente de la Generalitat ha comparecido ante los medios para explicar el contenido de las mismas. Sobre el asunto de la extradición de Puigdemont, Aragonès ha planteado que el Gobierno tiene «muchos elementos para sacar los hechos de octubre de la justicia y llevarlos a la mesa de negociación». Se ha referido específicamente al papel de la Fiscalía y la Abogacía del Estado como acusaciones, recordando al Gobierno que tiene «muchos instrumentos para aligerar esta situación».

Para la Generalitat la decisión del tribunal alemán ratifica que «la instrucción Llarena no pasa la prueba del algodón de otras jurisdicciones europeas». Aragonès ha considerado que «hoy ha quedado demostrado que no se aguanta» esa acusación y cree que pone en jaque todo el proceso, porque sobre la acusación de rebelión «gira toda la instrucción».

Mientras que sobre el encuentro con la ministra de Hacienda Aragonès ha planteado que le ha pedido la necesidad de «revisar al alza los objetivos de déficit para las CCAA», que para el próximo año se establece en el 0,1%. Y también ha hablado «del resto de deudas pendientes», entre las que ha apuntado a la gestión de la deuda de la Generalitat, cambios en la financiación de la ley de dependencia o la financiación de los mossos, un apartado en el que ha cifrado la deuda en 700 millones de euros. Cuestiones sobre las que Aragonès ha dicho ver «receptiva» a la ministra.

Después de poner encima de la mesa todas estas exigencias, se le ha preguntado a Aragonès si la Generalitat estaría dispuesta a participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera como una comunidad más, que es el anhelo del Gobierno en su apuesta por la «normalización», el dirigente de ERC no ha cerrado del todo la puerta, a la espera de conocer «fecha y concepción» del cónclave, pero sí ha dejado claro que no es su planteamiento: «Hemos expresado que la relación tiene que ser bilateral. La participación en órganos multilaterales no es nuestra prioridad y no la contemplamos».

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