Los bienes y las cuentas bancarias que pagarán el 9-N

El Tribunal de Cuentas condena a Artur Mas a pagar 4,9 millones por la consulta ilegal. El expresidente de la Generalitat responderá de manera solidaria con otros ex altos cargos

Artur mas, en un acto del PDECat REUTERS
Javier Chicote

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El pasado septiembre de 2017 el Tribunal de Cuentas estipuló que Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega , los exconsejeros Francesc Homs e Irene Rigau y otros cinco altos cargos de la Generalitat debían depositar 5,25 millones de euros invertidos en la consulta ilegal del 9-N de 2014. Si no hacían tal desembolso, el Tribunal embargaría sus bienes. Así, los políticos catalanes tendrían que responder con su patrimonio, y de forma solidaria , en caso de no poder hacer frente a la cuantía. En el caso de Artur Mas, como fianza se embargó su piso de Barcelona. Un inmueble que tras la condena del juicio contable de este lunes el expresidente de la Generalitat podría perder.

El piso cuenta con 200 metros cuadrados ubicado en la calle Tuset, entre la la Avenida Diagonal y la Travesía de Gracia. El piso, un octavo, cuenta con dos entradas -la principal y la de servicio-, y cuatro dormitorios, sin contar el de servicio. Mas lo adquirió en 1991, cuando era concejal del Ayuntamiento de Barcelona.

Declaraciones de bienes

En 2013, el entonces «president» hizo una declaración de bienes que cifraba su patrimonio en 470.000 euros . Esta cantidad incluía la citada vivienda, pero no a su valor real de mercado, sino el de compra o el catastral, mucho más bajo, pues ascendía a solo 180.000 euros.

También dijo disponer de 45.000 euros en el banco; 37.278 en acciones; un plan de pensiones con 149.000 euros; y otros valores y deuda pública de la Generalitat que sumaban 58.000 euros.

En aquel momento, el Tribunal de Cuentas consideró que Artur Mas, como máxima autoridad de la Generalitat durante los preparativos del 9-N, es responsable de las nueve partidas de gastos irregulares detectados, junto a otros responsables de la consulta. La cantidad exacta que el órgano fiscalizador del Estado le reclamaba era de 2,1 millones de euros , una cifra superior a su patrimonio declarado.

El expresidente catalán veranea en una casa del elitista municipio menorquín de Fornells, pero está a nombre de su esposa, Helena Rakosnik , según datos oficiales del Registro de la Propiedad.

Por su parte, Joana Ortega arriesga un piso de 167 metros cuadrados en la barcelonesa calle París (es propietaria del 50 por ciento de la vivienda). Adquiró el inmueble en 1996 y figura hipotecado. En cuanto a su actividad económica, la exvicepresidenta es socia de una consultora que asesora en materia de transparencia a entidades públicas, denominada E&T Consulting. También tiene o ha tenido intereses en una tienda de ropa y un restaurante en la calle Aribau.

Francesc Homs , exconsejero de Presidencia, podría responder a las cantidades reclamadas por el Tribunal de Cuentas con la casa que posee, al 50 por ciento, en Taradell, en la provincia de Barcelona. La vivienda dispone de 317 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 550. Tiene una hipoteca con un capital pendiene que ascendía a 77.000 euros, según la declaración de bienes que presentó en el Congreso de los diputados a principios de 2016.

Irene Rigau , consejera de Enseñanza que habilitó colegios para el 9-N tiene a su nombre cuatro inmuebles de un valor económico discreto: una terraza-solarium de 20 metros cuadrados, una plaza de garaje, una pequeña porción de un solar y un tercio de una vivienda heredada.

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