Bárcenas sostiene que en los ordenadores destruidos había información de la caja B del PP

El partido y sus empleados denuncian que «todo es un montaje» del extesorero

El PP alega que fue un borrado ordinario de un disco duro en el que no había nada

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El Partido Popular y Luis Bárcenas vuelven a enzarzarse en los tribunales. El extesorero de la formación, que se encuentra en prisión por enriquecerse con la corrupción de la trama Gürtel, ha reaparecido este jueves, al declarar como testigo en el juicio por la destrucción de los ordenadores que utilizó en el PP. Bárcenas ha levantado «el hacha de guerra» y ha manifestado que en los discos duros destruidos había notas que complementaban «y daba continuidad» a sus apuntes sobre la caja B del PP , los que condujeron a la causa de la contabilidad opaca, en la que el partido político será juzgado en el futuro como partícipe a título lucrativo.

«Era muy relevante», ha manifestado sobre todo lo que había en los ordenadores, a preguntas de la Fiscalía, para explicar que eran «soportes documentales» sobre los pagos en negro que anotó en su etapa como gerente y tesorero en el PP. «Eran hojas Excel, datos de mis cuentas corrientes, presupuestos de campañas electorales, notas que daban continuidad a los papales… básicamente eso y algunas hojas Excel más», ha declarado Bárcenas acompañado por su abogado y custodiado por dos agentes de la Policía, que lo ha trasladado desde la cárcel de Soto del Real. «Eran recibos escaneados de pagos ahí reflejados», ha concluido en su declaración.

El testimonio del antiguo tesorero popular se ha escuchado en la vista oral que se celebra en el juzgado de lo penal número 31 de Madrid, que juzga a tres responsables del PP y al propio partido por borrar los discos duros de Bárcenas en el año 2013, unos archivos que habían sido solicitados a la formación por la Audiencia Nacional. Los empleados de la formación y el PP han alegado que el borrado de los ordenadores respondió al «procedimiento habitual» cuando se despide a un miembro del partido , siempre después de comprobar que no había ninguna información en el disco duro, una versión opuesta a la de Bárcenas. Los cuatro acusados han defendido que los ordenadores pertenecían al partido.

«Todo esto es un montaje»

En su interrogatorio, la Fiscalía ha apretado las tuercas a Bárcenas y ha dado a entender que la fecha de las anotaciones de la caja B no se pudieron crear en uno de los ordenadores destruidos, según las fechas de adquisición del dispositivo. El Ministerio Público considera que en este caso no debería ser juzgado el PP, al que las acusaciones atribuyen el delito de daños informáticos, por la aplicación de la doctrina Botín, y solicita el archivo del caso al no acusar a nadie. Los demás acusados –el jefe de los servicios jurídicos del PP, Alberto Durán ; el responsable de los servicios informáticos, José Manuel Moreno , y la antigua tesorera y actual gerente Carmen Navarro - son acusados, además de por el delito de daños informáticos, también por el de encubrimiento, un delito contra la administración de justicia que no se puede atribuir por ley a una persona jurídica como es el PP.

«Todo esto es un montaje de Bárcenas para atacarnos a nosotros como trabajadores que le plantamos cara y para hacer daño al Partido Popular». Con esa afirmación, el jefe de los servicios jurídicos del PP ha condensado la versión de los acusados. Durán, el asesor legal del partido, ha explicado en su declaración que en los ordenadores de la sala que Bárcenas ocupaba en la sede de Génova (uno de sobremesa y dos portátiles) no había ninguna. Ha alegado que el PP ordenó borrar lo que contenía el ordenador tras comprobar que no había nada y después de que la Justicia laboral acordase que los mismos eran propiedad de la formación.

«Nuestra obligación legal era hacer exactamente eso. El borrado es una práctica absolutamente común, legal y exigida que se hace con todo el mundo que deja de utilizar un ordenador », ya sea porque se cambia a otro dispositivo, porque un empleado fallece o porque es despedido. «Está reglamentado», ha insistido Durán.

Durán ha argumentado que su único interés era desalojar la sala Andalucía de la sede de Génova, la que utilizaba Bárcenas como despacho, para evitar que su mantenimiento fuera utilizado por el extesorero como una prueba para demostrar una relación laboral en aquellas fechas con el PP, al que demandó por su despido. Esto sucedió en marzo de 2013, dos meses después de que salieran a la luz los conocidos como papeles de Bárcenas, las anotaciones sobre la contabilidad B.

Protocolo habitual

Según Durán, Bárcenas solicitó a la Audiencia Nacional que pidiese los ordenadores al PP cuando ya sabía que habían sido borrados conforme al procedimiento ordinario, con la intención de que la situación se volviese en contra de la formación, contra quien se enfrentaba por haber sido despedido. El antiguo tesorero del partido, que se enfrenta a 33 años de cárcel que todavía no son firmes, ha aventurado este jueves otra explicación y ha encuadrado el borrado de los discos duros en la operación Kitchen, la supuesta maniobra del Ministerio del Interior para sustraerle información que investiga el juez del caso Villarejo. «Si se llegó a organizar que un falso cura secuestrase a mi familia, destruir tres discos duros es un procedimiento muy sencillo», ha reflexionado el antiguo tesorero. «En el mismo tiempo se producen un montón de acciones en el mismo sentido: hacerse con información que me pertenece y amedrentarme», ha expresado Bárcenas.

La representante del PP en el banquillo de los acusados, la abogada María Massó , ha mantenido la misma versión que Durán y ha expresado que los discos duros «son propiedad del PP sin ninguna duda». «Son de uso profesional», ha alegado. Massó, que defiende a Rodrigo Rato en la investigación por los manejos con su fortuna, ha defendido que la ley obliga a contar con protocolos de borrado de los ordenadores para «proteger los derechos del anterior usuario». En la misma línea se ha expresado el responsable informático, en la declaración más técnica de todas.

En consonancia con ellos, Carmen Navarro ha negado haber recibido alguna orden para destruir los ordenadores y ha asegurado que en ningún se preocupó del despido de Bárcenas, una cuestión de la que se encargó el asesor legal. También ha negado la caja B, cuya existencia será la esencia de un juicio que aún no se ha producido pero que fue considerada acreditada por la Audiencia Nacional en la sentencia del juicio por la primera etapa de la trama Gürtel de corrupción. «La única contabilidad de la que tengo constancia es la que está en los archivos informáticos del partido y la que se presenta todos los años en el tribunal de cuentas». Navarro ha asegurado que no existía un inventario de ordenadores antes de su llegada y que era necesario profesionalizar la gestión económica del partido, «algo que Bárcenas no había hecho en todo el tiempo que estuvo allí». El enfrentamiento continúa, en su versión más cruda.

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