La isla de Mallorca es uno de los lugares más frecuentados por los turistas en verano
La isla de Mallorca es uno de los lugares más frecuentados por los turistas en verano - Reuters

Palma acuerda prohibir el alquiler turístico de pisos en toda la ciudad

El tripartito municipal ha dividido por vez primera el sentido de su voto a raíz de esta iniciativa vecinal, pues mientras MÉS y Podemos la han apoyado, el PSOE se ha abstenido

Palma de Mallorca Actualizado: Guardar
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El Ayuntamiento de Palma ha aprobado en el pleno celebrado este jueves una iniciativa popular que insta al consistorio a prohibir el alquiler turístico de pisos en toda la ciudad. El equipo de gobierno municipal está conformado en el presente mandato por el PSOE, la coalición econacionalista MÉS y Som Palma, que es la marca blanca de Podemos en la capital balear. En esta ocasión dichas formaciones no han votado, sin embargo, en el mismo sentido. Así, mientras MÉS y Som Palma han votado a favor de la mencionada proposición, el PSOE se ha abstenido.

Es la primera vez que se produce esa división en los dos años transcurridos desde el inicio de la actual legislatura. Cabe recordar que durante ese periodo de tiempo el alcalde de la ciudad fue el socialista José Hila, que el pasado 30 de junio fue relevado en el cargo por el econacionalista Antoni Noguera, en cumplimiento de los acuerdos firmados a mediados de 2015 por ambos políticos.

Por lo que respecta a la oposición, este jueves el PP se ha abstenido también en relación a la posibilidad de prohibir el alquiler turístico de pisos en toda la ciudad, mientras que Ciudadanos ha votado en contra.

La citada propuesta había sido presentada en su momento por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, con el aval de 6.076 firmas. Se trata de la primera iniciativa popular aprobada por el consistorio palmesano desde que fue introducida esta fórmula de participación de la ciudadanía.

La decisión adoptada este jueves por el Ayuntamiento de Palma tiene lugar diez días después de que el Parlamento balear hubiera aprobado diversas modificaciones en la denominada Ley de Turismo, que fue puesta en marcha en la pasada legislatura por el Ejecutivo que presidió el popular José Ramón Bauzá. La mayor parte de los cambios aprobados en la Cámara regional el pasado 18 de julio contaron con el apoyo del PSOE, MÉS y Podemos, que son las formaciones que en la presente legislatura dan su respaldo al Gobierno regional que preside la socialista Francina Armengol. Por su parte, el PP, Ciudadanos y Proposta per les Illes (PI) votaron en contra de la mayoría de los cambios propuestos por el tripartito.

Hace diez días se acordó que los propietarios de pisos podrían alquilarlos a turistas por un máximo de 60 días al año

Un hecho a destacar es que la Cámara regional aprobó hace diez días, entre otras novedades, un punto que ahora parece entrar en contradicción con la iniciativa aprobada este jueves por el consistorio palmesano. Así, se acordó entonces que los propietarios de pisos podrían alquilar dichos pisos a turistas por un máximo de 60 días al año, siempre y cuando el piso que se alquilase fuese la vivienda habitual del propietario del inmueble. En cualquier caso, el desarrollo de ese pleno parlamentario fue muy confuso y finalmente no quedó del todo claro qué se había aprobado exactamente. Por ese motivo, en breve tendrá lugar otro pleno en la Cámara autonómica centrado de nuevo en la Ley de Turismo.

El vicepresidente del Ejecutivo autonómico y consejero de Turismo, el econacionalista Biel Barceló, anunció en aquel controvertido pleno que a partir de ahora habría una moratoria de hasta un año por lo que se refiere a la concesión de nuevas autorizaciones para alquileres turísticos tanto en pisos —plurifamiliares— como en casas —unifamiliares—, para permitir que los consejos insulares y los ayuntamientos puedan determinar en qué zonas se autorizarán nuevos alquileres turísticos y en cuáles no.

Barceló también indicó que, en un futuro, los propietarios de pisos que alquilen sus viviendas a turistas sin la preceptiva autorización podrán ser sancionados con multas que oscilarán entre los 20.000 y los 40.000 euros. En caso de que el arrendamiento irregular sea llevado a cabo por plataformas especializadas o agencias, las sanciones para ambas se situarán entre los 40.000 y los 400.000 euros.

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