La autorización judicial a Puigdemont sería un permiso penitenciario
El Tribunal Constitucional ha dejado noqueada la defensa del huido: venir a España ya solo depende de él
La decisión que el Pleno extraordinario del Tribunal Constitucional tomó el sábado por unanimidad ha sido la mejor de las posibles. Los once magistrados del órgano de garantías (el conservador Andrés Ollero no pudo asistir) han hecho encaje de bolillos para adoptar una resolución con la que no solo han conseguido contentar a todos –hasta a ERC le han hecho un favor– sino, lo más importante: han zanjado además cualquier intento de Puigdemont de convertirse en presidente de la Generalitat reeditando precisamente la conducta que le ha llevado a estar imputado por rebelión. Si quiere ser presidente, que venga a España, que responda ante la justicia y que acepte, como el resto de los imputados, que su horizonte político no depende de él, sino del juez, viene a decir el Constitucional.
El TC ha optado así por una tercera vía que pasa por escuchar a las partes antes de decidir sobre la admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno. Es una decisión inteligente y sobre todo, respetuosa con los derechos del expresidente, que no podrá decir en Estrasburgo que le han cercenado sus derechos políticos.
Admitir a trámite en este momento el recurso del Ejecutivo, además, de poner en riesgo la unanimidad que ha marcado cada una de las decisiones del TC relativas al órdago secesionista, suponía desautorizar al Consejo de Estado y paralizar la actividad parlamentaria en Cataluña (la mera admisión de esa impugnación acarreaba la suspensión de la candidatura de Puigdemont hasta que se resolviera sobre su constitucionalidad).
A su vez, no admitirlo suponía desautorizar al Ejecutivo en un asunto en la que todas las instituciones del Estado han ido de la mano hasta ahora y permitir, además, una investidura telemática por la que Puigdemont se habría seguido riendo de la democracia española. Estas son las claves que se derivan de una decisión que, además de histórica y política, ha resultado justa.
¿Qué pedía el Gobierno en su recurso?
El Ejecutivo impugnó dos actos: la propuesta de candidatura de Puigdemont y su inclusión en el Pleno del debate de investidura previsto para el martes. Sostenía en su recurso que tenía la certeza de que el diputado huido no iba a comparecer y que quería ser investido de forma telemática, lo que sería inconstitucional. Los servicios jurídicos del Estado querían suspender la candidatura de Puigdemont de forma preventiva y evitar la celebración del debate con ese candidato en concreto.
¿Qué ha hecho el TC?
Sin pronunciarse todavía sobre la admisión o no a trámite del recurso del Gobierno (algo en lo que no todos los magistrados estaban de acuerdo, al compartir con el Consejo de Estado el carácter preventivo del recurso), el Pleno accede a las pretensiones del Ejecutivo, en el sentido de rechazar una investidura de Puigdemont que no sea presencial. Sin embargo, y teniendo en cuenta que el prófugo mantiene intactos sus derechos políticos (está imputado pero no inhabilitado), sí deja abierta la puerta a que vaya personalmente a ese debate de investidura , pero no de cualquier forma, sino con autorización judicial. El TC evita así que el candidato pueda recurrir al Tribunal de Estrasburgo a denunciar la vulneración de sus derechos políticos, pues la inhabilitación es fruto de una sentencia firme que en este momento él no tiene.
La decisión de los magistrados tiene otra ventaja: el presidente y los miembros de la Mesa ya han sido apercibidos de las consecuencias penales que tendría desobedecer y permitir la celebración de un pleno telemático. Si el TC hubiera inadmitido claramente el recurso, ese Pleno se habría celebrado y el Gobierno tendría que haber recurrido a posteriori, con Puigdemont ya investido. De ahí que esta tercera vía sea la mejor opción.
¿En qué consiste esa autorización judicial?
Es obvio que no es la de ningún juez belga, sino la del juez que le investigando en España por rebelión y el que ha mantenido intacta la orden de detención nacional que conlleva su inmediato ingreso en prisión. Cuando Puigdemont pise España tiene que ser detenido y conducido al despacho del juez Llarena , que con toda seguridad le encarcelará de forma preventiva. Una vez en la cárcel es cuando tendría que pedir al juez un permiso extraordinario para asistir a ese debate de investidura.
¿Hay posibilidades de que Llarena se lo permita?
Es una decisión que corresponde en exclusiva al magistrado. Posibilidades hay, pero a juzgar por su respuesta a otros presos preventivos imputados en la causa, como Oriol Junqueras o Jordi Sànchez– a los que no les permitió salir a recoger su acta y les sugirió que delegaran su voto– esas posibilidades parecen muy remotas. Pero no es imposible. En España hay un precedente de un preso al que se dejó salir para participar en el debate de investidura: en 1987 se le dio al etarra Juan Carlos Yoldi un permiso extraordinario para afrontar su propio debate de investidura en el Parlamento vasco (como cabeza de lista de HB). Finalmente saldría elegido presidente el peneuvista José Antonio Ardanza.
¿Podría participar en el debate y luego ser detenido?
No, la orden de detención tiene que ser inmediata. El TC se adelanta a un posible plan en ese sentido y por eso pone como condición la autorización judicial, que Puigdemont haya pasado por el despacho de Llarena antes. Un debate sin autorización judicial sería igual de inconstitucional que si hubiera sido telemático.
¿Qué pasaría si el martes no se presenta Puigdemont?
Si el candidato no va a ese debate y el presidente del Parlament, Roger Torrent, desobedece al Tribunal y lo celebra vía telemática no solo sería declarado nulo por el TC, sino que la Fiscalía se querellaría contra Torrent por desobediencia. Si no hay candidato para ese debate Torrent tendrá que abrir otra ronda de consultas y proponer a otro para celebrar el debate el miércoles como muy tarde. Si sigue sin haber acuerdo ya solo queda la convocatoria de elecciones.
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