La Audiencia Nacional reabre la causa por el atentado de ETA en Santa Pola en 2002

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón , ha acordado reabrir la causa por el atentado de la banda terrorista ETA que en agosto de 2002, mató a una niña de seis años y a un hombre de 57 en la localidadad costera de Santa Pola, en Alicante, mediante un coche bomba que se dirigía contra un acuartelamiento. Dejó decenas de heridos porque no dieron tiempo siquiera a desalojar.

Este movimiento es consecuencia de una querella impulsada por el abogado, Miguel Ángel Rodríguez, de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, que viene empujando iniciativas en la Audiencia Nacional para intentar depurar responsabilidades entre los autores intelectuales de distintos atentados terroristas. Con esta premisa, se ha reabierto la investigación de asuntos como el asesinato del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco.

Tras la querella, el juez abrió diligencias y dio traslado a la Fiscalía, que ha apoyado la reapertura de la causa para esclarecer la autoría mediata, ya que por la ejecución material del doble asesinato terrorista en el que perecieron Silvia Martínez, de seis años de edad e hija de un guardia civil; y Cecilio Gallego, de 57 , ya hubo sentencia. Oscar Celarain y Andoni Otegi fueron condenados en total a 843 años de prisión por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en mayo de 2012. Fue el pasado 11 de marzo cuando el Juzgado acordó incoar diligencias previas a raíz de la querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) contra los seis jefes de la banda terrorista que presuntamente componían el máximo órgano de dirección (el ZUBA) en el momento del ataque.

De ahí que García Castellón haya librado en consecuencia oficio a la Guardia Civil y la Policía Nacional para que presenten «cuantos datos obren en su poder que permitan relacionar» a históricos dirigentes de la banda terrorista ETA con la organización de aquel atentado. Pregunta en concreto por Juan Antonio Olarra Gudiri, Ainhoa Múgica Goñi, Félix Ignacio Esparza Luri, Mikel Albisu, Ramón Sagarzazu y María Soledad Iparraguirre, alias Anboto.

Ambos etarras prepararon el atentado desde una tienda de campaña. Del 28 de julio al 4 de agosto de 2002, se hospedaron en el camping Bahía de Santa Pola, a escasos 400 metros del cuartel. El coche con una carga de cien kilos de explosivos que les fue entregado en Francia, destrozó la casa cuartel y se hizo sentir a varios kilómentros a la redondoa. El objetivo era causar una verdadera masacre en un lugar muy concurrido, como Santa Pola, sobre todo en las vacaciones de verano. El coche bomba se colocó con «el propósito de causar los mayores daños y víctimas posibles», recoge la sentencia de 2012, al colocar el coche pegado a las viviendas del Cuartel de la Guardia Civil, donde a esa hora (la del atentado, a las 20:30), en verano, «estaban numerosas familias con sus hijos (...) totalmente indefensas» y además, muy cerca de ahí se encontraba una parada de autobús muy frecuentada a esas horas. Al día siguiente del atentado, más de cinco mil personas se congregaron en la Iglesia de la Asunción de la ciudad alicantina.

En la sentencia de 2012 que condenó a los dos etarras a más de 840 años de cárcel, se explica cómo los dos ejecutores de ETA del atentado carecían absolutamente de ninguna infraestructura previa y el coche les fue entregado por la organización ya preprado y cargado de explosivos. También el informe de los TEDAX recogía que por ellos mismo no hubieran podido conseguir una cantidad tan alta de explosivos.

Tras el atentado, Arnaldo Otegi , en ese momento portavoz de la ilegailizada Batasuna, evitó condenarlo y tras calificar el «fallecimiento» de las dos víctimas de «doloroso», aseguró que el presidente del Gobierno en aquel tiempo, José María Aznar, era el «responsable en primera persona también de lo que está ocurriendo en estos momentos y de lo que puede ocurrir en el futuro», en clara alusión a nuevas acciones de ETA.