Los altos cargos del 1-O que fueron detenidos denunciarán a España ante el Tribunal de Estrasburgo
El ex número dos de Junqueras, Josep Maria Jové, es el primero en elaborar la demanda contra el Estado
Los abogados de los altos cargos del Govern que fueron detenidos la semana pasada por organizar el referéndum del 1-O , suspendido por el Tribunal Constitucional, denunciarán esta semana ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo al Estado por «grave violación de los derechos fundamentales».
El exsecretario general del Departamento de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové , ha sido el primero de los detenidos que ya ha iniciado la elaboración de la demanda contra el Estado, pero según ha indicado hoy en una rueda de prensa su abogado, Andreu Van den Eynde , se espera que en los próximos días otros detenidos actuarán en el mismo sentido.
La demanda se presenta ya directamente en el Tribunal de Estrasburgo porque, según ha explicado este mismo abogado, «se entiende que la vía interna dentro del Estado ya ha quedado agotada, puesto que el Tribunal Constitucional ha sido el motor de las demás acciones y, al imponer sanciones económicas, ha actuado como parte en el conflicto, es decir, ha sido juez y parte».
Van den Eynde ha explicado que en el Tribunal de Estrasburgo se denunciará una «grave vulneración de derechos humanos fundamentales recogidos en los tratados internacionales», pero los abogados también estudian emprender «acciones penales contra quienes, en particular, están conculcando con sus decisiones derechos de los catalanes».
«A nadie se le va dejar de pedir responsabilidades penales por sus actos, desde fiscales y jueces hasta los responsables policiales» (de la Guardia Civil o Policía Nacional), ha advertido este abogado, ya que a su juicio «están impulsando un "estado de excepción" sin que haya sido declarado legalmente , y se ha producido de facto una suspensión de los derechos y garantías de los catalanes».
Según el abogado de Jové, «la fiscalía y los jueces sólo recogen en sus pronunciamientos leyes españolas, haciendo una interpretación de las mismas, pero se olvidan de que España está obligada a garantizar los derechos recogidos en los tratados internacionales que ha suscrito».
Ha especificado, en este punto, que «las detenciones por razones políticas, las prohibiciones, los registros, las confiscaciones, las amenazas a medios de comunicación, o la censura de páginas web» constituyen «graves violaciones de derechos democráticos básicos que, en Cataluña, han quedado en barbecho».
«Estos derechos conculcados resulta que son principios fundamentales de la UE» y este es el motivo sobre el que girarán las demandas que serán presentadas ante el Tribunal de Estrasburgo, ha avanzado Andreu Van den Eynde, que además de defender a Jové, es también el abogado de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell .
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