Alfonso Pinilla: «Lo de Carrillo y Suárez es un pacto por la supervivencia»

El domingo 27 de febrero de 1977 Ana Montes, la mujer de José Mario Armero, mano derecha de Adolfo Suárez, está esperando a que Santiago Carrillo baje de su piso para trasladarlo en secreto a su casa de Pozuelo de Alarcón, donde había acordado reunirse con el presidente del Gobierno. En ese momento se acerca un joven. Ella teme que es la ultraderecha y que vienen a matarla. «¿Está esperando a Carrillo? Soy su hijo, sabemos que el lugar de la reunión es secreto, pero vamos a seguirla durante un momento, por seguridad». Antes de coger la carretera a Pozuelo, ella le advierte: «A partir de aquí no puede seguirme nadie». Carrillo saca el brazo por la ventanilla y sus hijos cogen otro camino.

De esos momentos, que Unamuno denominaría intrahistoria, y de la Transición sabe mucho Alfonso Pinilla, autor de «La legalización del PCE: la historia no contada».

-En el prólogo del libro, utilizando una palabra del propio Suárez, se hace referencia a él y a Carrillo como dos «chusqueros» de la política con altura de miras. ¿A qué se refiere?

-Hay que aludir a la frase de Alcide de Gasperi, el líder de la democracia cristiana italiana, que diferenciaba entre políticos y hombres de Estado. Los políticos son los que piensan en las próximas elecciones y los hombres de Estado son los que piensan en las próximas generaciones. Adolfo Suárez y Santiago Carrillo eran dos políticos de raza. Entre otras cosas, porque acabaron poniéndose de acuerdo justo antes de las primeras elecciones, Pero también tenían esa altura de miras que les permitía sopesar el futuro y ver de qué manera se podía transitar hacia una democracia liberal.

-¿Es el miedo a la fuerza del otro la motivación de Carrillo y Suárez para negociar?

-Hay muchas variables. Suárez no quería legalizar al PCE ni lo tenía previsto. De hecho, cuando Carrillo está intentando gestionar en 1976 que el Gobierno le conceda el pasaporte, Suárez se niega en redondo. Pero las circunstancias tan difíciles, sobre todo en enero de ese año, con el a sesinato de los abogados laboralistas de Atocha y la muerte de dos estudiantes como consecuencia de cargas policiales, hace que la Transición esté a punto de naufragar. En ese momento crítico, Carrillo muestra prudencia, garantizando el servicio de orden, por ejemplo en el entierro de los abogados laboralistas, y Suárez demuestra osadía, cuando es consciente de que para salir del embrollo tiene que tomar la decisión de legalizar nada menos que al partido al que el franquismo le había colgado cuernos y rabo. También está el miedo al golpe militar. Hay pasajes en el archivo personal de Armero en los que se relata cómo Suárez le cuenta que ha estado hablando hasta las cinco de la mañana con los militares y el golpe de Estado es inminente.

-¿Hubiera podido triunfar la Transición sin que la legalización se hubiera producido en ese momento?

-Suárez necesita tanto a Carrillo como Carrillo a Suárez para sobrevivir en medio de esa tormenta. Suárez necesita al líder del PCE para conseguir que su reforma política tenga legitimidad democrática. ¿Cómo va a desarrollar una democracia creíble desde las cenizas de una dictadura y celebrar unas elecciones sin el partido más importante de la oposición? Y, al mismo tiempo, Carrillo necesita a Suárez porque sin la legalización no es un actor político que puede condicionar ese tránsito a la democracia. Hubiera sido muy difícil si no se legaliza al PCE antes de las elecciones. Lo de Suárez y Carrillo es un pacto por la supervivencia política, porque eso es la Transición, una lucha por la supervivencia política.

-¿Sacrificaron su futuro político por ese pacto?

-El sacrificio del PCE es simbólico y práctico, porque embrida progresivamente la movilidad social. Sacrifica tanto que empieza a parecer débil y el PSOE le hace el sorpasso, por utilizar terminología que está de moda. El sacrificio de los comunistas fue mayor, porque al fin y al cabo estaban en la oposición y tenía una posición de menos fuerza respecto a Suárez, que estaba en el Gobierno. Suárez a corto plazo sacrificó el hecho de tener una buena relación con el ejército, pero a la vez no sacrificó tanto, porque fue un triunfador en esas elecciones de 1977. Otra cosa es que a largo plazo le produjo un desgaste que desembocó en algunos acontecimientos dramáticos, entre ellos el 23-F.

- ¿Cómo fue la reunión entre Suárez y Carrillo?

-Cuando se le pregunta al propio Armero por el encuentro, siempre le quita hierro al asunto. Y claro, se le recuerda que allí se gestó la legalización del PCE. Pero él siempre tiene la misma respuesta: «esa reunión sirvió para que se conocieran». No se fijaron plazos, pero se pone de manifiesto cuál va ser el trueque en las negociaciones, donde intercambian legalidad por legitimidad. Allí no se pactan cosas concretas, sino actitudes y lealtades, se pacta confiar en el enemigo.

-¿Qué fue más difícil, la batalla política que se libra para legalizar el PCE o la jurídica?

-La más grave era la política, porque implicaba la posibilidad de que el ejército diera un golpe y de abrir heridas dentro del aparato franquista. La jurídica es una batalla técnica, donde al principio el Gobierno intenta lavarse las manos enviando el expediente al Supremo, que le devuelve la patata caliente. Entonces, se decide que sea el fiscal del Reino, Eleuterio González Zapatero, el que se pronuncie, para tener una excusa ante los militares. Pero el fiscal tiene hilo directo con el Gobierno, claro. Hay una conversación muy interesante entre Suárez y González Zapatero. El fiscal es uno de los inspiradores de la Ley Antiterrorista, es un jurista que ha luchado mucho porque el PCE sea considerado organización terrorista. Y a ese hombre se le tiene que convencer de que lo legalice. Le cuesta cinco horas a Suárez convencerle. Hay una presión política evidente a la Fiscalía y la política condiciona el criterio jurídico del fiscal.