La AVT acude a Estrasburgo para impedir que tres etarras descuenten las penas cumplidas en Francia

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha solicitado personarse como interviniente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, para resolver una demanda presentada por tres etarras. La demanda fue interpuesta por Santiago Arróspide Sarasola, Alberto Plazaola y Francisco Múgica Garmendia, todos ellos miembros de la banda terrorista ETA.

En ella, solicitan al TEDH descontar del total de la pena a la que fueron condenados los años de prisión que estuvieron en Francia; una petición que les fue denegada por los tribunales españoles y que, a entender de los demandantes, vulnera la Convención Europea de Derechos Humanos.

La AVT ha emitido este martes una nota de prensa en la que expresa su malestar por la aceptación a trámite de la demanda, que han calificado como trascendental para las víctimas del terrorismo.

«Podría suponer no ya la excarcelación de Arróspide, Plazaola y Múgica, si no de al menos una veintena de terroristas en circusntancias similares», lamenta la organización. La AVT argumenta su petición al Tribunal de Estrasburgo amparándose en un «pilar fundamental» de las víctimas del terrorismo: la Justicia.

En el comunicado emitido el martes, la AVT considera de gran relevancia la sentencia que pueda dictar el Tribunal de Estrasburgo, el mismo que en el año 2013 derogó la doctrina Parot. «La resolución que dicte este tribunal es de vital importancia para el éxito o no de futuras pretensiones», señala la Asociación.

No es la primera vez que integrantes de la banda terrorista acuden a Estrasburgo para denunciar al Estado español por las decisiones tomadas en los tribunales. La AVT ha contabilizado un total de 21 demandas en las que solicitan la reducción de la pena por los años en prisión en el país vecino.

Este capítulo se une, por tanto, a una larga serie de episodios en los que el TEDH ha dirimido la legalidad, conforme a los Derechos Humanos, de algunas decisiones tomadas por el Estado español contra los etarras. El caso más sonado fue la derogación de la conocida como «doctrina Parot», que supuso la excarcelación inmediata de Inés del Río y otros 60 etarras que habían cometido delitos de sangre.