El abogado del Estado avaló que Acuamed pagara parte de los desperfectos de una obra investigada

La Abogacía del Estado avaló en 2014 que Acuamed, la sociedad estatal que gestiona las obras hidráulicas, investigada por supuesta corrupción, pagara parte de los daños sufridos por una desaladora en Almería, una de las decisiones cuestionadas en la Audiencia Nacional. El juez Eloy Velasco considera que la empresa de aguas trató de beneficiar a dos compañías privadas al asumir el coste de la reparación.

En un escrito al que ha accedido ABC, fechado el diez de abril de 2014, el órgano que dirige los servicios de asistencia jurídica al Estado argumentó que Acuamed debía cubrir parte de los desperfectos sufridos por la instalación, junto a las empresas adjudicatarias FCC y Abengoa, por no haber vigilado que el seguro de la obra estuviera contratado, algo que debería haber supervisado.

Esta obra, la desaladora de Bajo Almanzora, en Almería, es una de las seis adjudicaciones investigadas por el juez Velasco, que encarceló a cinco personas, cuatro de ellas antiguos empleados de Acuamed, como el exdirector general de la sociedad Arcadio Mateo, considerado el cabecilla de una supuesta organización criminal que anidó en la empresa pública.

El magistrado, en contradicción con el informe de la Abogacía del Estado, aseguró en su auto que Acuamed se ofreció para cubrir los costes «en contra de lo que decía el contrato y la legalidad», para evitar que las compañías tuvieran que abonar la reparación. «Acuamed no exige que cubra los desperfectos y pague el seguro de las empresas contratistas», asegura Velasco.

Según el relato del juez, los directivos de Acuamed se comprometieron a pagar el 40% de los costes y a compensar el 60% -que en la teoría iban a pagar FCC y Abengoa- con compensaciones irregulares en otras obras, sobre todo en la descontaminación del pantano de Flix, en Tarragona, una partida que se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado con una cantidad de 36 millones. Esta «compensación indebida» se pactó, asegura el juez en el auto en el que acordó la prisión de los cinco encarcelados, entre la cúpula de FCC y «cargos de alto nivel» del Ministerio de Agricultura. El entonces secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, dimitió como subsecretario de Presidencia tras conocerse que algunos testigos señalaron que él es uno de los altos cargos presentes en aquella reunión.

Sin entrar en porcentajes, la Abogacía del Estado entendió que había «fundamento» para que Acuamed y FCC y Abengoa compartieran el pago de los desperfectos. El abogado del Estado Pablo Fernández Ruiz concluyó que la sociedad estatal era «corresponsable» de la situación creada: de la ausencia de un seguro suscrito ante la necesidad de cubrir los desperfectos sufridos por la desaladora, inundada por las lluvias torrenciales que cayeron en Levante en septiembre de 2012.

Fernández Ruiz explica que la sociedad estatal no pudo evitar los daños provocados por un «fenómeno natural ajeno a la voluntad de las partes», pero apunta que Acuamed «no obró con la diligencia y coherencia suficiente» al no controlar que el seguro estuviera suscrito al llegar la última fase de la adjudicación (la de operación y mantenimiento de la instalación). Fuentes jurídicas explican a ABC que es un supuesto de lo que se conoce en Derecho como culpa «in vigilando»: Acuamed no cumplió su deber de supervisión ante un posible perjuicio económico provocado por unos daños sin un seguro, que estaba previsto en el contrato inicial.

El escrito de veintiséis páginas está dirigido al presidente del consejo de administración de Acuamed, cargo que ocupa el secretario de Estado de Medio Ambiente, entonces Federico Ramos. La consulta trasladada a la Abogacía del Estado tenía, según se recoge en el documento, carácter «urgente». El juez Velasco sospecha que el ex director general de Acuamed urdió en la empresa pública una trama para beneficiar de forma irregular a empresas a cambio de favores y regalos.