De los 9.461 empleados de cinco agencias andaluzas sólo 498 son funcionarios
La Junta analizará uno a uno a los enchufados de la adminitración paralela
El Gobierno andaluz hizo público ayer el resultado de las doce primeras auditorías que ha realizado a 12 agencias públicas de la llamada administración paralela de la Junta. Se trata, por el momento, de un informe provisional que ahora se casará con los aportados por la Cámara de Cuentas y por los informes de control financiero permanente a los que están sometidos estos entes instrumentales. A partir de ahí se tomarán decisiones.
Las primeras conclusiones del estudio realizado por la Intervención General de la Junta son claras: hay duplicidad de funciones en la propia administración pública «por lo que se malgastan recursos»; cuentan con 9.461 trabajadores de los cuales sólo 498 son funcionarios (y el 94% están adscritos a la Agencia de la Dependencia), hay 83 cargos de alta dirección y sólo el 30% están titulados. Es más, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, defendió ayer que, con los informes en la mano, «el Gobierno socialista ha gestionado el dinero público sin mirar por el bolsillo de las familias andaluzas; su gestión era recaudar más para gastar más y engordar a la administración autonómica y colocar a más gente. Se ha usado con fines políticos».
A pesar de esta afirmación, el Gobierno andaluz «no va a despedir a los nueve mil trabajadores, tranquilidad», dijo Bendodo. Todo lo contrario. Se va a analizar caso a caso todos y cada uno de los trabajadores de la administración paralela (que son en total 27.000 personas) para ver cómo son sus contratos, cuántos años llevan en la Junta y si es posible demostrar cómo accedieron a estos puestos de trabajo. El informe presentado ayer, y que consta de 585 páginas, está firmado por Asunción Peña Bursón, interventora general de la Junta y que fue entre 2012 y 2017 viceconsejera de Justicia e Interior bajo en mando de Rosa Aguilar.
Oposiciones
«No va a haber despidos ideológicos», aseguraban ayer a ABC porque consideran que hay muchas personas que realizan funciones «valiosas» que son necesarias para la administración. El Ejecutivo regional se plantea, incluso, abrir oposiciones para cubrir algunas de las plazas que realizan funciones esenciales para la administración. ¿Serían plazas hechas a medida de quienes ya trabajan en la administración paralela? Fuentes del Gobierno aseguran que no, que serían oposiciones libres si bien reconocen que habría que tener en cuenta los años de servicio en la Junta.
Tanto el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, como el de Hacienda, Juan Bravo, eludieron hablar de «enchufados» como se referían a este colectivo cuando el PP estaba en la oposición y que fue, además, una de sus principales banderas contra el Ejecutivo socialista. Lo que han defendido con todo interés es que su objetivo es «poner los medios» para evitar el despilfarro del dinero público, buscando una mejor gestión. «No se van a mantener los entes que no sean estrictamente necesarios. Se va a extinguir, liquidar, fusionar o reducir, optimizando en todos los casos», dijo Bendodo.
Los principales defectos
El consejero de Hacienda, Juan Bravo, explicó que la auditoría realizada desvela errores graves de funcionamiento en estas entidades de la administración paralela. En general, no tienen plan estratégico, no emplean técnicas de gestión empresarial y no tienen implementadas la evaluación de resultados.
Además, no cuentan con autonomía en la gestión de las competencias asignadas, dada la inexistencia de una planificación estratégica propia y la identificación entre la Agencia y la consejería de adscripción en la determinación de la composición de los órganos de gobierno, dirección y gestión de la agencia.
En este sentido, no se ha dado entrada a la sociedad civil en sus consejos de administración una carencia a ojos del consejero de la Presidencia. «Ya hemos incluido a los empresarios en el consejo de administración de Extenda y seguiremos por ese camino», explicó Bendodo.
El consejero de Hacienda, Juan Bravo, detalló que su propósito es delimitar mejor y definir con precisión cuáles son las competencias de estas agencias y las potestades de los funcionarios para llevar a cabo su gestión. Una buena parte de la misma es, además, gestionar subvenciones por lo que se está analizando si estas entidades son las más adecuadas para gestionar estos fondos públicos.
A pesar de ello hay agencias cuya utilidad sí se verifica con este análisis mientras que a otras se las considera poco menos que inútiles. Así, hay cinco agencias públicas empresariales que no son el mejor instrumento para cumplir los fines por los se crearon.
Se trata de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, la Agencia Pública de Educación, la Agencia Andaluza de la Energía, la Agencia Andaluza del Conocimiento y la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia. Hay que tener en cuenta que esta última está compuesta casi totalmente por funcionarios, por lo que el trabajo que realizan podría llevarse a cabo directamente desde la consejería.
Hay otras cinco agencias públicas de la Junta que sólo cumplen a medias con sus objetivos marcados y son la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), la Agencia de Obra Pública, la Agencia de Instituciones Culturales, la Agencia Pública de Puertos y la Agencia IDEA.
