Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial
Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial - EFE

El 76 por ciento de los 104 juicios por corrupción fueron condenatorios

En 2016 se hicieron firmes las penas por este tipo de delitos para 266 personas

Madrid Actualizado: Guardar
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El 76 por ciento de las 104 sentencias por delitos de corrupción dictadas en 2016 fueron condenatorias, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que también informó de que durante el año pasado se hicieron firmes las penas por este tipo de delitos para 266 personas.

Así lo revela el registro de datos sobre procedimientos por corrupción del CGPJ, que con la incorporación de los informes correspondientes al último trimestre de 2016 permite por primera vez ofrecer información, en esta materia, de un año natural completo.

En cuanto a las investigaciones judiciales, según el citado archivo del CGPJ, los jueces españoles concluyeron en 2016 un total de 112 procedimientos por delitos de corrupción, en los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 659 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por delitos de este tipo.

El repositorio, que fue presentado el pasado 12 de enero, es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores -personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas...-, que se actualizan trimestralmente.

La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía.

De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el registro tienen como protagonistas a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y en todos ellos se vio afectado dinero público.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

De los 112 procedimientos por corrupción cuya instrucción o fase de investigación finalizó el año pasado, 21 corresponden al último trimestre de 2016.

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