El debate constitucional diluye la estrategia electoral de Mas

El PP va a basar su programa para las próximas elecciones generales en una defensa a ultranza de la actual Constitución. Si Mariano Rajoy ha aceptado recientemente plantearse la modificación de la Carta Magna en la próxima legislatura ha sido, reconocen en su entorno, para frenar las acusaciones de inmovilismo que estaba lanzando contra él Artur Mas en vísperas de la cita de Cataluña con las urnas.

En el ánimo del presidente del Gobierno no está aceptar las repercusiones negativas que tendría entre su electorado dar la imagen de que cede al chantaje de los nacionalistas.

Rajoy sorprendió a muchos, sobre todo de los suyos, cuando el pasado 8 de agosto declaró que no se opone a la reforma de la Constitución en el encuentro que mantuvo con los periodistas tras entrevistarse con el Rey en Palma de Mallorca.

Y el presidente no se limitó a pronunciar esa frase: aseguró que esa reforma, que tendría que llevarse a cabo la próxima legislatura, podría incluir modificaciones en las competencias del Estado y las comunidades autónomas; aunque, matizó, estas «no dejarán contentos a los nacionalistas».

Sus palabras fueron pronunciadas en el contexto de una nueva campaña del Partido Socialista para proponer una España federal y unas declaraciones de Albert Rivera planteando una renovación del pacto constitucional del que llegó a excluir a Mariano Rajoy. También el ministro de Justicia propuso esa reforma, lo que no es nada nuevo: Rafael Catalá ya lo mantenía antes de formar parte del Gobierno.

En esas circunstancias comenzaron las especulaciones que han ocupado buena parte de la actualidad política nacional de este mes de agosto, y que abarcan desde un cambio profundo en el PP sobre esta cuestión a la posibilidad de que se esté fraguando un gran pacto entre las formaciones de carácter nacional para enfrentarse al independentismo con una postura común después de las próximas elecciones generales. «No hay nada de esto. Rajoy no se ha movido un milímetro de su postura de defensa del pacto constitucional vigente», asegura un alto cargo de su partido.

También reconocen que las palabras del presidente sobre los cambios en la Carta Magna han tenido la finalidad de desactivar las acusaciones que le estaban llegando desde Cataluña de mantener una postura inmovilista y una cerrazón a hablar de propuestas futuras frente a los cambios que sí propugnan en el PSC y en Ciudadanos.

Satisfechos en el PP

El PP se muestra satisfecho de la reacción registrada a su doble propuesta de las últimas semanas: por una parte, la de hacer cambios en la Constitución en la próxima legislatura y, por otra, la de reabrir la cuestión de la financiación autonómica en cuanto pasen las próximas elecciones generales. Una vez que España se encuentre situada en el camino de la recuperación de una crisis que impidió que el Estado accediera a las demandas de varias comunidades autónomas de mejorar sus condiciones financieras. «Ya hay dinero y por lo tanto esa mejora ya es posible», asegura un miembro de la dirección del PP.

Los populares acusan a Pedro Sánchez de actuar al dictado del PSC y no solo con la propuesta de financiación, sino fundamentalmente con la de un cambio constitucional que recomienda, según hemos sabido estos días, que reconozca el «hecho diferencial» y la singularidad de Cataluña; informaciones que de forma inmediata fueron contestadas por varias comunidades, sobre todo Andalucía, lo que ha provocado que el PSC archive el debate que había abierto sobre este tema.