UPyD lleva 265.000 euros gastados en juicios contra la «corrupción generalizada»

En nombre de la decencia democrática, UPyD libra una cruzada en los tribunales contra los excesos del sistema financiero, la corrupción en todas sus formas o la falta de independencia en instituciones y órganos del Estado, lease el reparto entre los grandes partidos de los asientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por esta actividad, la formación magenta ha sido acusada de buscar entre togas un protagonismo y un brillo que no alcanza con el ejercicio de la política o directamente de querer lapidar en el banquillo al adversario -o a sus amigos- a falta de capacidad para vencerle en las urnas. Pero en el núcleo de UPyD hay una convicción: que en España la corrupción está «generalizada» -en el debate de investidura se lo dijo Rosa Díez a Mariano Rajoy, que reaccionó escandalizado- y que la situación económica del país está «directamente relacionada» con ese deterioro político e institucinal.

Las actuaciones judiciales están suponiendo para el partido una sangría económica importante en términos de peritos, costas, fianzas o procuradores, que han supuesto ya desembolsos por valor de 61.800 euros; 12.000; 40.500 y 22.100 euros respectivamente. Suman 136.400 euros, a los que hay que añadir las horas que invierten abogados propios y voluntarios, robadas muchas veces a sus propios despachos, y que estimadas a bajo precio alcanzan los 127.750 euros. En el mercado, contratando los servicios de bufetes externos, UpyD no podría pagarlo. En total, el cálculo de este ir y venir en los tribunales arroja ya la cifra de 264.905 euros.

Los frutos de Bankia

El esfuerzo humano y el que se carga a los presupuestos del partido -de 4,5 millones en 2014- se compensa en parte por los resultados positivos, que ya se acumulan. El miércoles se conocía que el TC ha dictado una sentencia a su favor en la que, por cuarta vez en un mes, anula acuerdos que vetaron el ejercicio de la oposición en la Asamblea de Madrid, a la que UpyD considera el paradigma de «un caciquismo que alcanza niveles de prevaricación». Pero su gran éxito lo constituye hasta ahora la querella presentada en junio de 2012 contra todos los responsables de Bankia, un caso que ha desembocado en el descubrimiento de mecanismos como llamadas las «tarjetas black» o en episodios antes impensables como la comparecencia de Rodrigo Rato ante el juez.

El devenir de este proceso, conjuntamente con el de sus piezas separadas, -como las preferentes o la fusión y salida a Bolsa de Bankia- ya ha dado lugar a más de un centenar de imputaciones y a que «hayan empezado a poner el dinero a través de fianzas». Lo recuerda el secretario general de UPyD en el Congreso, Andrés Herzog, que subraya el hecho de que «por primera vez en España se haya conocido una operación de esta envergadura con esta transparencia, con independencia de como acabe: las reuniones clandestinas, la salida de Rato, la actuación del Gobierno...». Y, por descontado, pone en valor que denuncias como esta estén generando «una jurisprudencia importante» de utilidad en el futuro.

La constelación Bankia es la que más dinero ha costado a UPyD -van 93.830 euros- y la que ha alcanzado ramificaciones de una gravedad tal que eclipsa a muchas otras acciones judiciales que el partido ha planteado, sean las referidas a cajas de ahorro más pequeñas (Caja Segovia, Caja Navarra, Banca Cívica, Caja Burgos... ), sea la que impugna los nombramientos de un órgano tan a trasmano como el Consejo de Seguridad Nuclear. Junto a ellos, están en los despachos de la organización magenta dossieres referidos a asuntos de máxima repercusión, como el desfalco de Caja Madrid, el caso Pujol, los cursos de formación en Andalucía o las numerosas iniciativas que la formación liderada por Rosa Díez planteó en los tribunales antes y después de la consulta independentista en Cataluña.

Interés general

«Es una cuestión de principios: ante un sistema que deja mucho que desear en calidad democrática, sólo queda, desgraciadamente, la vía judicial», defiende Herzog que niega que el afán de UPyD sea el de buscar titulares o rédito electoral recordando que, antes de emprender muchas causas, el partido se dirigió a la Fiscalía, el Banco de España, el FROB o la Abogacía del Estado para que tomaran la iniciativa.

El único objetivo de su tormenta de acciones judiciales, zanja el también miembro de la Dirección del partido, es el «interés general». «Nos han hecho ofertas para que nos metiéramos en pleitos de asuntos privados relacionados con Podemos o con el marido de Maria Dolores de Cospedal, y nos hemos negado», revela. Pero ante sospechas como las que se ciernen sobre numerosos casos, y en concreto Bankia, subraya que «no quedaba más remedio: si no lo hacíamos nosotros no lo hacía nadie... es un rescate con un dinero puesto por todos y no puede ser que haya muchos estafados sin estafador».

Herzog admite que las energías y los recursos que se destinan a estos fines se restan a la labor política pura y dura, pero reitera que es necesario. Aunque nada fácil. Primero porque hay que «concentarse en batallas importantes y dejar otras por el camino», sobre todo cuando se enfrentan a grandes nombres con grandes equipos de abogados que -describe- «te barren». Pero también porque -denunca- hay «obstáculos».

«Obstáculos» procesales

Valga como ejemplo la denuncia contra Caja Madrid, presentada por UPyD por los 15 millones que sus altos cargos se repartieron en retribuciones, pensiones, prejubilaciones etcétera. «Lo llevamos al a Fiscalía Anticorrupción, me llamó a declarar sólo a mí y lo archivó», relata el interlocutor. Pero el asunto está hoy en el Juzgado de Plaza de Castilla pendiente de reparto. Contra el archivo de otra denuncia, la que se registró por la destrucción en el PP de los discos duros con la información de su tesorero Luis Bárcenas, UPyD presentó un recurso que hace año y medio esperan que se resuelva. E imposible está siendo, de momento, que se personen en la macrocausa Gürtel, donde el juez Pablo Ruz ha rechazado su intento de participar aportando nuevos «indicios» de la trama en Alcalá de Henares por entender que «superan el objeto de la investigación».

No todo, por tanto, son satisfacciones. En su pelea por impugnar la colonización del CGPJ se les ha negado legitimaciónal no formar parte del reparto del Consejo que denuncian. En lo que llaman el «rescate» de Navarra -«el Estado perdonó a la Comunidad Foral 1.500 millones de la recaudación del IVA de Volks Wagen en una reunión privada»- su denuncia se ha desestimado por el mismo motivo. Mención aparte a la querella y tres ampliaciones ante la consulta catalana por la sistemática subversion de los mandatos del TC, que no progresa en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en lo que para UPyD es «un buen ejemplo de politización»