La Fiscalía pide acumular en una causa las 22 denuncias por el 9-N

La Fiscalía ha enviado un escrito a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el que pide acumular en una sola causa las 22 denuncias presentadas en distintos juzgados contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por la celebración de la votación secesionista del pasado 9 de noviembre. Como se sabe, el líder de CiU consumó el simulacro de consulta, a pesar de que el Tribunal Constitucional lo había suspendido.

«Entendemos que todos los escritos de denuncia y querella dirigidos contra el presidente de la Generalitat, y en su caso miembros de su Gobierno, que tengan como eje central los actos de preparación y celebración del acto participativo del 9-N deben ser acumulados en una sola causa», explica el Ministerio Público.

La finalidad de esa petición es «evitar reiteraciones, acelerar el proceso, dar una respuesta unitaria y, en suma, garantizar la tutela judicial efectiva».

El fiscal indica que la citada Sala del TSJC ha informado de la presentación de «hasta 22 denuncias y querellas contra el presidente de la Generalitat y otros miembros del Gobierno que tendrían un mismo objeto. Aunque no lo precisa, es obvio que el objeto es la convocatoria y celebración de un acto de participación y votación el día 9 de noviembre». Invoca el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), según el cual se entiende por delitos conexos los que «se imponen a una persona al incoarse contra la misma causa por cualquiera de ellos, si tuvieren analogía o relación entre sí, a juicio del Tribunal, y no hubiesen sido hasta entonces sentenciados». Este apartado de la LEC «cubriría todas las acciones del presidente dirigidas a la celebración del acto del 9-N, al margen de la valoración típica que puedan contener las querellas».

Polémica judicial

Tras un pulso entre el fiscal general del Estado, partidario de presentar querella contra Mas —así como contra la vicepresidenta catalana, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau—, y la Fiscalía del TSJC, que se resistía a hacerlo, finalmente el ministerio público acusó a estos altos cargos de los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones.

Por su parte, las entidades del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir se «corresponsabilizaron» ayer del proceso del 9-N y calificaron como una «ofensa a la dignidad nacional» la querella de la Fiscalía. No obstante, a diferencia de los partidos secesionistas, esta entidades rechazaron autoinculparse.