La Fiscalía de Cataluña pide acumular en una sola causa todas las querellas sobre el 9-N

La Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido este miércoles al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que acumule en una sola causa las más de veinte querellas y denuncias que ha recibido contra el presidente catalán, Artur Mas, y otros miembros del Govern por la celebración del 9-N.

En un escrito, el ministerio público pide una causa única sobre las responsabilidades penales derivadas del proceso participativo del 9-N, que fue suspendido por el Constitucional, pero no precisa si debe ser su propia querella la que aglutine el resto de denuncias interpuestas, algunas de ellas anteriores a la de la Fiscalía.

La Fiscalía Superior de Cataluña ha respondido así el requerimiento que le planteó el TSJC para saber si el ministerio público era partidario de acumular las denuncias y querellas relacionadas con el 9-N, que a día de hoy suman 23 según fuentes judiciales, por la «conexidad» existente entre los delitos incluidos en las mismas.

En su escrito, el ministerio público recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que los delitos conexos deben comprenderse en un solo proceso para evitar reiteraciones, por lo que ese principio, a su entender, «cubriría todas las acciones del presidente dirigidas a la celebración del acto del 9-N», al margen de los delitos concretos que mencionen las distintas querellas.

En opinión de la Fiscalía, no impide la acumulación de todas las denuncias en un proceso único «la cita de actos puntuales distintos, siempre que se trate de hechos relacionados directa o indirectamente con la votación del 9-N». La Fiscalía cree que la Ley de Enjuiciamiento Criminal también ampara la acumulación de las distintas denuncias, cuando estas describen una «actuación concertada de dos o más personas».

El escrito del ministerio público desencalla la situación en que se encontraba la querella que la Fiscalía presentó el pasado 21 de noviembre contra Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consellera de Educación, Irene Rigau, por los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y usurpación de funciones.