El Congreso da luz verde a la ley de concesión de la nacionalidad a los sefardíes

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde con carácter inicial la ley de concesión de la nacionalidad a los sefardíes originarios de España tras un debate en el que tanto La Izquierda Plural como ERC habían planteado, vía enmienda a la totalidad, la extensión de igual derecho para los saharauis. Esa petición de devolución ha sido finalmente retirada por los firmantes «en aras del diálogo», después de no haber encontrado apoyo para ella en el resto de fuerzas parlamentarias, muchas de las cuales sí han agradecido, no obstante, que se hubiera planteado su discusión. El texto relativo a los sefardíes, que modifica el artículo 23 del Código Civil, tiene aún por delante una larga tramitación parlamentaria.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha sido el encargado de defender la ley ante el Pleno en una intervención en la que ha dejado claro que la ley abordada hoy «no pretende buscar un agravio» contra nadie, ni tampoco una «regulación completa del derecho de nacionalidad».

Así, ha expuesto que se refiere a los sefardíes originarios de España siguiendo un camino que la propia sociedad, así como disposiciones anteriores con especial mención a una de 1924, ya han recorrido en favor del reencuentro con los descendientes de los judíos que fueron expulsados por el edicto del 31 de marzo de 1492. Una comunidad, ha subrayado el ministro, que ha demostrado un «extraordinario ejemplo fidelidad a la lengua, costumbres y memoria de un país» además de una «intensidad afectiva» y a su particular modo de saber «conciliar identidades distintas sin renunciar a ninguna de ellas».

Catalá recordó que la ley dará un carácter más actualizado y general a la nacionalización de los sefardíes, que en los últimos ocho años se ha otorgado por residencia en 107 casos y por carta de naturaleza en otros 746.

La nueva normativa no exigirá que estas personas tengan que residir en España ni que renuncien a su nacionalidad interior. Tendrán que superar una prueba de conocimiento de lengua, cultura y costumbres que será gestionada por el Instituto Cervantes y la recopilación de la documentación será encargada a notarios que valorarán certificados como el del presidente de la comunidad judía de la zona de residencia del interesado, su partida de nacimiento, de matrimonio, o el apellido «de linaje sefardí», como elemento adicional. Los grupos de oposición fueron muy críticos con el hecho de que la ley prevea el pago de 75 euros para acceder a este trámite.

Por justicia histórica

ERC y La Izquierda Plural solicitaban al Ejecutivo, en sendas enmiendas de totalidad, que aprovechara la oportunidad de extender el derecho a saharauis, nietos de españoles y moriscos, que fueron expulsados de España en 1610 y actualmente viven en Marruecos y Argelia.

«No se trata de un desacuerdo con el reconocimiento de la nacionalidad de un colectivo que tiene todo el derecho a que sea reparada una injusticia histórica. Habría que unirle una nueva injusticia, actual, que solamente se reconociera la nacionalidad a los sefardíes y no a los saharauis, que tienen el mismo aprecio por la cultura y el idioma que los sefardíes y una injusticia histórica que no se reconociera a los nietos de españoles», subrayó esta semana Gaspar Llamazares, diputado por IU.