Tres presos del procés piden hacer ruedas de prensa en el Supremo en campaña
Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez son candidatos por Lleida, Tarragona y Barcelona, respectivamente
Los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull y el exlíder de ANC Jordi Sànchez , candidatos al 28-A, han pedido al tribunal del «procés» que les conceda permisos para salir de prisión e ir a actos de campaña o, de lo contrario, que les permita dar ruedas de prensa y grabar vídeos electorales en el Supremo.
Una petición que dirige su abogado, Jordi Pina , al alto tribunal en un escrito después de que éste les denegase la libertad provisional al considerar que sus derechos políticos y de defensa están garantizados aunque estén en prisión.
Tras esta negativa, el letrado pide que el tribunal conceda permisos a los tres acusados, que se encuentran en prisión preventiva, «para poder acudir, debidamente custodiados si fuera necesario por las fuerzas de seguridad del Estado, a los actos de campaña de sus candidaturas, incluidos aquellos debates electorales a los que sean invitados por los medios de comunicación».
Todo ello con el fin de que se les permita «intervenir en condiciones de máxima igualdad con los restantes candidatos en la campaña electoral». Los tres son cabezas de cartel por JxCat en distintas circunscripciones: Sànchez por Barcelona, Turull por Lleida y Rull por Tarragona.
En caso de no atender a su petición, los tres encausados solicitan al tribunal que les permitan conceder entrevistas a los medios, grabar anuncios electorales o incluso realizar ruedas de prensa durante la campaña en los recesos del juicio o antes del inicio de las sesiones «desde la propia sede del Tribunal Supremo».
En su escrito, el letrado argumenta que el derecho de participación política es «indisociable» de la posibilidad de exponer públicamente «las razones» que motivan las candidaturas de sus representados y la «petición del voto al conjunto de los ciudadanos».
Además, el letrado Pina considera su petición «conforme con el principio de proporcionalidad» dado que permite conjugar los fines de la prisión preventiva con el legítimo ejercicio de los derechos políticos.
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