Andalucía
El presidente de CEA: «¿Eliminar las deducciones fiscales? Aquí improvisan los ministros cada día»
Javier González de Lara denuncia que «subir cotizaciones encarecerá el coste del empleo y será un problema para las pymes y autónomos»
Los empresarios de Andalucía integrados en la CEA celebran esta semana su asamblea general, en la que su presidente desde hace seis años, el malagueño Javier González de Lara, someterá a aprobación el presupuesto para 2020, que se acerca a los 4,8 millones. González de Lara tiene bajo su mando a 800 organizaciones y 200.000 empresas y autónomos en toda Andaluc ía, donde los efectos del coronavirus sobre el turismo añaden aún más incertidumbres a la desaceleración económica que vive esta región con una tasa de desempleo del 21%.
Se ha cumplido un año del Gobierno del PP y Cs en Andalucía. ¿Qué balance hace del mismo?
Es un Gobierno que inició su andadura sin experiencia previa de coalición y con la necesidad de contar con un tercer partido para la gobernabilidad. Se han hecho muchas cosas, aunque hay que darle tiempo porque un gobierno no puede hacer todo en un año. En síntesis, ha habido grandes avances y, sobre todo, ha generado confianza. ¿Qué debe hacer un Gobierno? Transmitir estabilidad porque es lo que la economía, la sociedad, los empresarios y los ciudadanos demandamos para que se den los entornos adecuados para la inversión y el desarrollo económico.
¿Ha respondido el Gobierno de Juanma Moreno a las expectativas de la CEA?
No se puede hacer más en un año. Hay que darle tiempo. A un Gobierno hay que juzgarlo en el contexto de una Legislatura completa. Imaginamos que a partir de ahora la acción de Gobierno se intensificará. Ha sido un año positivo porque se han aprobado dos presupuestos en 2019, lo que ha transmitido estabilidad. Además, ha habido una bajada fiscal que ha afectado a empresas pero también a muchos ciudadanos. Estamos muy satisfechos con la simplificación de trámites administrativos, un tema en el que CEA ha colaborado con el Gobierno para reducir la hiperregulación y simplificar trámites. También se ha logrado la reforma de la Ley de proyectos estratégicos, que era una petición ancestral de CEA. Entendemos que es el camino. Necesitamos que Andalucía rompa el diferencial que tiene con otros territorios de España con la acción de Gobierno, que ponga a la empresa como elemento de desarrollo y progreso.
¿Qué espera la CEA del Gobierno andaluz hasta que acabe la Legislatura?
Que actúe de manera firme dentro del diálogo social sobre el principal problema de los andaluces: el paro. Hemos convertido el problema del desempleo en algo estructural, como si formara parte del paisaje, mirando el problema con resignación, como si no se pudiera hacer más, cuando tenemos unas tasas de desempleo inasumibles en Andalucía, del 21%, cuando la media nacional está en el 14%. Hay que actuar.
¿Es necesario un pacto por el empleo?
No hablamos de un pacto, sino de acciones concretas en materia de empleo, mejor que sean consensuadas, lo que da legitimidad al Gobierno. En Andalucía hay muy buena interlocución con las consejerías de Empleo, Presidencia y Economía de la Junta para actuar de manera consensuada. El diálogo social genera estabilidad. Hay una gran diferencia con lo que ha hecho el Gobierno central con el tema del coronavirus, sacar una instrucción que afecta a los trabajadores y la empresa sin contar con ninguno de ellos. Un Gobierno no debe actuar por decreto e improvisando.
Los cursos de formación ya no pasan por las manos de sindicatos y la patronal. ¿Qué le parece?
Muy bien, que se haga dentro de la concurrencia competitiva y que participe el que quiera. Desde que yo soy presidente de CEA no hemos hecho un solo curso de formación. A nosotros no nos preocupa ejecutar formación, lo que nos interesa es que se haga formación porque llevamos cinco años en los que se ha abandonado la recualificación de los trabajadores, que es una herramienta para la competitividad de nuestras empresas. Y ello a pesar de que los empleados y las empresas financiamos la formación ocupacional. Los empresarios pagamos un 0,6% de las cotizaciones sociales para la formación y los trabajadores un 0,1%, lo que genera anualmente en España una media de 4.000 millones de euros, lo que en cinco años son 20.000 millones de euros que no sabemos dónde están porque no se ha destinado, a pesar de ser un dinero finalista. No señalo con el dedo a nadie y menos a la Consejería de Empleo, que está haciendo lo posible para ponerlos en marcha. La consejera de Empleo está haciendo un trabajo para normalizar la situación.
La concertación social está parada desde hace años en Andalucía. En 2017, cuando Moreno Bonilla aún no era presidente de la Junta, urgió a Susana Díaz a llevarla a cabo. ¿Es necesaria la concertación y tiene que implicar la aportación dineraria por parte de la Junta?
Yo hablaría más de diálogo social porque el término «concertación social» tiene ciertos componentes distorsionados por el pasado. El diálogo social tendrá que ser con los agentes sociales que operan en el mercado de trabajo. En cuanto a la aportación dineraria, el diálogo social no tiene que suponer aportación dineraria. Hay que olvidarse de los formatos que hubo en el pasado. Desde que yo soy presidente de la CEA hace dos años es luchar por la paz social, lo que supone negociar 800 colectivos colectivos, por ejemplo. Hemos suscrito acuerdos con la Junta independiente de dotaciones económicas.
En un contexto de inestabilidad y desaceleración, y con el coronavirus agravando la situación, Podemos está presionando al PSOE para que aumente las bases máximas de cotización. ¿Qué efecto tendría en las empresas andaluzas?
Bastante negativo. Todo lo que sea tocar el equilibro de las bases de cotización encarece el coste del empleo y será un serio problema para las pymes, los autónomos y las grandes compañías porque al final será más caro contratar. Podemos hablar eufemísticamente de cotizaciones sociales pero eso no son más que impuestos sobre el empleo. Un trabajador que gane brutos 2.000 euros, al final en su bolsillo le quedan 1.200 euros por deducciones de la Seguridad social y el IRPF. Tenemos una presión fiscal altísima sobre el empleo y nadie quiere entrar en ese debate porque piensa que puede afectar a la sostenibilidad del propio modelo. Nada más lejos de la realidad.
El objetivo del PSOE y Podemos es modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para introducir un nuevo marco regulatorio que pasaría por igualar las condiciones salariales de los trabajadores de las subcontratas.
La externalización de servicios es una tendencia imparable en los últimos años en España y, por supuesto, en Andalucía. Se produce en todos los sectores. El llamado outsourcing está regulado laboralmente en convenios sectoriales, lo que aporta a los clientes flexibilidad y productividad. Todo lo que sea modificar ese artículo provocará una mayor rigidez en materia de contratación de obras y servicios. Por lo tanto, nos tiene muy preocupados porque generaría un daño perverso en el empleo porque estamos hablando de sectores muy dinámicos en generación de empleo, como es el sector servicios. Se pueden mejorar algunas prácticas pero querer modificar ese artículo sin diálogo social es un enorme error y va a generar muchos problemas. Además, al final muchas empresas estudiarán deslocalizarse e irse a otros países si le pones dificultades para subcontratar.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quiere acabar con las deducciones fiscales de las que se benefician empresas e individuos. Escrivá asegura que sólo con la mitad de lo que el Estado gasta anualmente en deducciones fiscales podrían pagarse las pensiones de los babyboomers.
Vamos a ser serios, no quiero entrar a valorar ocurrencias. Aquí, los ministros improvisan cada semana. Esto forma parte de una estrategia: lanzan un globo sonda, nos distraen a todos y a ver qué pasa. No quiero entrar en el juego de hacer valoraciones de meras especulaciones. Lo que sí nos sorprendió es la reforma del 52d, despidos improcedentes por causa de absentismo, sobre todo absentismo recalcitrante cuando se demuestra que hay personas que abusaban. Apostamos por el diálogo social.
No fue lo que hizo Sánchez con la primera subida del 22% del SMI, que por cierto la Administración no la aplica en sus contratos con empresas.
Efectivamente, eso ha provocado un gran perjuicio a las empresas contratistas de la Administración. La segunda subida del SMI fue del 5,5%, lo que suma casi un 37% de incremento salarial. Hay empresas contratistas a las que ya no les sale las cuentas, lo cual perjudica al propio trabajar porque en algunos casos las compañías dejan de prestar el servicio porque no hay muchas que en dos años hayan incrementado sus beneficios un 30%. Lo que se consigue con estas medidas no reflexivas es que se judicialicen las relaciones laborales y llegará un momento en que los tribunales estarán cada vez más colapsados. Los cambios normativos en las relaciones laborales hay que hacerlos con sensatez y dentro de mesas de negociación para tomar medidas útiles para los ciudadanos, no que respondan a una cuestión ideológica para buscar un titular.
¿Hay un riesgo claro de podemización de la economía?
La economía es tan poderosa que funciona al final independiente de quien gobierna. En un gobierno de coalición de esta naturaleza hay ciertos miembros a los que les interesa más el titular mediático que un resultado que haga más competitiva nuestra economía.
El campo español está levantado por los bajos precios y sus altos costes, que se han incrementado con la subida del SMI. La ministra de Trabajo anuncia bonificaciones al campo por el SMI pero ligadas a la estabilidad en el empleo.
El sector agrario y ganadero es estratégicamente relevante y está reivindicando su peso en la economía, su valor vertebrador desde el punto de vista social, permitiendo que la España rural no se vacíe. El Gobierno central no le está prestando atención al campo y está ocultando los problemas con medidas que no está satisfaciendo a organizaciones agrarias, como pueda ser Asaja. El campo necesita una atención integral, una estrategia y no improvisación.
La Comisión Europea habla de un riesgo de recesión en Francia e Italia en el primer semestre de 2020 por el coronavirus. ¿Eso tendrá un efecto dominó en Europa?
No necesariamente. Hay que ser prudentes. Hay organismos que se equivocan en sus previsiones. Seguro que la tendencia dentro de tres meses es distinta.
¿Qué opina de la guía que ha editado el Ministerio de Trabajo ante el coronavirus, que recomienda cerrar empresas en caso de contagios?
Es una decisión desafortunada porque no está consensuada con sindicatos y patronal, y porque genera una preocupación innecesaria. Parece que el Gobierno de PSOE y Podemos está empeñado en generar incertidumbre. Han dado a conocer una guía por los medios de comunicación y el 99% de las empresas andaluzas aún no la conocen. El Ministerio tampoco ha consultado a los empresarios, que somos los que tenemos que tomar la decisión. ¡Pero si no contado para esa guía ni con los más de 10.000 delegados sindicales de prevención y de salud laboral!.
Trabajo propone que si Protección Civil declara la emergencia en una zona afectada y se detiene la actividad empresarial, éstos podrían quedar exentos del pago de cuotas de la Seguridad Social y que los despidos los pagaría el Fogasa.
En cuanto al Fogasa, eso lo recoge ya el Estatuto de los Trabajadores y la legislación laboral. No es ninguna novedad. Sobre la exención de las cuotas, espero que no se produzca porque no hay nada peor para un empresario que cerrar su empresa.
El consejero de Economía de la Junta, Rogelio Velasco, ha dicho que el coronavirus es una crisis transitoria. Sea o no transitoria, ¿el daño ya está hecho a la economía andaluza, con la caída de reservas hoteleras y el aplazamiento de congresos?
Tenemos que llamar a la serenidad y tomar medidas precautorias. Hay quien me ha preguntado si los empresarios vamos a empezar a despedir a trabajadores. Nada más lejos de la realidad.
Dice que no hay el menor atisbo de despedir a nadie. ¿No se ha precipitado al decir eso?
Digo que hoy por hoy no hay el menor atisbo de despedir a nadie . En Italia ha habido más de 100 muertos por el coronavirus, algo que no tiene nada que ver con la realidad española. Los empresarios no tenemos ninguna estrategia para librarnos de empleados. Queremos que funcione la economía con normalidad. Ya estamos sufriendo en muchos sectores la falta de productos, de suministros... porque si la fábrica del mundo que es China se frena, también lo hará el resto.
Pero hay empresas que han anunciado ya Expedientes de Regulación Temporal (ERTE) por falta de suministros.
Un despido es algo diferente a un ERTE por razones de fuerza mayor o circunstancias de producción. Si las cosas fueran a más, las empresas estaríamos abocadas a tomar otras decisiones.
¿Los congresos previstos en Andalucía están en el aire por el coronavirus?
Hay que transmitir confianza porque hoy no hay una razón objetiva para suspender muchos congresos, como ha ocurrido con el Mobile de Barcelona o la Feria de Turismo de Berlín. Esos congresos eran internacionales pero es que hay muchos congresos nacionales en Andalucía. No podemos paralizar una industria turística congresual por una serie de temores. Evidentemente si hubiera una extensión de la epidemia en las próximas semanas, se adoptarían decisiones que habría que acatar y aceptar. Hoy la situación está controlada en España y Andalucía. Hay que bajar un poco el nivel de alarma con el coronavirus. Tengamos calma. Me preocupa más que China se recupere y siga produciendo, porque de lo contrario sí tendremos un serio problema.
