Los accionistas de Abengoa aprueban las cuentas de 2019, que registran pérdidas 412 millones
La Comisión Nacional del Mercado de Valores abrió expediente sancionar a la multinacional por no presentar las cuentas auditadas en tiempo
La junta general de accionistas de Abengoa ha aprobado con más del 70% de los votos las cuentas anuales de 2019, que reflejan unas pérdidas de 487 millones de euros y deudas por más de 1.100 millones de euros. La aprobación de las cuentas es fundamental para que la compañía pueda optar a contratos públicos y también para que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pueda decidir si le inyecta 249 millones de euros.
La compañía, constituida en 1941 en Sevilla, tiene un capital social de 35,8 millones de euros, representados en acciones de clase A y B (su cotización está suspendida desde julio de 2020). Los accionistas más significativos son la Sindicatura de Accionistas Minoritarios de Abengoa (21,4%), la Secretaría de Estado de Comercio (3,1%), Banco Santander e Inversión Corporativa (1,2%).
Abengoa S. A. es la sociedad dominante de un grupo de compañías integrado por 286 sociedades a fecha de marzo de 2021. La matriz está en concurso de acreedores desde febrero de 2021 y su administrador concursal es EY Abogados, que realizó un informe provisional de la compañía en el que cifra su patrimonio neto a finales de 2019 en -388 millones de euros. La situación se habría agravado en mayo de 2021, ya que el patrimonio neto sería de -412 millones de euros.
EY Abogados ha reconocido que Abengoa S.A. tiene 1.196 millones de euros en créditos ordinarios, subordinados, con privilegio, contingentes o litigiosos. Su activo se eleva a 618 millones de euros. En 2019, su cuenta de resultados arrojó unas pérdidas de 487,6 millones de euros,
Las cuentas han sido auditadas por PwC, que durante 2020 se negó a dar el visto bueno a las mismas a pesar de los ruegos del equipo del entonces presidente de Abengoa, Gonzalo Urquijo. La aprobación de las cuentas son importantes de cara al informe que tanto PKF Attest como Grant Thornton tienen que realizar para que la SEPI decida si concede 249 millones de euros a Abengoa para su rescate. PKF es el asesor legal, tiene que informar sobre la elegibilidad de Abenewco para acogerse al fondo y Grant Thornton es el asesor financiero, que dará su opinión sobre el plan de negocio de la compañía.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), presidida por Rodrigo Buenaventura , abrió un expediente administrativo sancionador por infracción muy grave a Abengoa, así como a los miembros de su consejo de administración por no hacer públicas las cuentas de 2019 debidamente auditadas. El expediente se incoó, por tanto, por infracción de Abengoa S.A. y del consejo que presidía Gonzalo Urquijo y que estaba integrado por Josep Piqué, Manuel Castro Aladro, José Luis del Valle Doblado, José Wahnon Levy, Ramón Sotomayor Jáurequi y Pilar Cavero Mestre.
Por otra parte, la junta general de accionistas ha votado la ratificación de los nombramientos de los consejeros Clemente Fernández y Alfonso Murat. Sin embargo, ha rechazado ratificar el nombramiento de Cristina Vidal, que se concirtió en consejera por el procedimiento de cooptación y que formaba parte del equipo de Juan Pablo López-Bravo. Éste presentó su dimisión en octubre pasado para evitar su destitución por parte de la junta general de accionistas. La inclusión de Cristina Vidal fue un acuerdo alcanzado para «garantizar la paz social, así como la viabilidad del grupo».
Por otra parte, los accionistas han rechazado también someter votación el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de la sociedad relativo al ejercicio 2019. Poco después de ser destituido como presidente por la junta general de accionistas y antes de dejar el cargo de presidente de Abenewco1, Gonzalo Urquijo renunció a la indemnización que le correspondía de dos anualidades tras cesar en esos cargos.
El contrato de Urquijo como presidente ejecutivo de Abengoa era de duración indefinida y en él se preveía una compensación económica en caso de extinción de la relación contractual con la sociedad, salvo que sea como consecuencia del incumplimiento grave y culpable de sus obligaciones, o por voluntad propia, según un informe de Gobierno Corporativo de 2019. En 2019, Abengoa informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su presidente ganó dos millones de euros -un millón de sueldo y otro millón de complemento variable a corto plazo-, por lo que Urquijo hubiera tenido derecho a reclamar cuatro millones de euros por su cese.
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