Los taxistas londinenses pierden una demanda contra Uber

De esta forma los jueces del Alto Tribunal de Londres Ian Burnett y Michael Supperstone han rechazado este martes las alegaciones contra la decisión de la jueza Emma Arbuthnot, que concedió a Uber un permiso de 15 meses para operar

La empresa que gestiona la movilidad en la capital británica rechazó en septiembre de 2017 la petición de Uber para mantener su permiso otros cinco años ABC

EFE

Los taxistas londinenses han perdido este martes una demanda en la que acusaban de parcialidad a la jueza que otorgó un p ermiso de 15 meses a la compañía estadounidense Uber para operar en la capital británica.

La organización United Cabbies Group (UCG), que agrupa a conductores de los conocidos como «black cabs» -los taxis de Londres- considera que la decisión de la jueza Emma Arbuthnot estuvo «contaminada por aparente o real sesgo» por las relaciones financieras de su marido, Lord Arbuthnot, con la empresa de transporte.

Sin embargo, los jueces del Alto Tribunal de Londres Ian Burnett y Michael Supperstone h an rechazado este martes esas alegaciones al fallar que, analizadas las circunstancias, no existía tal sesgo. Burnett señaló que en la lista de «tenues conexiones» presentada por UCG «falta evidencia» para determinar que la jueza fuera un «observador parcial».

Arbuthnot otorgó el pasado mes de junio un permiso provisional a Uber para operar su servicio de taxis en Londres durante 15 meses, después de que la gestora pública Transport for London (TFL) rehusara renovar su licencia el año pasado.

La empresa que gestiona la movilidad en la capital británica r echazó en septiembre de 2017 la petición de Uber para mantener su permiso otros cinco años, al considerar que no cumplía con los requisitos de seguridad adecuados.

Dos meses más tarde de otorgar el permiso, la jueza manifestó que no escucharía más casos relacionados con Uber, después de que un artículo publicado en un periódico británico declarara que existían conexiones financieras entre su marido y la compañía estadounidense.

En una audiencia a principios de mes, los abogados de UCG reconocieron que la jueza no conocía esos vínculos en el momento de la sentencia pero han añadido que debería haber «comprobado cualquier potencial conflicto de intereses» antes de tomar cualquier decisión.

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