Símiles y diferencias de la intervención de Hacienda en Madrid con otras administraciones
Si el Ayuntamiento no corrige su situación en quince días, deberá informar semanalmente al Ministerio de sus gastos, como ya hace Cataluña
El Ministerio de Hacienda ha decidido aplicar las medidas más severas de la ley de Estabilidad ante el incumplimiento repetido del Ayuntamiento de Madrid, algo que marca un precedente en todos los sentidos. El consistorio gobernado por Manuela Carmena había entregado tres planes económico-financieros (PEF) en los que no se atenía a la regla de gasto en 2017 y 2018, por lo que el Ministerio se los había tumbado. Hacienda limita el crecimiento del desembolso público de cada administración a una tasa ligada al crecimiento potencial de la economía. Como el consistorio no se adecuaba a la interpretación del Ministerio en su estrategia presupuestaria, Hacienda ha aplicado por primera vez las medidas coercitivas que prevé la Ley de Estabilidad con una gran ciudad.
La decisión de Hacienda dibuja varios símiles y diferencias con lo que ha ocurrido en otras administraciones. Para empezar, el precedente más claro es Cataluña: al igual de lo que ya hace la Generalitat, el Ayuntamiento de Madrid deberá informar semanalmente a la interventora del consistorio de todo movimiento en sus cuentas. En el caso del Govern, el control de Hacienda se produjo el pasado mes de julio para evitar que la Generalitat dedicara recursos públicos a la organización del referéndum. Ante el posterior incumplimiento, Hacienda dio un paso más y le retuvo recursos de financiación , algo que puede ocurrir en Madrid si el consistorio no acata la vigilancia del Ministerio.
El control de Hacienda sobre los ayuntamientos saneados no es algo único de Madrid. Pese a que el consistorio presentó un superávit de algo más de mil millones en 2016, el Ministerio tiene otros indicadores de control sobre las administraciones: la deuda pública, la regla de gasto y el pago a proveedores. Precisamente, el Ayuntamiento de Madrid incumplió en 2015 la regla de gasto por apenas 17 millones de euros, y entró en la tutela del Ministerio pese a su superávit. En toda España, la inversión local ha caído un 56% entre 2010 y 2015 por la crisis pero también por este corsé al gasto.
Este control de Hacienda sobre las corporaciones locales en superávit ocurre con pequeños y grandes ayuntamientos , que pese a tener un excedente total de 7.000 millones el pasado año acumulan 21.871 millones de euros aparcados en depósitos y cuentas bancarias, ya que Hacienda no se lo deja gastar. Todo remanente de tesorería pasa a estar vigilado por los interventores, que aseguran que se gaste en pago a proveedores y amortizar deuda. El resto, puede dedicarse a inversiones financieramente sostenibles. Este límite del Ministerio y no otro ha provocado que Madrid haya reducido su deuda de 7.733 millones en 2012 a la mitad, 3.567 millones en junio de 2017, bajo el mandato de Ana Botella (2012-2015) y Manuela Carmena.
Sin embargo, también es cierto que otros grandes ayuntamientos como Barcelona y Bilbao cuentan con planes económicos financieros que también incumplen la Ley de Estabilidad, y el Ministerio de Hacienda no ha intervenido sus cuentas. En ambos ayuntamientos tampoco coincide el color político con el Gobierno Central: mientras en la ciudad condal gobierna Barcelona en Común, en Bilbao lo hace el PNV.
Sobre ambas ciudades y Madrid, la Autoridad Fiscal ha destacado su incumplimiento en varias ocasiones . De hecho, el pasado mes de julio, la Airef ya pidió a Hacienda que interviniera sobre Madrid, Barcelona y la Diputación de Valencia , aplicando las medidas coercitivas que prevé la Ley de Estabilidad, y alertó de que Córdoba y Gijón iban a incumplir la regla de gasto.
Más allá de las diferencias políticas, la posición de Madrid como primer ayuntamiento de España , y el que tiene el superávit más elevado –supone un 16% del total de todos las corporaciones locales de España– sienta un precedente para el resto de consistorios : lo que haga Madrid se ve con especial atención, y el conflicto con el Ministerio de Hacienda podía crear un antecedente a replicar. Máxime cuando el Gobierno prevé bajar el déficit público al 3% este año para salir de la tutela de Bruselas .
Así, el delegado de Hacienda, Carlos Sánchez-Mato, ha protagonizado encontronazos con Cristóbal Montoro inéditos. Si bien otros ayuntamientos discrepan públicamente de la interpretación de la regla de gasto que hace el Ministerio de Hacienda –el propio Montoro acordó con la Federación de Municipios reformarla y hasta el grupo de expertos de la financiación local así lo recomienda –, ninguno se había opuesto de forma tan contundente a la vigilancia del Ministerio, ignorando la interpretación de Hacienda abiertamente.
Junto a Madrid, Hacienda solo había recurrido a las medidas coercitivas en contadas ocasiones entre grandes administraciones. Pese a que las comunidades autónomas han incumplido repetidamente el objetivo de déficit desde que comenzó la crisis hace diez años, Hacienda nunca ha hecho uso de este instrumento. Solo lo hizo con Aragón y Extremadura el año pasado, después de incumplir durante año y medio el pago a proveedores, para lanzar un mensaje a Bruselas, que vigilaba con especial atención a España después de incumplir el déficit de 2015 –con un 5% de boquete frente al 4,2% comprometido–, y ante la posibilidad de imponer una multa de 2.000 millones por este incumplimiento. También entonces, Hacienda quiso mandar un mensaje al resto de administraciones, ya que las comunidades autónomas duplicaron el objetivo de déficit en 2015 al cerrar con un 1,74% del PIB en lugar del 0,7% acordado.
La intervención de Cataluña fue la otra ocasión en la que Hacienda decidió desempolvar las medidas más restrictivas de la Ley, ante la tutela que le otorgaba el que la comunidad incumpliera los objetivos e 2016 y fuera receptora del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), y lo hizo por el pulso independentista del Govern, no por el déficit que venía incumpliendo desde 2007. Ahora depende de Madrid abrir un nuevo precedente en la aplicación de la Ley de Estabilidad por parte de Hacienda, que aplica un rigor puntual: el propio Gobierno central ha incumplido l a regla de gasto tres años consecutivos , entre 2014 y 2016, sin consecuencia alguna.
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