El sector eólico pide estabilidad para garantizar las inversiones necesarias hasta 2030

Siemens Gamesa prevé movimientos empresariales para formar dos o tres grandes grupos a nivel mundial

Carlos Solé, Rocío Sicre, David Mesonero, Markus Tacke, Hilario Albarracín, Cristina Gallach y Alberto Martín, esta mañana, en el foro organizado por KPMG ABC

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El consejero delegado de Siemens Gamesa, Markus Tacke, ha subrayado hoy el papel que los reguladores, los gobiernos y las empresas deben tener en el impulso de la transformación energética y considera que «todavía faltan incentivos financieros y políticas claras». Tacke ha clausurado el acto de presentación de un informe sobre los efectos socioeconómicos de la energía eólica elaborado por KPMG por encargo de Siemens Gamesa.

Así, advirtió de que las barreras para una transición a gran escala hacia la energía renovable no solo radican en los costes de la tecnología, «sino también en las estrategias e inversiones a largo plazo que permitan hacer realidad estos ambiciosos planes ».

Para ello, «es necesaria una estabilidad política y seguridad jurídica a corto plazo para atraer las inversiones necesarias» para cumplir con los objetivos de la transición energética, explicó el director financiero de Siemens Gamesa, David Mesonero. El socio responsable de energía de KPMG España, Alberto Martín, afirmó que las renovables «no necesitan subsidios, sino visibilidad y estabilidad ».

La presidenta de la AEE (Asociación Empresarial Eólica), Rocío Sicre, ha admitido que «es muy posible que algunos proyectos adjudicados en las subastas no se pongan en marcha a comienzos de 2020 porque los trámites son muy largos; pero se harán».

David Mesonero ha afirmado que «el tamaño y la localización sí que importan» en este sector y prevé movimientos empresariales que terminen por formar dos o tres grandes grupos mundiales. «Cuanto más grande es la empresa, mejor te financias y mejores máquinas tienes», subrayó.

Tanto Sicre como Martín han coincidido en afirmar que hace falta una nueva regulación en el sector. El socio de KPMG reconoció que «la eólica atrae tanto a inversores comprometidos como a otros que no tanto. Hay que evitar el ruido y la mala imagen».

Tacke destacó que el cambio climático «es una emergencia» y que será «más barato y más fácil reducir las emisiones», aunque «en muchos casos falta voluntad política ».

El informe presentado hoy en la planta 50 de la sede de KPMG en una de las cuatro torres del paseo de La Castellana indica que la energía eólica podría abastecer el 34% de la demanda de electricidad en España en 2030 , alcanzado esta cifra diez años antes de la proyección a nivel global, y emplearía a cerca de 30.000 personas cada año.

El informe destaca los objetivos marcados por España en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), donde en ese horizonte a diez años las renovables coparán el 74% del mix eléctrico del país.

En la presentación del informe, el presidente de KPMG, Hilario Albarracín, valoró que en España, donde se ha sido «pioneros» en el impulso a las renovables, ahora se ve cómo el reto es «integrarlas en el sistema para lograr una penetración más elevada».

En el caso del empleo, el estudio estima que el despliegue de las renovables en España fomentaría alrededor de 150.000 empleos (directos e indirectos) al año, 30.000 solo en el sector eólico.

El aumento de la presencia de renovables en España vendrá de la mano de un crecimiento de las inversiones en el sector, que serían destino del 43% del total de fondos por más de 236.000 millones de euros dirigidos a descarbonización hasta 2030, procediendo el 80% del sector privado, según explicó Carlos Solé, socio responsable de eonomía y regulación de KPMG España.

Asimismo, si se cumple el escenario sostenible, la energía evitaría la emisión de 10,75 millones de toneladas de CO2 en 2030, equivalente a las emisiones anuales de una ciudad española de un millón de habitantes. Esto supondría unos ahorros de 537 millones de dólares (unos 487 millones de euros).

Además, para el año 2030 supondría unos ahorros de hasta 142 millones de metros cúbicos de agua y una reducción de costes relacionados con la salud en aproximadamente el 0,2% del PIB español, así como en el recibo de la luz.

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