Sánchez activa 200.000 millones para frenar el desastre laboral en un plan escaso para los autónomos
Despliega 100.000 millones en avales públicos, agiliza los ERTE y los afectados cobrarán el paro sin periodo de carencia
Las familias vulnerables podrán aplazar hasta un mes las cuotas de sus hipotecas
«Son momentos excepcionales que requieren medidas excepcionales» , dijo ayer el presidente del Gobierno en la presentación de un plan económico con el que pretende combatir el frenazo brusco en la actividad provocado por el coronavirus y sus secuelas en el mercado laboral en un momento en el multiplican los despidos temporales, que CC.OO, estima que superarán millón. Un plan que no convence a los autónomos, que consideran que el presidente les ha dejado «en la cuneta» tras no atender su petición de no pagar la Seguridad Social mientras estén sin trabajar.
Para frenar el desastre laboral el Gobierno de coalición ha diseñado un plan de choque económico que tendrá un coste para el erario público de alrededor 5.000 millones y movilizará 200.000 millones en las próximas semanas, esto es, en torno al 20% del PIB. La mayor parte serán recursos públicos, un total de 117.000 millones, que se suman a los 18.000 millones aprobados el pasado jueves. Una iniciativa que ayer contribuyó a que el Ibex se anotará la mayor subida desde la crisis financiera de julio de 2012. El índice cerró en los 6.498 punto tras dispararse un 6,4%.
Es «la mayor movilización de recursos públicos y privados en la historia democrática española», aseguró el presidente sobre un plan que ofrecerá líneas de liquidez a las empresas a través de avales y préstamos para evitar una crisis de crédito. Los avales del Estado ascenderán a 100.000 millones, lo que significa que será el Gobierno quien asuma el riesgo de morosidad para así aliviar a los bancos y garantizar que siguen prestando. Esta línea de avales debería permitir movilizar entre 150.000 y 200.000 millones en préstamos si se incluye también la aportación del sector privado. «Son medidas excepcionales para momentos excepcionales» , explicó el presidente. Su gobierno habilitará una línea de avales adicionales de 2.000 millones para las empresas exportadoras. «Quiero enviar a nuestras empresas y al mercado un mensaje rotundo: el Estado español va a proporcionar a nuestro tejido empresarial toda la liquidez que necesite para mantenerse operativo», señaló Sánchez.
Apoyo fiscal
Pero esta andanada de medidas tendrán su coste para el erario público. El plan de choque que ayer aprobó el Consejo de Ministros tiene un impacto presupuestario de 5.000 millones de euros, de los que la mayor parte provienen de los incentivos a acogerse a ERTE en forma de mayor gasto en paro y menores ingresos por cotizaciones. Esta cifra es orientativa, ya que depende de la respuesta de la economía. Las medidas van en una triple dirección: asumir una parte del coste salarial para las empresas con dificultades económicas, ayudar a los trabajadores afectados y garantizar una prestación extraordinaria a los autónomos que hagan una regulación temporal de empleo. «No vamos a dejar a nadie atrás», puntualizó el jefe del Ejecutivo.
El plan de Sánchez prevé que los trabajadores afectados por ajustes de plantilla tengan acceso a la prestación por desempleo aunque no hayan cotizado los suficiente y que la ayuda se mantenga mientras duren los ERTE sin contar para la prestación futura. ¿La meta? lograr que las regulaciones temporales sean la regla y así se eviten despidos.
En el caso de los autónomos, el Consejo de Ministros facilicitó el acceso al cese de actividad, el paro de los autónomos por el que cotizan. Todos los cotizantes del RETA cuyo negocio se haya visto gravemente afectado por la pandemia y sus consecuencias económicas, tendrá acceso a esta ayuda extraordinaria siempre y cuando hagan una regulación temporal de empleo. No es, por tanto, un alivio generalizado.
El Gobierno también dió el visto bueno a un paquete de ayudas de 600 millones para mejorar la atención de los servicios sociales dedicados a las familias vulnerables, a través de 300 millones más en fondos y otros 300 de mayor desembolso permitido mediante una relajación de la regla de gasto a comunidades y ayuntamientos.
Además del paquete de estímulos públicos, también comenzarán a aplicarse diversas medidas para proteger a los hogares vulnerables y que serán financiadas con dinero del sector privado. En total, el Ejecutivo calcula que movilizará 83.000 millones de euros de las empresas, de los que una buena parte serán avales para acompañar a las garantías públicas de crédito. La mayor parte del esfuerzo de estas medidas será una moratoria de los principales recibos que abonan mensualmente las familias: hipotecas, luz, agua, gas y teléfono. Todas estas facturas tendrán una moratoria mientras dure la crisis del coronavirus, pero se aplicará únicamente a las familias vulnerables. En el caso de las hipotecas , se aplicará, además, a primeras viviendas. «Nadie será desahuciado por atravesar una situación económica difícil», ha señalado el presidente.
«Después, tendremos que reconstruir la economía», dijo el presidente antes de apelar a la construcción de «una cadena de solidaridad» con la aportación de todos, «empresarios, trabajadores, arrendatarios... todos».
Fuentes del Gobierno aseguran que ahora se han adoptado medidas para limitar el contagio a la economía, para luego aprobar estímulos fiscales en una segunda fase. Todo ello «para que la salida de la emergencia económica en la que desgraciadamente estamos inmersos sea en forma de V y no en L . Para que la caída venga seguida de una recuperación y no de un estancamiento», explicó. Y pese a que antes de que estallara la epidemia, la deuda pública alcanzó el 95,8% del PIB en enero, todo un corsé a futuros estímulos.
El PP compartió ayer el disgusto del presidente de ATA por el escaso apoyo que van a tener los autónomos , la patronal pidió tiempo para realizar una valoración completa del paquete de medidas y los sindicatos reclamaron que se vinculen las ayudas a las empresas al mantenimiento del empleo.
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