La OCU se querella contra Ron y PwC por falsedad contable y estafa al inversor

La OCU ha presentado hoy en la Audiencia Nacional una querella contra el expresidente del Banco Popular Ángel Ron, el ex consejero delegado Pedro Larena, el exvicepresidente Roberto Higuera, la firma auditora PwC y el socio firmante, Francisco Barrios, por falsedad contable y estafa al inversor.

En declaraciones a los periodistas, la portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu, ha explicado que la organización representa a los más de 9.500 pequeños accionistas que han acudido a la organización de consumidores tras conocer que la totalidad de su inversión se ha convertido en cero; también ha indicado que se trata de la primera acción tras el colapso del Popular, y que no descartan otras vías.

En total, el Popular contaba con 305.000 pequeños accionistas en el momento de su intervención

, en la madrugada del miércoles de la semana pasada.

Izverniceanu ha explicado que resulta evidente que las cuentas de la entidad no eran las correctas cuando se opto por efectuar una ampliación de capital, el pasado verano, y que el folleto de dicha ampliación, aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), no reflejaba la imagen fiel de la entidad.

Todo en manos de Fernando Andreu

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, quien ha dirigido la instrucción del caso de la salida a bolsa de Bankia, tendrá en sus manos la decisión de investigar o no la denuncia y las dos querellas presentados por la quiebra de Banco Popular, han apuntado fuentes jurídicas a Europa Press.

Desde que se anunciara que el Banco Santander había comprado por un euro el Popular, el pasado 7 de junio, ya se han presentado dos querellas y una denuncia por parte de dos despachos de abogados además de las acciones judiciales emprendidas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Por un lado, Durán y Durán Abogados ha presentado una denuncia en la que reclama que la Audiencia Nacional dirija su investigación contra el ya expresidente del Banco Popular Emilio Saracho por considerar que, desde su nombramiento, «ha ocultado a los accionistas la verdadera situación financiera de la compañía, sin convocar Junta de accionistas para informar sobre distintas alternativas y opciones existentes para salvar la situación».

Por su parte, Fonfría Abogados ha interpuesto una querella en nombre de un cliente del Banco Popular contra el último Consejo de Administración y la firma encargada de la auditoría de la entidad, sin especificar cuál. A su juicio, el banco ha ejercido una «conducta fraudulenta conducente al engaño y la difamación de información contable falsa».

Estas primeras acciones judiciales por la quiebra del Banco Popular han recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 4 que dirige Andreu, que deberá decidir ahora si admite a trámite las querellas y la denuncia presentadas.