El pago de pensiones a crédito dispara un 82% la deuda del sistema en dos años
Los préstamos del Tesoro a la Seguridad Social para pagar las nóminas de los jubilados elevan el pasivo hasta casi 50.000 millones
El recurso a los préstamos del Estado para financiar el pago de pensiones en los últimos dos años ha disparado un 82,3% la deuda de la Seguridad Social en solo dos años. El organismo que sostiene el sistema y que además se hace cargo de otras prestaciones como el desempleo elevó el pasado julio hasta 49.944 millones sus obligaciones. A cierre de 2017, la cifra ascendía a 27.393, lo que supone que en menos de dos años el instituto de previsión ha engordado sus deudas con 22.551 millones más.
El motivo de esta escalada de la deuda hay que encontrarlo en los créditos anuales que se ha visto obligada a pedir la Seguridad Social para poder hacer frente a los casi diez millones de pensiones, ya que las cotizaciones de los 19 millones de afiliados son insuficientes para cubrir unas prestaciones que han crecido de media un 5% en el último año y dado que el Fondo de Reserva no alcanza para cubrir una paga mensual. A la hucha de las pensiones apenas le quedan ya 5.000 millones.
El endeudamiento de la Seguridad Social está contribuyendo cada vez más al aumento de ese pasivo total del sector público. Si la deuda conjunta de Administración central, autonomías, ayuntamientos y la propia Seguridad Social se elevó en el último ejercicio completo, el de 2018, en 28.684 millones en términos netos, la del organismo que abona las pensiones lo hizo en el mismo periodo en 13.801 millones, cifra equivalente al 41,3% de ese monto total. Si se tienen en cuenta el pasivo consolidado o entre las propias administraciones, el aumento del pasivo del sistema es casi la mitad.
Al cierre de 2016, la deuda de la Seguridad Social era de poco más de 17.000 millones, una cantidad que el sistema arrastra de los préstamos que el Estado le otorgó entre 1994 y 1999 y cuya amortización se ha ido aplazando de década en década. La explosión de deuda llegó un año después, cuando el sistema, incapaz de pagar las pensiones, tuvo que recurrir al Tesoro. En 2017, se pidieron 10.192 millones; en 2018 el préstamo creció hasta 15.200 millones y el pasado marzo el organismo recibió otro préstamo, esta vez de 13.830 millones, para pagar las extras de julio y de Navidad de este ejercicio. Con eso, previsiblemente la deuda de la Seguridad Social cerrará 2019 con un pasivo superior al menos a los 55.000 millones de euros, de forma que en solo tres años lo habrá triplicado.
Lo que justifica la necesidad del sistema de endeudarse es su delicada situación financiera . Su desfase entre ingresos y gastos ha hecho que los números rojos de la Seguridad Social se situaran en 2018 en 18.300 millones. El imparable gasto en pensiones, fruto de que los nuevos jubilados se retiran con pagas más elevadas y de las subidas aprobadas en las últimas legislaturas, amenaza con empeorar ese déficit, que cerrará el ejercicio en el entorno de los 19.000 millones.
En los últimos años se han asumido políticas de gasto que tienen fuerte impacto en el Presupuesto. Los últimos acuerdos pactados entre el anterior Gobierno del PP y el PNV elevaron las pensiones mínimas y asistenciales un 3% y el resto un 1,6% -por encima del 0,25% que marcaba la ley- además de incrementar las pensiones de viudedad. Un alza que este año y el pasado replicó el Ejecutivo de Sánchez. El Gobierno interpretó la opinión del Pacto de Toledo y tras suprimir el Índice de Revalorización, que limitaba la subida de las prestaciones a un 0,25% mientras la Seguridad Social estuvieran en déficit, abonó una paga compensatoria entre la subida aplicada en enero pasado y la evolución de los precios entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018, que fue del 1,7%. Diferencia de un 0,1% adicional que abonó en una paga que costó unos 400 millones.
La subida de las jubilaciones no ha sido el único gasto extraordinario. A la factura de las nóminas se han unido este año los gastos derivados de decisiones como el regreso de la jubilación parcial, con un coste de 2.000 millones para las arcas públicas o otros 2.000 de gastos de incapacidad temporal correspondientes al presupuestos de 2018 que Trabajo logró retrasar hasta primeros de este año por motivos estrictamente contables.
La salida que en los últimos ejercicios ha tenido el sistema para afrontar el pago de las pensiones ha sido el recurso al Fondo de Reserva. Una vía que ahora está agotada teniendo en cuenta que ya solo cuenta con 5.043 millones de euros, una cantidad insuficiente para pagar tan solo una nómina mensual, en estos momentos en 9.693 millones. El Fondo de Reserva ha llegado a estos niveles tras el recurso continuado a sus fondos desde que la crisis golpeara al empleo con toda su fuerza. Para poder atender el pago puntual de las jubilaciones el recurso a la hucha fue sistemático desde 2012. Los recursos consumidos desde ese ejercicio superan los 77.400 millones .
Ahora con esta hucha bajo mínimos y endeudado al máximo, el único balón de oxígeno para el sistema son las cotizaciones. El impacto de la subida del salario mínimo y el aumento de impuestos al empleo han contribuido a que las cuotas crezcan a un ritmo desconocido, cercano al 8%. La desaceleración del empleo se ha convertido en una seria amenaza.
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