El Pacto de Toledo busca bajo presión el primer gran acuerdo de la legislatura

Las pensiones públicas «se seguirán pagando con empleo», aseguró hace unas semanas la ministra en funciones, Fátimá Báñez. Unos días antes anunciaba que ya toca la revisión quinquenal del Pacto de Toledo y que sus diputados habían comenzado los trabajos en la comisión creada en el Congreso con la vista puesta en las medidas que habrá que poner en marcha de forma urgente para sostener las pensiones públicas. Ahora de lo que se trata es de buscar vías alternativas de ingresos sin tener que recortar las pensiones o endurecer el acceso a las prestaciones, como ya hicieran las reformas de 2011 y 2013.

La necesidad imperiosa de encontrar soluciones consensuadas entre todos los grupos que apuntalen el sistema ha hecho que esta comisión esté acelerando sus trabajos para poder anunciar en los meses de febrero o marzo de 2017 un plan con propuestas firmes que permitan garantizar la viabilidad del sistema público.

Las pensiones prometen ser el primer gran acuerdo de legislatura.

La Seguridad Social está atravesando por un momento de especial dificultad teniendo en cuenta que las jubilaciones aumentan a mucho mayor ritmo que los ingresos, lo que ha provocado que el Fondo de Reserva tenga fecha de caducidad. Al ritmo actual de disposiciones, en 2017 la «hucha» se quedará sin un solo euro. Antes de que esto ocurra el Pacto de Toledo tendrá que marcar el camino al Gobierno que, a su vez, deberá legislar a más tardar a mediados del año próximo.

Buscar el equilibrio financiero

El principal reto que tiene la comisión del Congreso es explorar las medidas necesarias para devolver el equilibrio financiero al sistema de Seguridad Social, ahora muy dañado, con un déficit histórico que rozará este año los 19.000 millones de euros, el 1,7% del PIB. Para 2017, sin embargo, la previsión es que el desfase del sistema disminuya en algo más de 3.000 millones, hasta el 1,4% del PIB.

La situación no admite demora teniendo en cuenta que los ingresos de la Seguridad Social –que proceden en un 90% de las cotizaciones que pagan los empresarios y los trabajadores— superan los 77.000 millones frente a unos gastos en prestaciones cercano a los 94.000 millones. Como ya informó ABC, el gasto en pensiones aumentó un 60,7% desde 2006 porque en el mismo periodo se incorporaron 1,2 millones de pensionistas y porque la pensión media ha pasado de 646,76 euros al final de 2006 a 906,37 euros en la actualidad, un 40% más.

Las cuentas no cuadran desde 2010. Por eso, nada más llegar al Gobierno Mariano Rajoy se vió obligado a romper la «hucha» de las pensiones para pagar las extras de Navidad y de verano a los pensionistas. De los casi 66.000 millones que llegó a tener en los mejores momentos del Fondo ha quedado en apenas 24.207 millones. Al final del próximo año la caja quedará vacía al actual ritmo de retiradas, lo que no significa que no se puedan pagar las pensiones sino que Ejecutivo deberá definir cómo se abonan.

Estas son algunas de las fórmulas que están encima de la mesa del Pacto de Toledo que sus integrantes tendrán que analizar y pactar:

Viudedad y orfandad a cargo de impuestos

Los Presupuestos de 2016 ya contemplaban que el sistema debía buscar vías alternativas de financiación y es la tarea que le queda por delante al Pacto de Toledo. Ya en agosto de 2015 el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, informó en el Congreso de que el sistema debía aligerar cargas y que una de las opciones podría ser que las pensiones de viudedad y orfandad pasaran a financiarse con impuestos, lo que permitiría al sistema ahorrar unos 25.000 millones, que es la cantidad que cuesta sostener las pensiones de muerte y supervivencia. La medida no es compartida por el PSOE porque sostiene que eliminaría el carácter contributivo de las prestaciones y, por tanto, su proporcionalidad con lo cotizado.

Un nuevo impuesto

El PP no es partidario de crear un nuevo impuesto para financiar las pensiones, a diferencia del PSOE, que defiende la creación de un «recargo de solidaridad», un tributo al estilo francés que incluiría una cesta de impuestos, cuyos ingresos se destinarían a pensiones. Para el Ejecutivo esta opción desvirtuaría una de las esencias del propio sistema, su contributividad.

«Destopar» la cotización y la pensión máxima

Es una medida que siempre ha estado sobre la mesa y que todos los gobiernos han rechazado (cuenta con el apoyo de CC.OO). Se trataría de eliminar los topes que hoy existen tanto en las cuantía de las bases de las cotizaciones como en la renta que perciben los pensionistas. Es lo que se conoce como «destopes», cuya eliminación implicarían pagar más, pero también recibir más renta. El PSOE ha defendido una elevación gradual de la base máxima de cotización y de la mejora progresiva de la base mínima (vinculada al incremento del salario mínimo interprofesional).

La base máxima de cotización es este año de 3.642 euros al mes, por lo que todo lo que se gane por encima de esa cantidad no cotiza, ni tampoco eleva la pensión, que también está limitada en 2.567 euros.

Subir las cotizaciones sociales

Tendrá que barajar esta medida el Pacto de Toledo, pero no cuenta con el apoyo de ningún partido político. Los únicos que han defendido la medida han sido UGT y CC.OO. como alternativa a retirar fondos de la «hucha» de las pensiones. CEOE, sin embargo, alterta de que mantener elevadas las cotizaciones daña el crecimiento y el empleo. Subir un punto los impuestos al trabajo supondría 4.000 millones y habría dos opciones: una subida lineal o incrementarlas solo para el empresa o bien hacerlo solo para el trabajador, que con este aumento vería mermado su sueldo.

El Ejecutivo se ha mostrado siempre partidario de reducir las cotizaciones sociales porque entiende que una menor fiscalidad facilitará la creación de empleo. Ahora que se buscan nuevas vías de financiación para las pensiones podría ser un buen momento para rebajar los impuestos al trabajo. España está entre los países que soporta mayor fiscalidad sobre el trabajo. El «think tank» Civismo, en su estudio «Un marco fiscal para el empleo», afirmaba que España es el segundo país de la UE-15 con las cotizaciones a la Seguridad Social más altas. Para igualarlas con la media continental, la organización proponía rebajarlas en ocho puntos.

Pedir un crédito como hizo el PP en 1996

No es una opción descabellada teniendo en cuenta que el Gobierno de José María Aznar ya se vio obligado a endeudarse cuando llegó al poder en 1996. Heredó una Seguridad Social quebrada porque también corría con los gastos de la sanidad y de los complementos a mínimos y tuvo que pedir a la banca 3.000 millones de euros para pagar las pensiones.

Trabajar y cobrar el 100% de la pensión

La ministra de Empleo anunció hace unos días que en la próxima legislatura el Gobierno incentivará voluntariamente la vida activa de los trabajadores haciendo compatible el cobro del 100% de la pensión con un empleo. Los límites actuales —el 50%— no parecen haber funcionado por las exigentes condiciones de acceso (65 años y cuatro meses en 2016 y máximo cotizado), y eso explica que apenas poco más de 30.000 trabajadores compatibilizan hoy su pensión con un trabajo remunerado. Y de ellos, casi el 85% son trabajadores por cuenta propia, es decir, autónomos, que de esta manera completan su vida laboral.