El nuevo bono social en España estará vinculado a la renta

El Gobierno no ha concretado si podrán seguir beneficiándose de esta ayuda, que disfrutan actualmente 2,424 millones de consumidores, las familias numerosas

MadridIActualizado:

Las comunidades autónomas están revisando el borrador del reglamento que desarrolla el real decreto ley 7/2016 sobre el bono social de electricidad que les envió la semana pasada el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Social. El texto recoge las aportaciones realizadas por los distintos grupos políticos que contribuyeron a su aprobación en las Cortes.

Desde el departamento que encabeza Álvaro Nadal subrayan que se trata de un mecanismo «más eficiente, basado en criterios de renta de la unidad familiar, para que sea más accesible y refuerce la protección de los consumidores vulnerables y en riesgo de exclusión social».

El nuevo modelo crea diferentes categorías para los hogares vulnerables de acuerdo a unos umbrales de renta establecidos mediante el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que se ampliarán para una serie de circunstancias especiales (como el grado de discapacidad, entre otras) basadas en supuestos socioeconómicos.

Además, se crea la categoría de hogares vulnerables severos, que estarán más protegidos y se beneficiarán de un descuento más elevado que los consumidores vulnerables.

El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) es un índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo. Nació en 2004 para sustituir al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como referencia. Este indicador subirá un 1% en 2017, hasta 537,8 euros mensuales, tras estar seis años congelado en 532,51 euros.

El gas natural, excluido

El bono social en nuestro país, del que se benefician actualmente 2,42 millones de clientes, se traduce en un descuento del 25% sobre el precio voluntario para el pequeño consumidor (pvpc) o «tarifa oficial» de la electricidad, ya que no existe para el gas natural como sucede en la mayoría de los países de nuestro entorno.

Hasta que se apruebe el nuevo modelo, quienes deseen acogerse al bono social deben de reunir alguna de estas características: contar con una potencia contratada inferior a 3 kW en su vivienda habitual; tener 60 o más años de edad y ser pensionista del sistema de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente o viudedad, percibiendo por ello la cuantía mínima vigente en cada momento para dichas clases de pensión con respecto a los titulares con cónyuge a cargo o a los titulares sin cónyuge que viven en una unidad económica unipersonal; o tener 60 o más años de edad y ser beneficiario de pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez y de pensiones no contributivas de jubilación e invalidez. También, ser familia numerosa o formar parte de una unidad familiar que tenga todos sus miembros en situación de desempleo.

Precisamente, el borrador del nuevo modelo del bono social no aclara si podrán seguir acogiéndose a él las familias numerosas, cuestión que tampoco ha sido aclarada todavía por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Cambio de financiación

La financiación de esta ayuda, unos 150 millones de euros al año, estará a cargo de las casi 200 comercializadoras de electricidad que hay en el país, aunque entre Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa asumirán el 93% del importe total por su cuota de mercado. Este modelo se fijó a finales del año pasado después de que el Tribunal Supremo rechazara el anterior sistema en el que solo las cinco principales eléctricas debían asumir el coste total.