Montero cede y dejará gastar su superávit a los ayuntamientos pero no 14.000 millones de ahorros
Tras el fracaso del anterior decreto, Hacienda suspenderá la regla de gasto pero los municipios seguirán sin poder usar su remanente
Tan solo cuatro días después de que el Congreso de los Diputados tumbara el decreto sobre el gasto del superávit y los remanentes que Hacienda aprobó hace un mes y que señalara que no iba a haber otra opción para los alcaldes «rebeldes» , la ministra María Jesús Montero anunció ayer que su departamento propondrá en breve otro decreto a la Cámara Baja. En esta ocasión, el Ministerio ofrece suspender la regla de gasto -es decir, el límite al crecimiento del desembolso público en base a una tasa ligada al crecimiento potencial de la economía- para 2020 y la intención de alargarlo también para 2021 -previsiblemente dentro de los Presupuestos-. Así lo anunció ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien calculó que el impacto será de 3.000 millones y abundó que el futuro decreto contendrá el 85% de las medidas que tenía la norma que el Congreso tumbó.
La Cámara Baja tumbó el pasado jueves el acuerdo al que llegó Hacienda con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en el que si los ayuntamientos querían gastar 5.000 millones este y el próximo año tenían que transferir al Ministerio 14.000 millones de euros, en un préstamo a diez o quince años. Esta cantidad eran los ahorros de los consistorios que Hacienda, aplicando la Ley de Estabilidad, no les deja gastar. La FEMP aprobó en agosto el acuerdo por la mínima y con la oposición de alcaldes del PSOE -como el de Valladolid, Óscar Puente, pese a que acabó votando a favor en la junta de la FEMP-, y de regidores de PP, Cs, JxCat, ERC, Podem en Comú o PNV. Esta oposición se trasladó al Congreso de los Diputados en forma de derrota parlamentaria.
Ahora, con las medidas anunciadas por Montero, los ayuntamientos podrán gastar el superávit de 2019 siempre y cuando este año estén en equilibrio -el ejercicio pasado amasaron 3.839 millones de euros de saldo positivo- además de poder destinar 987 millones de euros en inversiones financieramente sostenibles. En cuanto a los municipios en números rojos, Hacienda facilita el pago de sus deudas a la Seguridad Social y la Agencia Tributaria y el pago a proveedores, pero no tendrán más ventajas más allá de que Hacienda les mantendrá las entregas a cuenta como si la recaudación creciera un 2,9% en lugar de contraerse un 12% como ocurre.
No obstante el nuevo decreto sigue sin dejar sin respuesta el principal «problema» de los municipios : los 14.000 millones de euros que tienen para gastar en remanente guardado en cuentas bancarias que no pueden tocar. Montero lamentó la «falta de acuerdo» que hubo anteriormente y pidió a los grupos que le hagan propuestas. De esta forma, el decreto anunciado beneficiará a los municipios que tengan superávit y no entren en déficit este año -ya que pese a que se suspenda la regla de gasto, sigue vigente el objetivo de equilibrio presupuestario para los consistorios-. En cuanto a las entidades locales en riesgo financiero podrán pagar sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social con recursos del Fondo de Ordenación.
Ojo avizor
Los ayuntamientos son la única administración que desde 2012 no han cerrado ningún año con déficit, primer año de la aprobación de la Ley de Estabilidad en la que Hacienda eleva el control sobre las cuentas de comunidades y consistorios. La razón de este superávit prolongado recae en esta vigilancia, pero también en que cuentan con impuestos con una recaudación más estable y menos ligada a la coyuntura, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
El cambio de guión de Hacienda fue bien recibido por los alcaldes, que eso sí, lo ven «insuficiente» en palabras del alcalde de Valencia, Joan Ribó, de Compromís. «No nos conformaremos con miserias» , aseveró el alcalde de Zaragoza, el popular Jorge Azcón, quien reclamó que se recupere el fondo incondicionado de 5.000 millones para este y el siguiente y el relativo al transporte. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también reclamó que la suspensión de la regla de gasto se extienda efectivamente a 2021. El propio presidente de la FEMP, el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, también urgió ayer al ministro de Transporte, José Luis Ábalos, que incluya el fondo del ramo de hasta 400 millones.
Sin embargo, los regidores recelan de que pueda volver a producirse una votación por la mínima en la FEMP, como ocurrió anteriormente. «La cerrazón y la miopía, tanto de la ministra como de Abel Caballero, han hecho que las Administraciones Locales sigan, a día de hoy, sin recibir un euro de ayudas», lamentó ayer Azcón. El decreto, en fin, supone un parche con las medidas en las que había acuerdo pero la gran batalla de los 14.000 millones de euros en remanentes sigue abierta.
