Iglesias aprieta a Sánchez para introducir la limitación de los precios del alquiler en el borrador de los PGE
Fuentes de Unidas Podemos en el Gobierno explican que por el momento la medida es «difícil» de asumir para el PSOE
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias , y la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra , se han reunido este viernes en la sede de su Vicepresidencia con el Sindicato de Inquilinos. Durante la cita, los dirigentes de Unidas Podemos les han garantizado que trabajarán para que el Gobierno regule los precios del alquiler.
Los partidos cogobernantes siguen ultimando el borrador de los Presupuestos Generales del Estado de 2021. «Hay cosas por pulir», admiten desde el Gobierno. Unidas Podemos está presionando a los socialistas para que esta medida esté recogida en el texto de la cuentas públicas que luego será negociado con el resto de grupos parlamentarios.
Fuentes de Unidas Podemos recuerda que sería factible que entrase en vigor porque hay socios del bloque de la investidura que apoyan la medida. Consideran además que es «urgente» y «prioritaria» debido a las consecuencias de la crisis económica derivada del coronavirus. Sin embargo, explican que está siendo «difícil» de asumir para el PSOE. Por el momento, no hay acuerdo en este sentido. Los socialistas rechazan la medida al entender que sería demasiado intervencionista .
Compromiso del pacto de coalición
Desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales subrayan que es uno de los compromisos del pacto de coalición firmado el pasado diciembre por Iglesias y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado», señala el acuerdo de Gobierno.
Iglesias quiere introducir en el borrador de las cuentas públicas una legislación que permita a las Comunidades Autónomas y/o Ayuntamientos poder declarar zonas de mercado «tensionado» y limitar subidas abusivas de los precios. Su equipo señala como marco referencial la ley que entró en vigor en septiembre en Cataluña . No obstante, la oposición en Cataluña elevó al Consejo de Garantías este texto elaborado por el «Govern» y el órgano falló que algunos de sus artículos eras «inconstitucionales», invadían competencias y vulneraban derechos.
