Iberdrola actúa contra un exdirectivo por inventarse el espionaje de Villarejo
La compañía pide a la Fiscalía que abra diligencias contra José Luis del Olmo, autor del informe que plasmaba los supuestos encargos al excomisario, por falsedad, injurias y calumnias
Nuevo paso al frente de Iberdrola en torno al 'caso Villarejo' en el que se tratan los supuestos contratos con el excomisario al que la firma presidida por Ignacio Galán habría encargado espiar a empresarios como el presidente de ACS, Florentino Pérez. La energética ha iniciado acciones legales contra un antiguo directivo, José Antonio del Olmo , el autor del informe «filtrado» y publicado por 'elconfidencial' a principios de diciembre en el que se acusaba a la dirección de la compañía de ordenar espionaje y usar facturas falsas en su relación con la empresa de seguridad Cenyt, vinculada al policía ahora en prisión preventiva.
Iberdrola insiste en que no tiene «constancia» de esas actuaciones, que se habrían producido hace ahora una década cuando el también presidente del Real Madrid quiso tomar el poder en Iberdrola a través de su constructora. Pero, además, ha instado a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid a abrir diligencias contra Del Olmo, por los delitos que se desprendan de la investigación, pero que la corporación apunta ya a los de falsedad documental, injurias y calumnias.
Hasta ahora, Iberdrola había negado cualquier responsabilidad en esos encargos de espionaje y se había ceñido a la «legalidad» en todas las actuaciones realizadas en torno a su relación con Villarejo. Pero ya carga directamente contra el que era director de Funciones Corporativas dentro de la Dirección de Administración General y Corporación, que se encuentra jubilado desde 2016. A José Antonio del Olmo le acusa de tener una «actitud obstructiva» contra la investigación abierta por la propia empresa. Y también de mostrar una «absoluta falta de voluntad de cooperación» para esclarecer los hechos y a ofrecer directamente ese informe al medio de comunicación que lo publicó hace dos semanas.
Iberdrola indica que su exdirectivo «parece ser el único conocedor» del informe filtrado a varios medios, y fue fue publicado a principios de mes. Además, le acusa de «no haber formulado la correspondiente denuncia» ante las autoridades por la supusetas irregularidades que él mismo conocería.
La compañía también recuerda que tras la publicación de esa información, su director de Administración, Control y Regulación en 2004, José Luis San Pedro; el actual director de Administración y Control, Juan Carlos Rebollo; y el director en el momento de los hechos del Departamento de Administración General y Corporación, Pablo Insunza, han firmado una declaración en la que manifiestan «la inexistencia del informe y su total desconocimiento del mismo, ya que no recuerdan haberlo recibido o tenido conocimiento de él ni en 2004 ni con posterioridad».
El pasado 5 de diciembre la empresa ya presentó una denuncia ante la Fiscalía de Bilbao para que investigara esa publicación en la que se hacía referencia a «un supuesto documento interno» que acusa a la dirección de la empresa de ordenar espionajes y usar facturas falsas . Y también había enviado un requerimiento al firmante del mismo, José Antonio del Olmo, para que se pronunciase sobre su veracidad y diga si dispone de información relacionada con Iberdrola «de la cual la compañía no tenga constancia ni archivo».
La firma sostiene que ha realizado una búsqueda de dicho documento y que «ha sido totalmente imposible localizarlo», tras preguntar a los anteriores y actuales responsable de administración, control y regulación. «De existir el supuesto documento, deberían haber sido los receptores», apuntaba Iberdrola.
Iberdrola argumenta que los fundadores de Casesa y propietarios hasta 2010 han emitido un comunicado en el que «niegan rotundamente» relaciones comerciales o cualquier tipo de pagos a Cenyt o cualquier sociedad relacionada con Villarejo. La energética confirma que ha localizado las facturas emitidas por Casesa con las firmas «exigidas por la normativa», por lo que considera que «corresponden a servicios realmente prestados».
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