Hacienda negocia a la desesperada para evitar que el Congreso tumbe su decreto
El Ministerio mejora su oferta elevando los fondos desligados de los remanentes ante el «no» de la oposición en un tira y afloja hasta el último minuto
El Ministerio de Hacienda apuró ayer hasta el final en su agónica negociación para intentar salvar el Real Decreto-Ley que decide el futuro del superávit de los ayuntamientos. El texto se debate esta mañana en el Congreso y, al cierre de esta edición, la mayoría de la oposición se mantenía en el «no» apuntando a una derrota del texto, mientras Hacienda intentaba mantener la negociación viva hasta el último momento.
María Jesús Montero lanzó distintas ofertas sobre el reparto de los 5.000 millones, incluyendo suspender la regla de gasto este año y el próximo y convalidar el decreto para después tramitarlo como proyecto de Ley. Proponía así incluir las enmiendas que quieran realizar los grupos y asegurar que este año los consistorios puedan gastar ya 2.000 millones. Pero estas cesiones se quedaban muy lejos del «replanteamiento total» que exigían desde el PP hasta ERC pasando por EH Bildu o Ciudadanos.
Hacienda impulsó la negociación el martes por la tarde ofreciendo que el 40% del citado paquete se repartiera entre todos los ayuntamientos –incluyendo a aquellos con números rojos– siguiendo criterios poblacionales, en tanto que el 60% restante quedara en manos de los consistorios que «prestaran» su superávit al Gobierno. Además, insistió en introducir este cambio como enmienda durante la tramitación del texto como proyecto de ley. Una propuesta que fue rechazada de plano por los grupos. «Es alargar innecesariamente los plazos porque la tramitación es larga y los ayuntamientos necesitan dedicar sus ahorros ya a gasto social frente al Covid-19», coincidían varias formaciones nacionalistas. «En cambio, si este decreto muere, Hacienda puede aprobar uno nuevo en quince días con entrada en vigor automática», abundaban.
Último minuto
Ante este plante común, Montero intentó ayer por la tarde intercambiar los porcentajes de reparto. El 60% de los 5.000 millones se dividiría entre todos los ayuntamientos y el 40% restante solo entre aquellos que prestaran a Hacienda su superávit. Su propuesta volvió a ser rechazada de forma unánime y a última hora de la tarde el Senado aprobaba una proposición del PP que solicitaba la retirada del Real Decreto. El Gobierno se quedó solo votando en contra, mientras el PNV, que siguió negociando con el Ejecutivo, se abstuvo. Todas las demás fuerzas políticas votaron a favor, en lo que podría ser una antesala de lo que sucederá hoy en el Congreso.
Llegados a este punto la última estrategia de Hacienda fue amenazar ayer por la tarde con que no habría una segunda oportunidad en forma de nuevo decreto. Un «lo tomas o lo dejas» que, al cierre de esta edición, seguía sin hacer ceder posiciones a la mayoría de la oposición. Solo el PNV parecía mantener ánimo de negociación mientras JxCat y el ERC renunciaban a seguir esperando y daban permiso a sus diputado para empezar a votar «no» telemáticamente .
El pulso, no obstante, puede extenderse hasta las nueve de esta mañana, cuando finaliza el plazo para el voto a distancia en el Congreso. «Esperaremos hasta el último minuto, por si acaso», reconocían varias fuerzas políticas.
Si, finalmente, el Gobierno perdiera esta votación supondría un serio revés político ya que en la democracia, no llegan a cinco los casos en los que el Congreso ha tumbado un Real Decreto-Ley. Y se da la circunstancia, además, de que uno de estas excepciones tuvo lugar con Pedro Sánchez en el gobierno, a primeros del año pasado. Fue entonces cuando su hoy socio de coalición, Podemos, tumbó el Real Decreto-Ley de los alquileres impulsado por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. El anterior precedente tuvo lugar con el último gobierno del PP por la regulación de los estibadores.
«No es un problema del PSOE con el PP, es un problema del Gobierno con todas las fuerzas políticas porque no ha querido escuchar. Ha faltado voluntad de diálogo y ha sobrado soberbia», explicaba ayer a ABC, el vicesecretario popular de Política Territorial, Antonio González Terol. El texto amenaza incluso la cohesión interna de Podemos cuya confluencia catalana -Los Comunes de la alcaldesa barcelonesa Ada Colau- mantenían ayer su idea de desgajarse de la coalición y votar en contra del texto.
Mal camino
Realmente, la división que se escenifica hoy en la Cámara Baja ya se había producido a finales de julio en la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la que ya se anticipó lo que podía ocurrir. Entonces, el acuerdo entre Hacienda y la FEMP salió por la mínima: con el único apoyo del PSOE, la abstención del edil de Rivas Vaciamadrid (de Podemos-IU), la oposición de PP, Cs y JxCat y el voto de calidad de su presidente, el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero.
Dicha propuesta que hoy se convalida recoge que los ayuntamientos harían un préstamo de 14.000 millones a Hacienda a diez (o quince) años y que, a cambio, el Ministerio les devolvería 2.000 este año y 3.000 el siguiente, dejándoles gastarlo. Entonces, incluso alcaldes del PSOE, como el de Valladolid, Óscar Puente, criticaron la medida del Gobierno, aunque como vocal en la junta de la FEMP, finalmente votó a favor. A partir de entonces, estalló una sublevación entre los alcaldes de todas las fuerzas políticas salvo el PSOE a lo largo y ancho de toda la geografía nacional.
Ayer, el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reclamó «suspender la regla de gasto» aplicando la cláusula de excepcionalidad que contiene la Ley de Estabilidad, una medida ya pedida también por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. «Los alcaldes tienen razón en el sentido en que ellos no tendrían para este ejercicio que cumplir una regla de gasto que tendría que estar suspendida formalmente», ha considerado Montoro. «Si tenemos una crisis de salud pública, un drama social de una envergadura tremenda, no tiene sentido», enfatizó.
La derrota del decreto supondría una muestra de la debilidad política del Ejecutivo. Alcaldes de PP, Cs, PNV, JxCat, ERC e incluso Podem en Comú, encabezados por José Luis Martínez-Almeida (regidor de Madrid) y Ada Colau (de Barcelona y presente en Madrid en el día de hoy para presionar) tildan de «injusta» la norma y proponen articular un fondo «sin condiciones» similar al de los 16.000 millones que el Ministerio desplegó para las comunidades autónomas.
