La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ayer, votando en Sevilla
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ayer, votando en Sevilla - EP

El Gobierno aparca los Presupuestos de 2019 y ya se centra en los de 2020

Planea aprobar el techo de gasto y la senda de déficit en verano y presentar las cuentas al Congreso en septiembre

MadridActualizado:

El proyecto de Presupuestos de 2019 iba a ser la primera medida que tramitara el Gobierno tras las elecciones del pasado mes de abril. Así lo aseguraba el propio Pedro Sánchez en plena campaña electoral, pero el año se ha echado encima y ahora el Ejecutivo duda y parece que ha aparcado la idea de aprobar unos Presupuestos a estas alturas de año.

Así lo aseguran a ABC fuentes conocedoras del procedimiento, que detallan que la idea sería centrar los plazos en formar Gobierno y conseguir arañar los apoyos necesarios para sacar la sesión de investidura. Tras este paso y la formación de Ejecutivo, la idea es aprobar en verano la nueva senda de déficit y el techo de gasto para 2020 con el objetivo de presentar las cuentas del año que viene en el Congreso de los Diputados a finales de septiembre, cumpliendo así el artículo 134 de la Constitución, que fija que elGobierno debe presentar a las Cortes el proyecto de Presupuestos antes de que acabe dicho mes. Así, el Ejecutivo dejaría en un cajón las cuentas de 2019 para centrarse en las de 2020, explican estas fuentes.

Ello provocaría que los Presupuestos de 2018 se prorrogarían durante todo el ejercicio presente. Pese a que el Ejecutivo de Sánchez ya tiene hecho el proyecto de Presupuestos, los plazos se echan encima. Como muy pronto, las cuentas se presentarían en julio en el Congreso y, con agosto en medio, tras los tres meses de tramitación que entrañarían, no entrarían en vigor hasta noviembre. Es decir, de aprobarse las cuentas de 2019 con el actual calendario solo regirían dos meses este año.

A ello se le sumaría que durante la tramitación de las cuentas de 2019 las Cortes fijan prioridad para tramitarlas, por lo que podría haber solapamiento con las de 2020 si se quiere llegar a finales de septiembre para presentarlas a la Cámara Baja.

Precisamente, el año pasado por estas fechas fue cuando el Gobierno socialista subió al poder tras la moción de censura y prefirió aprobar en el Senado las cuentas que había dejado el Ejecutivo de Mariano Rajoy a preparar unas nuevas por lo avanzado del ejercicio. Entonces, eso sí, el músculo del PSOE era menor, ya que contaba con 84 diputados en el Congreso mientras que ahora tiene 123.

Pese a todo, a no ser que PSOE y Ciudadanos pacten –algo difícil ahora mismo– la otra opción de alianzas del Gobierno (Podemos, junto a los nacionalistas vascos) no ha cambiado tanto de cara a los apoyos presupuestarios. El proyecto fallido de las cuentas para 2019 contó con su respaldo, por lo que servirían de molde para las de 2020. Así, de hecho, lo recogió el Gobierno en el Programa de Estabilidad que remitió a la Comisión Europea dos días después de las elecciones del 28 de abril. En dicho documento postergaba de cara a Bruselas la subida de impuestos a 2020. El Ejecutivo planeaba elevar los ingresos en 5.654 millones de euros a través de la subida de impuestos a las rentas altas, grandes empresas, el diésel y los patrimonios.

De no haber Presupuestos en 2019 y prorrogarse, no se producirían los incrementos de IRPF y Sociedades este año, sino el próximo. Distinto destino puede apuntar la subida del impuesto al diésel, que podría tener cabida en la ley de Cambio Climático y Transición Energética. El Ejecutivo aprobó el anteproyecto en febrero pero las Cortes aún tenían pendiente tramitarlo. Esta subida al diésel reportaría 670 millones, según el Ejecutivo, aunque su tardía entrada reducirá estos ingresos.

Lo que sí irá en cuanto sea posible será la tasa a los servicios digitales y la de transacciones financieras para las que el Ejecutivo planea recaudar 1.200 y 850 millones respectivamente.

Objetivos de déficit

El Gobierno incluyó en el programa de Estabilidad para Bruselas una previsión de déficit del 2% del PIB para este año, del 1,1% de 2020, del 0,4% en 2021 y del 0% en 2022.

De esta forma, frente al anterior objetivo de déficit del 1,3% del PIB para este año, ahora pasará a serlo del 2%. Estas siete décimas adicionales se repartirán entre administraciones. Las comunidades autónomas, que antes tenían una meta del 0,1% de déficit, ahora pasarán a tenerla del 0,3%, dos décimas más; la Seguridad Social sumará tres décimas, del 0,9% anterior al 1,2%; por último, el Estado tendrá una meta del 0,5%, dos décimas adicionales frente al 0,3% precedente.

A diferencia de las dos ocasiones anteriores, el PSOE cuenta con mayoría en el Senado, por lo que podrá dar el visto bueno a estos nuevos objetivos.

Pese a ello, el Ejecutivo prevé realmente que las comunidades cerrarán con un desequilibrio del 0,1%. Ello se debe, parcialmente, a que siete comunidades (Andalucía, Aragón, Castilla–La Mancha, Castilla y León, Cataluña, País Vasco y La Rioja) han prorrogado sus cuentas, lo que contiene el gasto público: las propias cuentas de las regiones aprobadas prevén cerrar este año con un 0,2% de agujero.

A ello se le sumará que Hacienda tiene como asignatura pendiente aprobar que las comunidades reciban las entregas a cuenta de este año actualizadas con el aumento de la recaudación, después de que la Abogacía del Estado impidiera hacerlo por decreto-ley, lo que insuflará 9.000 millones de euros más que dejando prorrogado los anteriores planes.

Como fuere, desde Hacienda aseguran que no hay nada decidido y que corresponderá al Ejecutivo que se forme tras la investidura tomar la decisión sobre las cuentas de 2019. La Ley de Estabilidad recoge que el Gobierno debe aprobar el techo de gasto y la senda de déficit previo acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con las comunidades autónomas antes de que acabe junio. Sin embargo, tanto la formación del Ejecutivo central como el de las regiones tras los comicios pueden retrasar este trámite más allá de cuando establece la norma.