El Gobierno responde a Bruselas que no cambiará sus objetivos
A pesar de que le habían alertado que los planes que presentó el lunes le llevan al incumplimiento, mantiene que con más impuestos cumplirá
La carta que remitió el mismo viernes el Gobierno a la Comisión Europea no contiene los elementos que le reclamaba el Ejecutivo comunitario y se limita a reafirmar las tesis contenidas en el borrador de Presupuestos que ya había entregado el lunes pasado. El secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio, que firma la carta, insiste en las cifras de déficit y de esfuerzo estructural que ya han sido consideradas como insuficientes en la primera evaluación de la Comisión. No está claro si esta última carta sirve o no para cumplir formalmente con el requerimiento de la Comisión para que le sea enviada más información sobre un proyecto de Presupuestos digno de ese nombre o al menos algo lo más cercano posible a lo que se vaya a enviar al Parlamento, a pesar de que en su encabezamiento el Gobierno dice que ahora se trata de « informaciones que no estaban disponibles el lunes » y más adelante promete que enviará información adicional y datos de las decisiones relevantes que tome en los próximos meses.
La carta, el tono y su contenido, obligará a la Comisión a tomar una decisión política porque los factores técnicos están poco definidos y en todo caso no han cambiado nada respecto a los que ya han sido criticados por Bruselas . En distintas fuentes conocedoras de estas gestiones y de las relaciones entre la Comisión y los países del euro se comenta ya que esta actitud puede tener nefastas consecuencias en el proceso final. Hay quien cree que el único elemento favorable es que la actitud del Gobierno italiano es muchísimo peor, lo que convierte los problemas de España en relativamente menos graves, pero hay quien cree, al contrario, que tanto a los italianos, expertos en negociar en un terreno encharcado, como a la propia Comisión les podría convenir meter a España en el mismo paquete de incumplidores recalcitrantes para evitar una reacción demasiado nacionalista en la sociedad italiana. La actitud del Gobierno español de servirse de antemano el margen de flexibilidad del Pacto de Estabilidad ha irritado a más de uno en Bruselas.
La Comisión había reprochado al Gobierno que no le enviaba la información necesaria diciendo textualmente que «el borrador no contiene una imagen completa de las medidas que planea el Gobierno. Como sabe, las normas de sobre formato y contenido aplicables en la presentación del borrador presupuestario están recogidas en el Pacto de Estabilidad.
Facilitar toda la información
Por lo tanto, sería importante proporcionar a la Comisión toda la información necesaria sobre las diversas medidas, en particular lo que se refiere a su impacto presupuestario, con el fin de facilitar nuestra evaluación». En lugar de ello, el secretario general del Tesoro se limita a reiterar que la elaboración del Presupuesto se está llevando a cabo en «un ambiente particularmente complicado» y que el esfuerzo fiscal planeado «es el mayor desde 2013». Sin embargo, no habla de que todavía no se ha aprobado la senda de gasto , que es un paso preceptivo legalmente. Lo que sí advierte, de forma velada, es que en caso de que el Gobierno no lograse aprobar el Presupuesto de 2019, el resultado sería peor que con las cuentas que ha elaborado el Ejecutivo: un 2,2% de déficit y -por definición- ningún esfuerzo estructural. En su defensa, el Gobierno recuerda que el ajuste del 0,4% del Producto Interior Bruto está dentro «del margen de flexibilidad permitido». No es frecuente que sean los países los que se acojan a ese espacio intermedio que es lo que le permite a la Comisión modular sus decisiones para no tener que llegar automáticamente a la línea de las sanciones. Si el Gobierno cuenta ya con ese margen, en caso de desviación Bruselas no tendría más remedio que constatar un incumplimiento.
La carta menciona los dos decretos aprobados en el Consejo de Ministros del viernes sobre el impuesto a las tecnológicas y otro a las transacciones financieras y habla de las medidas para limitar los pagos en efectivo, lo que sirve para argumentar que demuestra «el compromiso del Gobierno a la hora de llevar a cabo las medidas necesarias para cumplir los ingresos previstos». Es decir, que el principal argumento de La Moncloa para garantizar el cumplimiento de las reglas del Pacto de Estabilidad es el incremento de la fiscalidad y la lucha contra el fraude .
El Gobierno tampoco aclara el impacto que tendrá la subida a 900 euros del salario mínimo interprofesional en las cuentas del Estado, pero promete hacerlo en el futuro, lo que deja abierta su interpretación a los técnicos de la Comisión , que tienen que elaborar a finales de noviembre las previsiones macroeconómicas para la economía de los países del euro.
Ese será el límite para el Gobierno de Sánchez para decidir si acepta prorrogar los actuales Presupuestos y si ha podido aprobar los que planea. La Comisión hace sus previsiones bajo la asunción de que no se producirán cambios políticos respecto a la situación de partida. Pero tal como están las cosas en España, ese puede ser bastante azaroso. La ausencia de cambios inesperados es probablemente lo más improbable para todos.
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