Fotos de archivo de Antonio Fornieles (i); Manuel Sánchez Ortega (c), y Felipe Benjumea (d)
Fotos de archivo de Antonio Fornieles (i); Manuel Sánchez Ortega (c), y Felipe Benjumea (d) - EFE

El fiscal pide cinco años de cárcel para Benjumea y cuatro para Ortega por las indemnizaciones en Abengoa

El Ministerio Público argumenta que los exdirectivos no tenían derecho a cobrar 11,4 y 4,5 millones porque siguieron vinculados a la empresa

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita cinco años de cárcel para el expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y 4 años y 3 meses para el exconsejero delegado de la empresa Manuel Sánchez Ortega por las indemnizaciones millonarias que cobraron en la energética. El Ministerio Público argumenta que los dos antiguos directivos no tenían derecho a cobrar los 11,4 y 4,5 millones de euros que se embolsaron en septiembre de 2015, porque no quedaron desvinculados de la compañía, la supuesta razón que justficaba los pagos. Tras este escrito, los empresarios se encuentran a un paso de que la juez del caso, Carmen Lamela, abra juicio oral y les siente en el banquillo de los acusados por el caso Abengoa.

El Ministerio Público pone el acento en la delicada situación económica que atravesaba la compañía cuando Benjumea y Sánchez Ortega cobraron estos pagos. «Cuando ambos cobraron tales cantidades la compañía ya atravesaba una grave crisis y se estaba a punto de negociar o se había negociado con los bancos financiadores y aseguradores la ampliación del capital de la sociedad», expresa el escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso ABC.

El fiscal del caso, José Perals, solicita también 3 años y 6 meses de prisión para el también expresidente de la entidad Antonio Fornieles, la misma condena que solicita para exconsejeras Mercedes Gracia y Alicia Velarde, que integraban y asistieron a la reunión de la Comisión de Nombramientos y retribuciones donde se acordó el pago de las indemnizaciones millonarias.

La juez Lamela cerró la investigación la semana pasada y concluyó que los pagos millonarios «no parecen acordes con los resultados empresariales de la sociedad» en aquel momento. Solo dos meses después de aprobarse los pagos, el 25 de noviembre de 2015, Abengoa presentó en los juzgados mercantiles una solicitud de preconcurso de acreedores que la colocó en una situación muy delicada. Las indemnizaciones a Benjumea y Sánchez Ortega las aprobó el 23 de septiembre la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que efectuó la propuesta ese mismo día al Consejo de Administración de la energética, ya en horas bajas.

El fiscal argumenta que los acusados encubrieron la salida voluntaria de Benjumea, quien no reunía los requisitos legales para merecer la indemnización millonaria, y asegura que el expresidente de Abengoa «no quedó desvinculado» de la entidad, ya que en el mismo Consejo que aprobó los pagos se le otorgó un contrato de asesoramiento con una retribución de 1,086 millones de euros.

«Ninguno de los dos (ni Benjumea ni Ortega) precisaba asegurarse una estabilidad económica tras la extinción del contrato», añade la Fiscalía, pues a ambos se les mantuvo la parte fija de la retribución que cobraron por sus altos cargos en la empresa energética.

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