Fedea avisa que el déficit de pensiones llegará a 21.000 millones en 2019
Dice que suprimir la reforma de pensiones podría exigir en el peor de los escenarios alzas de impuestos del 50% o recortes de prestaciones del 46%
Negros presagios para el sistema público de pensiones. La escalada del gasto y la supresión de medidas de control se traducirán en más déficit. Ayer fue Fedea quien lo advirtió y según sus cálculos suprimir los mecanismos de control del gasto incluidos en la reforma de 2013 y la ausencia de nuevos ingresos elevará los números rojos del sistema hasta 21.000 millones . Pronósticos que la fundación realiza en el actual momento del ciclo económico diseñado en las cuentas del año próximo, con un déficit público del 1,8% y una deuda pública que roza el 100% del PIB.
Las mayores subidas aplicadas este año han elevado la factura de las pensiones a cifras desconocidas, y el déficit del sistema público amenaza con escalar, de nuevo, hasta cantidades históricas este mismo año. Como ya informó ABC, las fuentes consultadas sitúan los números rojos del sistema en el entorno de los 19.500 millones.
¿Cuánto aguantará España esta situación de déficit sin que Bruselas dé un toque de atención al Gobierno y/o el mercado de deuda española empiece a verse afectado? Esta reflexión la puso ayer sobre la mesa el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente. Su pronóstico: «en uno o dos años, como mucho ».
Fedea presentó un documento elaborado por De la Fuente y los economistas e investigadores de la fundación, Miguel Ángel García y Alfonso Sánchez, en el que analizan cuáles serán las consecuencias de haber anulado los dos mecanismos de contención del gasto incluidos en la reforma de pensiones de 2013: el Índice de revalorización, que durante cinco años limitó las subidas de pensiones al 0,25%, y el Factor de Sostenibilidad, que hubiera ligado la pensión inicial a la esperanza de vida desde 2019.
Lo que analiza por tanto el trabajo es qué ocurrirá en el actual contexto de una revalorización ligada al IPC y obviando que en las próximas cuatro décadas los pensionistas vivirán una media de casi 26 años desde que se jubilan frente a los 21 años actuales. Y sin tener en cuenta que a partir de 2023 comenzarán a jubilarse los nacidos entre 1954 y 1975, la generación del «baby boom». Sobre esta base Fedea se plantea dos escenarios demográficos. El primero de ellos con la entrada neta anual de 300.000 o más inmigrantes hasta 2048 y, otro más optimista, con más de 300.000 inmigrantes de media pero con una mayor concentración en los primeros años.
En estos escenarios las proyecciones realizadas, en ausencia de otras medidas y sin la reforma de pensiones de 2013, apuntan a un incremento del gasto medio anual durante los próximos cincuenta años, dependiendo del flujo migratorio de entre 3 y 3,6 puntos de PIB (entre 30.000 y 40.000 millones año) que habría que sumar al déficit anual. Estas cantidades acumuladas con un tipo de interés un cuarto de punto superior a la inflación, situarían solo el déficit de la Seguridad Social en una cifra equivalente a entre el 125% y el 150% del PIB en 2070.
Las previsiones de Fedea son que para evitar la espiral de deuda que nos llevaría a una eventual suspensión de pagos, resultaría necesaria una elevada inyección de recursos al sistema, que habría que lograr o bien subiendo las cotizaciones o bien los impuestos. En el peor escenario del ciclo demográfico, en torno a 2050, auguran que este subida de cotizaciones o de impuestos debería ser de al menos el 50% respecto a los actuales . Creen que este alza sería injusta para las generaciones en activo en esos momentos ya que la financiación de las pensiones «llegaría a absorber entre un cuarto y un tercio de las rentas totales del trabajo, incluyendo a los autónomos».
Para los estudiosos de Fedea la mejor opción es que se mantengan en vigor al menos en parte los mecanismos de contención del gasto que se suprimirán el próximo ejercicio. Abogan también porque las pensiones mínimas se revaloricen conforme el IPC para garantizar la suficiencia del sistema, pero consideran que para el resto de pensiones habría que introducir una regla de actualización que fuese sensible a la evolución de la actividad económica y a la situación financiera del sistema, pero que fuese menos drástica que el ya suprimido Índice de Revalorización, por el que las pensiones han subido un 0,25% los últimos cinco años. Su apuesta es actualizar las prestaciones con un mecanismo que resultaría de aplicar el ratio de salud financiera del sistema (diferencia entre los ingresos por cotizaciones y los gastos en pensiones) sobre el IPC de cada año.
«No sería prudente derogar la reforma de 2013 sin un plan alternativo, claro y bien estudiado», advirtió el director ejecutivo de Fedea.
